El proyecto de Almaden Mineral en Ixtacamaxtitlán, un municipio con 126 comunidades de la parte más alta de sierra norte de Puebla, tiene unas reservas millonarias de oro y plata y, según la web de la compañía, su valor neto actual se estima en unos 310 millones de dólares.
"El régimen establecido por el artículo 27 constitucional sobre los minerales propiedad de la Nación es claro en establecer la potestad exclusiva de la Federación para aplicar las modalidades que resulten necesarias para el aprovechamiento de los recursos minerales", determinó la SCJN.
La Suprema Corte de Justicia de México suspendió parcialmente el martes el acuerdo sobre los proyectos y obras de infraestructura del gobierno federal al frenar lo relativo al blindaje de la reserva de información.
“Nosotros creemos que la mayoría se va a quedar en el ruido político y muy poco se va a convertir en riesgo, porque no tiene el músculo político para hacer estas cosas que quiere hacer. Creemos que el ruido va a continuar en los próximos tres años, pero poco de eso se va a concretar”, dice Gonzali.
Desde la Secretaría de Hacienda y como encargada del manejo de las inversiones públicas “ha actuado con mucha responsabilidad para no gastar por gastar” y a ella se debe “que tengamos estabilidad financiera, el que no se haya recurrido a deuda adicional”, afirmó el presidente.
El mandatario no aclaró si es la misma propuesta que hizo el 15 de junio, tras las elecciones en las que su alianza de partidos perdió la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, de una reforma constitucional que "fortalezca" a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa del Estado.
En su plan de negocios, la empresa del Estado estipuló 381.544 millones de pesos (unos 19.077 millones de dólares) en proyectos de inversión hacia 2025, con 53 % del monto destinado a la generación de electricidad, en la que destacan seis nuevas centrales de ciclo combinado.
Sin embargo, el juez no suspendió una de las partes más controvertidas, la que permite a la Secretaría de Energía (Sener) tomar el control de instalaciones privadas que representen un "peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional".
La investigación se anuncia después de promulgarse, el 9 de marzo, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que elimina el criterio económico para despachar primero las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE sobre las centrales privadas de renovables y ciclo combinado.
También ordena revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del Gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.
La polémica reforma eléctrica mexicana, que obstaculiza la actividad de las empresas de renovables y extranjeras y que ha sido suspendida por el Poder Judicial, aplazaría indefinidamente hasta 4,000 millones de dólares anuales de futuras inversiones en energía limpia.
Senadores de los partidos de oposición presentaron este jueves una acción de inconstitucionalidad en contra de las modificaciones que hizo el Congreso mexicano a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
La nueva ley ha sido desafiada en tribunales por empresas inconformes, que han recibido suspensiones provisionales contra la nueva norma, lo que ha molestado al mandatario, quien aseveró que, hasta grandes empresas, como el panificador Grupo Bimbo y la minorista Walmart de México se han amparado.
El “amigo de la corte” es una figura que es empleada para permitir “que quienes no se encuentran legitimados procesalmente para intervenir en los procesos, pero que tienen interés en el tema controvertido, puedan expresar sus puntos de vista ante el tribunal”, refiere el auto emitido por el juez.
"Yo estoy seguro que es constitucional la reforma eléctrica, pero si los jueces y ministros determinan que es inconstitucional y no puede proceder, enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución", aseguró el mandatario en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.
Como muestran los expedientes 118/2021 y 119/2021, la Sener impugnó los acuerdos del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica otorgados la semana pasada a favor de Eoliatec del Pacífico y el Parque Solar Orejana de Zuma Energía.
La ley, parte del intento de López Obrador por devolver a las empresas estatales de energía de México el dominio sobre el sector privado, busca proteger a la eléctrica estatal del país. Prioriza el uso de su energía sobre la electricidad producida por empresas privadas de renovables.
Rodrigo de la Peza, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, concedió un número aún indeterminado de suspensiones provisionales tras amparos presentados por compañías afectadas, pero con efectos para todo el sector.
El mandatario informó que envió una carta a Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, sobre la actuación del juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien concedió un amparo a varias empresas eléctricas privadas para frenar la reforma.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció el lunes que solicitó al Poder Judicial que investigue al juez que frenó la entrada en vigor de una nueva ley que da ventaja a la generación estatal de electricidad sobre las plantas privadas de energías renovables o de gas natural...
