La Confederación Patronal de la República Mexicana hizo un llamado al Presidente de México, Enrique Peña Nieto para que atienda el tema de la inseguridad y violencia que aqueja al país ya que "la elección no es una excusa para dejar la gobernabilidad como una segunda prioridad en la agenda".
"La elección no es, no puede ser una excusa para dejar la gobernabilidad como una segunda prioridad en la agenda" aseguró en un comunicado Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex.
En su departamento de Ciudad de México, donde cumple prisión domiciliaria, la ex líder magisterial Elba Esther Gordillo Morales, revisa con su abogado las 24,000 fojas de su expediente judicial por tres delitos.
Los obispos mexicanos denunciaron la "corrupción, impunidad e ilegalidad" que generan más de 11 años de violencia rampante, así como "el robo, la opacidad y el despilfarro" que se registran en el país, a mes y medio de las presidenciales del 1 de julio.
La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, en 2014, volvió a enfrentar al gobierno de México y a la Organización de las Naciones Unidas, cuyo exrelator Juan Méndez lo calificó como un "caso envenenado".
La Cámara de Diputados de México eliminó hoy la figura judicial del arresto preventivo por considerar que se convirtió en una medida excepcional que tiene una enorme carga de arbitrariedad.
El caso de la desaparición de 43 estudiantes en 2014 dio un vuelco inesperado con la revelación de grabaciones de llamadas telefónicas en Estados Unidos según las cuales la cifra de víctimas sería mayor.
En un primer momento, la policía había respondido a la emergencia pensando que se trataba de un robo. Pero al acudir al local hallaron evidencia de un caso de violencia machista. "Hay dos personas lesionadas. Una con disparos en el abdomen y otra en la barbilla.
El informe de la ONU que denuncia que al menos 34 detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron torturados expone el "uso generalizado" de esta práctica en México, así como la manipulación de pruebas, señaló hoy Amnistía Internacional
Un país donde la desconfianza de los ciudadanos hacia esos policías y esos jueces sigue creciendo hasta el punto de que menos del 1% de los delitos son denunciados, y apenas el 3% de las investigaciones policiales acaban en sentencia.
El pacto de impunidad era simple. El narco financiaba las campañas de los políticos y los recién electos alcaldes no se metían con los criminales, además de que les pagaban derecho de piso. Esta es la acusación contra 11 ediles del Estado mexicano de Morelos.
Una Procuraduría General de la República sin la autonomía necesaria para investigar los grandes escándalos de corrupción. Y leyes pensadas para combatir el desvío de dinero público que no logran aplicarse en los Estados.
Estas listas fueron la esencia de un importante debate, resuelto esta semana en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un debate sobre la legalidad y, más aún, la constitucionalidad de la norma que las ampara, un artículo del Código Fiscal de la Federación.
"Si ustedes prometieron no dañar a las familias, éste es uno de los daños más grandes que puede existir después de no saber de nuestros seres amados", dijeron los autores del texto, difundido a través de los medios de comunicación.
Pemex no respondió a preguntas detalladas de Reuters sobre los cárteles y el robo de combustible. Reuters preguntó sobre el impacto de los cárteles en las refinerías, las medidas de seguridad de Pemex y cómo la empresa responde a la extorsión y la violencia contra sus empleados.
En junio del 2016 se acabó de instaurar esta normativa -acompañada de una inversión solo a nivel federal de unos 20,000 millones de pesos que el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, celebró como un logro decisivo para cambiar la cara de la justicia en el país.
Los funcionarios y ex funcionarios corren el riesgo de ser condenados hasta a 10 años de prisión, pero lo importante es que se sienta un precedente para que otras administraciones locales "pongan sus barbas a remojar" y se apresuren a cumplir los veredictos de la Corte.
Dos fosas clandestinas con al menos 20 cuerpos en un paraje del estado occidental de Nayarit, uno de los escenarios de la violencia que sacude al país en los últimos 11 años y se estima que podría tratarse de víctimas del crimen organizado.
Cuando le preguntamos a los ciudadanos y funcionarios de Neza cómo lo habían logrado, todos mencionaron a Jorge Amador, el jefe de la policía y quien parece que llegó al trabajo de casualidad después de haberse perdido camino a una reunión de profesores universitarios.
El crimen en México le está costando muy caro a los empresarios, que se quejan de haber perdido el equivalente a unos 2,100 millones de dólares en 2017 solo para prevenirse contra la delincuencia o por dinero que dejaron de ganar debido a la ola de robos, asaltos y extorsiones.
