En el barrio La Luz, cerca del centro de Managua, un grupo de mujeres corría tras un autobús. Por las ventanas del vehículo decenas de jóvenes saludaban efusivamente mientras, de ambos lados, se gritaban consignas que desafiaban al gobierno de Daniel Ortega.
En julio de 1968 terminaba mi bachillerato en un colegio católico con un profesor que fue soldado del dictador Francisco Franco. Los alumnos tuvimos que ir a recibir a Lyndon Johnson, presidente de Estados Unidos, que visitaba el país.
En 2015 se celebraron en Venezuela elecciones a la Asamblea Nacional, la cámara legislativa del país y sede de la soberanía nacional. La decepción con el régimen había ido aumentando y el país estaba ya sumido en una crisis que se agravaría aún más en los años siguientes.
El Gobierno de Daniel Ortega se comporta como un régimen corrupto y autocrático al que importan menos el bienestar y las libertades de los ciudadanos de Nicaragua que su propio poder, cuando se empeña incluso con violencia en impedir cualquier conato de oposición.
Quince minutos antes del mediodía del pasado 20 de abril, Álvaro Conrado Avendaño recibió en su móvil una fallada fatídica: un extraño le informaba de que su hijo, de 15 años, estaba herido de gravedad en un hospital de Managua.
El helicóptero lanzó la luz de bengala y las balas empezaron a caer sobre los miles de estudiantes reunidos el 2 de octubre de 1968 en la plaza de Tlatelolco, en la Ciudad de México. Quienes disparaban formaban parte de las fuerzas del Estado.
"La represión y las represalias contra los manifestantes prosiguen en Nicaragua, mientras el mundo aparta la vista", dijo el alto comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Zeid Ra'ad al Hussein, en un comunicado.
En sus 12 años como presidente del país más pobre de Sudamérica, Evo Morales cumplió con muchos de los objetivos que se fijó al convertirse en el primer indígena en liderar Bolivia.
De las once categorías de crímenes de lesa humanidad tipificados en el Estatuto de Roma, el panel de expertos identificó siete que fueron cometidos por el gobierno de Maduro. Citan más de 8 mil asesinatos y ejecuciones extrajudiciales cometido por fuerzas regulares y paramilitares.
En una conferencia en Miami la semana pasada, Juan Cruz, el director de asuntos del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, encaró al régimen venezolano de Nicolás Maduro.
Las protestas sociales que comenzaron el pasado 18 de abril en Nicaragua se extienden cada vez más y desafían abiertamente la continuidad de Daniel Ortega, en el poder desde 2007. Antes, ya lo estuvo entre 1981 y 1990.
Intentan centrar el debate político nacional en los límites a las armas a varios meses de las elecciones que renovarán la Cámara de Representantes, un tercio del Senado, además de la mayoría de gobernadores estatales.
La violencia profundiza una crisis de varios meses que ha estado marcada por la escasez de alimentos y medicinas, el colapso económico y los intentos de Maduro por consolidar su autoridad. En otros sistemas de gobierno esas presiones han obligado a las élites a generar cambios.
Hay muchas señales tangibles de lo que va a pasar: más de 500 muertos en una semana en bombardeos indiscriminados, ataques a hospitales y escuelas, las imágenes que llegan puntuales de la carnicería, con niños amortajados, y un asedio sin salida
