La frontera entre México y Estados Unidos es una olla de presión. Cientos de inmigrantes han bloqueado este jueves el puente fronterizo que separa a Matamoros (Tamaulipas) de Brownsville (Texas) para exigir que se acelere la respuesta a sus solicitudes de asilo.
El mediodía se acerca y la estación de autobuses en esta localidad es un hervidero de actividad. Los comerciantes que viajan al centro de Venezuela suben a autobuses y los llenan de sacos de arroz, cajas de medicamentos, paquetes de pasta de dientes e incluso neumáticos que compraron en Colombia.
El gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro rechazó el domingo las acciones xenófobas y las agresiones desatadas contra algunos venezolanos en Perú y acusó a las autoridades peruanas de permitir y ejecutar varias de esas ofensas.
Un funcionario de la Organización de Estados Americanos pidió que los líderes de Latinoamérica otorguen a los más de cuatro millones de venezolanos que han abandonado su país la condición de refugiados en lugar de mantenerlos en sus naciones ilegalmente o con estatus migratorios temporales.
Hace un año se reunieron para ver cómo lidiaban con el creciente número de venezolanos que llegaban a sus países. El martes, varias naciones latinoamericanas volvieron a las Naciones Unidas para debatir el mismo problema, sólo que ahora lo describen como “de proporciones dantescas”.
Un total de 150 venezolanos que ingresaron sin documentos desde Ecuador a Perú fueron expulsados y devueltos al país vecino, informó el jueves la agencia migratoria.
Borrell se ha expresado así durante su presentación a su homólogo colombiano, Carlos Holmes Trujillo, en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el que la crisis de Venezuela ha ocupado buena parte del debate.
La mayoría de los venezolanos que han huido de la crisis social de su país a Colombia están más capacitados que los trabajadores locales, pero se les paga menos, dijo el martes el Gobierno.
Ambos líderes han mantenido este lunes una conversación telefónica que ha tenido ligar después de la reciente visita de Grandi a Brasil y Chile, dos de los países que han acogido a una buena parte de los ciudadanos venezolanos que han huido de su país.
El Gobierno del presidente Martín Vizcarra estableció el 15 de junio la exigencia del pasaporte con visa o visa humanitaria para los venezolanos, tras un aumento de las entradas de venezolanos, con unos 866,000 en el país, según cifras de la oficina local de migraciones.
El enviado de la ONU para la crisis migratoria venezolana, Eduardo Stein, ha reclamado "más atención" por parte de la comunidad internacional a una crisis que suma ya 4,3 millones de migrantes y refugiados y que "crece cada día" y "sin final a la vista".
El flujo de llegadas aumentó recientemente ya que muchos venezolanos intentaron cruzar Colombia para llegar a Ecuador antes de que entrara en vigor la necesidad de un visado humanitario para entrar en este país el lunes, señala Iriyama.
Decenas de venezolanos no lograron ingresar a Ecuador el lunes y se vieron forzados a regresar a Colombia luego de que entró en vigor la exigencia de visa impuesta por el gobierno.
Un enviado especial de Naciones Unidas advirtió el martes que la comunidad internacional no está haciendo lo suficiente para ayudar a países como Colombia a responder al éxodo masivo de venezolanos.
Más de 500 migrantes murieron en América en lo que va de 2019, alrededor de un 33% más que hace un año, dijo el viernes la agencia migratoria de Naciones Unidas.
El gobierno de México duplicó la detención de inmigrantes en los últimos tres meses, en coincidencia con las presiones del gobierno de Estados Unidos para frenar el éxodo de extranjeros desde Centroamérica.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, dijo el martes que no es optimista sobre una próxima solución a la desbordante migración venezolana en la región mientras no haya una solución política a la crisis generalizada que vive Venezuela.
Colombia otorgará la nacionalidad a más de 24,000 hijos de migrantes venezolanos nacidos en ese país, una medida humanitaria que resalta en medio del clima de endurecimiento de las políticas migratorias en otras partes del hemisferio.
Un proyecto de ley que busca proteger de la deportación a miles de venezolanos que actualmente viven en Estados Unidos se estancó el martes en el Senado, después de que la minoría demócrata instó a que la iniciativa fuera aprobada por unanimidad.
Nueve de cada diez venezolanos que residen en Perú quiere quedarse en el país y la mayoría de quienes pueden trabajar se encuentra ocupada laboralmente, según una encuesta realizada por la agencia estatal de estadística.
