El lector extranjero pensará que es ridículo destituir a un presidente cuando solo faltan cinco meses para las elecciones generales, pero en el sistema peruano lo ilógico sería no hacerlo. Es una política de carteristas. Y bajo las reglas del carterismo, Vizcarra ha aceptado su expulsión.
El gobierno de Martín Vizcarra –arribado al cargo hace dos años en razón de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, en medio de los escándalos de la empresa Odebrecht– ha actuado bastante más rápida y organizadamente que la mayor parte de los gobiernos de la región.
La crisis venezolana ya ha expulsado a más de 4 millones de personas, la mayor parte en los últimos dos años. El destino: básicamente Latinoamérica en una lista encabezada por Colombia (1,5 millones aproximadamente.), Perú (850,000) y Chile (300,000). Y no hay señales que esto parará.
El caso Lava Jato tiene jaqueada a toda la clase política peruana. El expresidente Alejandro Toledo está prófugo en los Estados Unidos, sometido a un proceso de extradición por un soborno de más de 35 millones de dólares para la adjudicación de la carretera Interoceánica Sur.
Cuando hace justo cinco años, gracias a la Operación Lava Jato, los brasileños empezaban a enterarse del monumental escándalo de corrupción que se había instalado dentro de la estatal Petrobras pocos intuían que lo peor estaba por llegar.
La frase, o el modo teatral en que era esgrimida, logró cierto golpe de efecto: García fue reelegido en 2006 por el mismo pueblo que en su día juró nunca volver a darle una oportunidad.
Tuvieron que pasar 17 días desde que el expresidente Alan García ingresó a escondidas en la embajada de Uruguay para pedir asilo diplomático, hasta que el gobierno de Tabaré Vásquez anunció que se lo negaba.
En los casi doscientos años de turbulenta historia peruana hubo apenas tres precedentes de destitución del presidente por el Congreso y solo uno por la causa que el pasado diciembre se esgrimió para la vacancia: incapacidad moral permanente.
Dos países de la Patria Grande, próximos a su entorno porteño, de raigambre católica. Un viaje que, de entrada, parece de color de rosas, pero que encierra al menos seis espinas. Para repartirlas por igual entre ambos países, tres en cada uno y un par de codas.
A los conocidos lemas de repudio al indulto ante la gravedad de los crímenes de lesa humanidad por los que fue condenado Fujimori, se sumaron condenas a Kuczynski y pedidos de que sea vacado, así como condenas a lo que consideran un pacto oculto entre el mandatario y el fujimorismo.
"Los señores Figari y Ana Hertz de Vega han conspirado por años, sistemáticamente, contra la libertad de @AlbertoFujimori. Hoy, ambos en la sombra continúan atentando contra la gobernabilidad del país. Ellos son el problema. Reconciliación = Reestructuración", escribía.
