El informe presentado ante las Naciones Unidas por la Misión Internacional Independiente sobre Venezuela (FFM, por su sigla en inglés) le ha dado a la fiscala de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, una oportunidad de oro para saldar su deuda con Venezuela...
La declaración del ex director general de Pemex Emilio Lozoya ante un fiscal de México es una de las pocas pruebas nítidas que evidencian la corrupción sistémica que ha asolado en los últimos años a ese país, especialmente durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
El ranking sitúa a Tailandia como el peor alumno y coloca a cuatro países latinoamericanos entre los diez últimos. Además de México, la lista incluye a Honduras, en segundo lugar, Paraguay y Guyana. Entre los mejor puntuados dominan los europeos, con Eslovenia a la cabeza.
El juicio a un exjefe de Pemex amenaza con exponer años de supuesta malas prácticas en la compañía petrolera estatal y proporcionar un respaldo para que el presidente de México ponga cara a la corrupción gubernamental que ha prometido limpiar.
Entre las fallas más recurrentes con las que se encuentran los magistrados consultados en las audiencias y que acaban resolviendo con una absolución destacan las detenciones arbitrarias, sin delito flagrante (demostrado) ni una orden judicial; los cateos o inspecciones en domicilios sin una orden.
Bosco Ntaganda, exlíder rebelde congoleño, fue sentenciado hace pocos meses por la Corte Penal Internacional a 30 años de prisión después de ser hallado culpable de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Las huestes seguidoras de Ntaganda habían llevado a cabo terribles masacres contra civiles...
Han pasado 15 meses desde la llegada de López Obrador a la presidencia y casi el mismo tiempo desde que instaló la Comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa.
Bajo cualquier tipo de medición, las tasas de impunidad en México son escandalosas. Dejando de lado márgenes o ajustes, están alrededor del 95%. Quien comete un delito, tiene pocas probabilidades de ser detenido, menos de ser procesado y, aún menos, de ir a prisión.
Cada país tiene sus misterios. Sobre Argentina planea desde hace cinco años el del fiscal Alberto Nisman, hallado muerto en el baño de su apartamento la noche del domingo 18 de enero de 2015, con un tiro en la cabeza.
En la esencia de la aspiración democrática de ejercer el poder público se anida el conjunto de propuestas sobre lo que se desea hacer.
Hace unos días, Human Rights Watch (HRW) presentó el Informe Mundial 2020 sobre la práctica de derechos humanos en el mundo. Se trata de la trigésima edición de uno de los estudios más importantes para valorar las condiciones de respeto y protección en esa materia por prácticamente cien países.
A finales del año que acaba de terminar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un importante informe con el título que lleva esta columna. Por los muchos aconteceres de esos días, el mismo no recibió la atención que merece.
Los padres abrazaban a sus hijos tras las puertas cerradas de las guarderías, mientras los disparos resonaban en las calles. Hombres con rifles Kalashnikov y camiones incendiados bloquearon las principales carreteras y los accesos al aeropuerto.
Recientemente se ha suscitado un sobresalto político en ocasión de numerosos amparos que han sido promovidos para evitar la presunta violación de diversas normas jurídicas, a raíz de la contrucción del aeropuerto de Santa Lucía y otras obras emblemáticas del actual gobierno.
La inseguridad nos sale muy cara. En América Latina y el Caribe, el crimen cuesta cada año un 3.5% del PIB regional. Eso es, aproximadamente, la misma cantidad que invertimos en infraestructura esencial como carreteras, aeropuertos u hospitales. También es la mitad del gasto en salud o educación.
Una investigación de más de dos meses realizada por los reporteros de Eje Central, María Idalia Gómez y Jonathan Nácar, revela que un total de 27 celulares atribuidos a normalistas, continuaron operando seis semanas después de que fueron atacados en Iguala.
La iniciativa establece que podrán ser liberados siempre y cuando los sujetos no sean reincidentes, no hayan estado sentenciados por lesiones, homicidio o secuestro, y no haber usado armas de fuego en el delito que se le imputa.
La Ley de Amnistía presentada por el Presidente Andrés Manuel el pasado 15 de septiembre es una muestra más de algunas de sus estrategias que —con frecuencia— suelen tener más un efecto simbólico que práctico. Las mujeres acusadas por el delito de aborto se verían beneficiarias con la misma.
Uno de los detalles que se conoce de la ley de amnistía es que tiene como objetivo a indígenas que hayan sufrido procesos judiciales irregulares y personas que trasladaron pequeñas cantidades de droga, conocidas popularmente como mulas. No incluiría delitos de gravedad como los homicidios.
El Estado moderno tiene el “monopolio de la violencia”, dijo Max Weber. Por supuesto, me refiero a la violencia o a la fuerza legítimas, o puesto de otro modo, al despliegue racional de aquéllas para proteger los bienes y derechos de los ciudadanos.
