Un tribunal alemán determinó este jueves que Carles Puigdemont, el exlíder catalán requerido por España, no puede ser extraditado por los cargos de rebelión que pesan en su contra y puede salir de prisión bajo fianza; todavía hay un fallo pendiente sobre la posible extradición con un cargo menor.
El abogado de derechos humanos Aamer Anwar dijo que la audiencia para analizar la extradición, que comenzará la semana próxima, debería cuestionar si el sistema judicial español se ha liberado verdaderamente del control estatal ejercido durante la dictadura de Francisco Franco.
Las tensiones se incrementaron el mes pasado por el envenenamiento del exespía ruso Serguei Skripal en Gran Bretaña, lo que provocó expulsiones masivas de diplomáticos por parte de las naciones occidentales y el Kremlin.
Las tensiones se incrementaron el mes pasado tras el envenenamiento del exespía ruso Serguei Skripal en Gran Bretaña, lo que provocó expulsiones masivas de diplomáticos por parte de las naciones occidentales y el Kremlin.
Puigdemont está en prisión preventiva a la espera de que la Audiencia Territorial de Schleswig (Alemania) resuelva su caso. La Fiscalía alemana se manifestó hoy favorable a que se tramite la entrega a España y, mientras tanto, siga encarcelado por riesgo de fuga.
Resultado de una fusión entre militantes del Partido Demócrata Europeo Catalán (derecha catalana) e independientes, Junts per Catalunya fue la lista con la que se presentó el líder secesionista a las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre.
Junto a otros 12 líderes secesionistas, el otrora mandatario regional fue imputado por el Tribunal Supremo español de rebelión, delito castigado con hasta 30 años de cárcel, por promover la fallida declaración unilateral de independencia de Cataluña, el 27 de octubre de 2017.
La propuesta fue aprobada con los votos de los legisladores catalanes independentistas, pero esto no supondrá ningún cambio en el escenario político de Cataluña, donde más de tres meses después de las elecciones de diciembre aún no hay un gobierno en la rica región.
El gobierno español consideró una "buena noticia" la detención de Puigdemont, dijo la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. La vicepresidenta comentó en relación a los dirigentes independentistas que "no pueden hablar de democracia quienes no la respetan" y pidió que "se respeten las leyes.
Las manifestaciones, a veces con disturbios, los cortes de carretera y las pintadas en edificios oficiales se multiplicaron los últimos días en esta región española para protestar contra el encarcelamiento de líderes separatistas y la detención del huido expresidente regional Carles Puigdemont.
La ministra de Justicia, Katarina Barley, del Partido Socialdemócrata de Alemania, se contuvo en sus propias valoraciones, destacando el papel de las autoridades jurídicas en el Estado federado de Schleswig-Holstein, donde Puigdemont se encuentra detenido desde ayer.
En un comunicado, la agrupación liderada por el diputado nacional Alberto Garzón acusó al gobierno conservador de Mariano Rajoy de convertir el conflicto territorial en esa región del noreste del país en un problema penal, a través de una salida represiva.
Puigdemont fue elegido diputado regional en las elecciones del 21 de diciembre pasado convocadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para devolver la legalidad a Cataluña, aunque el 1 de marzo renunció "provisionalmente" a ser candidato a su reelección como presidente.
Las protestas se recrudecieron tras la decisión del Tribunal Supremo español de procesar el viernes a 25 políticos catalanes por delitos que incluyen rebelión, desobediencia y malversación de fondos públicos, además de enviar a prisión preventiva a varios ex altos cargos del gobierno regional.
El juez también solicitó que 14 miembros de la anterior administración regional de Cataluña paguen una multa de 2,1 millones de euros (2,59 millones de dólares) para devolver el dinero utilizado para celebrar el referéndum ilegal del 1 de octubre y cubrir los costos judiciales.
La iniciativa se popularizó justo después de las elecciones regionales del 21 de diciembre, que dieron mayoría absoluta a los independentistas aunque sin disponer de mayoría de votos, y cuajó con su mensaje satírico en un segmento importante de esta región con 7,5 millones de habitantes.
Las principales fuerzas independentistas de Cataluña discrepan sobre quién deber ser el candidato a presidir esta región española, después de que Carles Puigdemont, huido en Bélgica, haya renunciado "provisionalmente" a serlo y propusiera al diputado Jordi Sánchez, en prisión preventiva.
"Kiev ha confirmado definitivamente su objetivo de resolver por la fuerza el conflicto. Al promulgar esa ley, Poroshenko ha tachado de facto los Acuerdos de Minsk y ha desatado las manos al 'partido de la guerra", señala un comunicado difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.
La dirigente del partido independentista catalán Candidatura de Unidad Popular estaba convocada el miércoles por el Tribunal Supremo en Madrid, y corría el riesgo de ser puesta en prisión preventiva al igual que otros cuatro separatistas encarcelados desde hace más de tres meses.
El letrado se dirigió a la prensa a las puertas de la casa alquilada en Waterloo (sur del país), donde Puigdemont hoy se ha reunido con los otros cuatro exconsejeros a los que reclama la Justicia española (Lluis Puig y Clara Ponsatí, de JxC, y Toni Comín y Meritxell Serret, de ERC).
