El pasado miércoles, el presidente de Iberdrola, el mayor productor privado de energía en México, anunció que descartaban nuevas inversiones en el país por los obstáculos del Gobierno. “Si dicen que no inviertan empresas estratégicas, no lo haremos”, dijo Ignacio Sánchez Galán.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido aumentar la producción de hidrocarburos de Pemex, mientras rechaza las peticiones del sector privado para retomar las licitaciones de contratos de exploración y extracción que se hicieron en el Gobierno previo por una reforma energética.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador frenó las licitaciones petroleras iniciadas por su predecesor al asegurar que los más de 100 contratos otorgados para exploración y producción de hidrocarburos no han cumplido con las metas prometidas con la reforma energética del 2014.
Una cuarentena de legisladores de Estados Unidos han incrementado la presión sobre su presidente, Donald Trump, para que busque una solución a los esfuerzos del Gobierno mexicano por limitar la participación privada en el sector energético, argumentando que se está socavando el espíritu del T-Mec.
Firmada por 43 legisladores de los partidos Republicano y Demócrata, muchos de ellos de estados con sectores energéticos poderosos, la misiva señala que las acciones de López Obrador y su gobierno afectan miles de millones de dólares de inversión estadounidense en México.
López Obrador ha comenzado su defensa del rescate a Pemex y CFE con un ataque al “período neoliberal”: “El propósito era dejarle el mercado de los energéticos al sector privado, tanto nacional como extranjero y esto implicaba menguar, socavar, destruir, acabar con Pemex y con la CFE”.
Las modificaciones en el sector eléctrico, aunados a cambios ordenados hace unos días por el regulador energético CRE para restringir la asociación de empresas bajo la figura de autoabastecimiento eléctrico,se dan en medio de una abierta política del gobierno mexicano por favorecer a Pemex y la CFE
Pemex es la petrolera más endeudada del mundo con cerca de 108,000 millones de dólares en deuda. Si bien esta colocación no aumenta la totalidad de su deuda, los nuevos bonos sí aumentan el pago por el servicio de la deuda, asegura Gonzali.
El gobierno y el sector empresarial de México lanzaron el lunes un esperado plan de inversiones, por cerca de 14,000 millones de dólares en proyectos de infraestructura y energía, para tratar de dinamizar la maltrecha economía.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el jueves que buscará revertir la reforma energética constitucional realizada en el Gobierno anterior si no logra fortalecer con el marco legal actual a las empresas estatales del sector: la petrolera Pemex y la de electricidad CFE.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió el martes a reguladores ayudarlo en su empeño por fortalecer a las estatales Pemex y CFE utilizando el actual marco legal, pero en caso de ser necesario promovería una reforma energética tras los comicios legislativos del próximo año.
En 2018, la agencia Fitch Ratings cambió su perspectiva para el país de estable a negativa, argumentando que el entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, representaba un deterioro en la balanza de riesgos, ya que sus políticas traerían más incertidumbre.
El Comarnat, un comité ambiental encargado de decidir al respecto y donde participa el Gobierno y representantes de la industria, avaló que puedan convivir hasta diciembre de 2021 motores que usan diésel de 500 partes por millón (ppm) de azufre, o “sucio”, y tecnologías nuevas de diésel de 15 ppm.
El sexenio empezó con el compromiso de “rescatar” a Pemex, la petrolera más endeudada del mundo: una meta de 2,4 millones de barriles diarios para finales de la Administración y la construcción de la primera refinería en cuatro décadas.
La prórroga fue solicitada en agosto por la propia compañía a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que en abril le había autorizado suministrar diésel de 500 partes por millón (ppm), o “sucio”, hasta la semana pasada en zonas de influencia de ultra bajo azufre.
Una sociedad liderada por la brasileña Braskem está en conversaciones con la mexicana Pemex sobre el futuro de un contrato de suministro de etano a 20 años que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha calificado como “leonino” y le ha costado al erario millones de dólares.
México enfrenta un complicado acto de equilibrio en su presupuesto para 2021: revivir una economía severamente golpeada por la pandemia de coronavirus mientras se apega a las promesas de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La administración del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, fijó entre sus metas un tope del 70% para la deuda bruta del país como porcentaje del Producto Interno Bruto, un nivel que, según expertos, refleja el deterioro económico y que de alcanzarse podría impactar a la nota soberana.
La formalización del desarrollo Etileno XXI se hizo ante la presencia de Luiz Inácio Lula da Silva, en ese entonces presidente de Brasil, y de Felipe Calderón en febrero de 2010. El complejo arrancó operaciones en Veracruz en junio de 2016, durante el Gobierno priista de Enrique Peña Nieto.
Dentro de los planteamientos presentados se pretenden cambios a la Ley de Pemex “con la finalidad de reforzar su papel rector o de liderazgo en el mercado” y a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos “con objeto de aliviar la situación fiscal de Pemex y (...) mejorar su posición financiera”.
