Una coalición de estados conservadores de Estados Unidos ha iniciado un nuevo esfuerzo para mantener en pie una ley aplicada bajo la presidencia de Donald Trump que permitía rechazar solicitudes de asilo en la frontera sur por razones de salud pública.
“El gobierno dominicano jamás hubiera imaginado insinuaciones tan graves sobre nuestro país”, escribió el Ministerio. “Mucho menos de un aliado que ha sido sujeto de numerosas acusaciones de trato xenófobo y racista a migrantes, e inclusive a sectores de su propia población”.
Un grupo de más de 350 migrantes abandonados es descubierto en un campamento clandestino en una zona montañosa del sur de México donde esperaban para cruzar la frontera con Estados Unidos. Entre los indocumentados había niños y mujeres y al menos siete nacionalidades de América Latina.
La agencia federal y los representantes consulares consideran que es de suma importancia que el mensaje llegue a los migrantes y sus familiares ante el aumento del flujo migratorio y el récord en el número de muertes registradas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
Más de 164,800 salvadoreños, hondureños y guatemaltecos fueron deportados, principalmente desde Estados Unidos y México, entre enero y septiembre pasado, un 93,5 % más que en 2021, según datos de la Organización Internacional para la Migraciones (OIM) consultados este viernes por EFE.
"Este periodo de transición es crítico para asegurar que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pueda continuar su misión de mantener la frontera segura y llevar a cabo las operaciones fronterizas de manera ordenada", escribió el juez en la orden.
Las autoridades de seguridad y migración de México han reforzado sus patrullas, puntos de revisión y operativos en el sur del país desde que Estados Unidos comenzó a expulsar a migrantes venezolanos el mes pasado.
“El anhelo que todos tenemos es pasar, el frío es bastante fuerte y nos toca aguantar. Cuando uno sale de su casa se arriesga a lo que sea para un mejor futuro de sus hijos. Yo no voy a cruzar hasta que sea algo oficial, mi familia y yo tenemos la fe en que Dios no nos va a desamparar", dijo.
Un juez federal ordenó el martes al gobierno del presidente Joe Biden levantar las restricciones al asilo impuestas durante la presidencia de su predecesor, las cuales han sido la piedra angular de la seguridad fronteriza desde el inicio de la pandemia de COVID-19.
Grupos defensores de los migrantes han presionado intensamente por ponerle fin al Título 42, pero demócratas más moderados como los senadores federales Mark Kelly, por Arizona, y Raphael Warnock, por Georgia, querían que se mantuviera la medida cuando el gobierno intentó retirarla en mayo.
Así como "el flujo de venezolanos ha disminuido considerablemente (...) hay otras nacionalidades que estamos viendo que están aumentando, por ejemplo, Haití y Ecuador, y estamos muy pendientes de eso", afirmó el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, el pasado 3 de noviembre.
Uno de estos casos es el del venezolano Adrián Cázares, de 23 años de edad y procedente de Maracaibo, de donde emprendió un viaje por tierra a Estados Unidos que se interrumpió con las restricciones que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) anunció el 12 de octubre.
Por esta ciudad fronteriza deambulan grupos de migrantes buscando asesoría legal y apoyos en las distintas asociaciones, cargando consigo lo que para ellos fue una injusticia por parte del Gobierno estadounidense que empezó a expulsarlos antes de que entrara en vigor el decreto.
"Según el anuncio, el USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos), estaría extendiendo la validez de los permisos de trabajo de los beneficiarios salvadoreños por 18 meses más, es decir hasta el 30 de junio de 2024", escribió Mayorga en su cuenta de Twitter.
La directriz debería brindar acceso a la atención médica para las jóvenes migrantes que llegan al país sin compañía de un adulto y que en muchos casos están huyendo de la violencia, incluyendo agresiones sexuales, declaró la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés).
Türk extendió ese llamado a otros países de la región. Estados Unidos también ha seguido aplicando mano dura contra la migración de haitianos a pesar de que el gobierno del presidente Joe Biden ha expresado preocupación por la situación humanitaria en Haití.
Activistas a favor de los inmigrantes llevan años pidiendo al Congreso estadounidense que apruebe una reforma migratoria que incluya a los beneficiarios del TPS, quienes piden una residencia permanente en lugar de un estatus temporal que debe extenderse cada varios meses.
El venezolano Denis Sánchez, quien había entrado a Estados Unidos por la frontera de Mexicali, en Baja California, contó que las autoridades estadounidenses lo interceptaron a él y al resto de un grupo de migrantes, pasaron una noche encerrados y al siguiente día los expulsaron.
“Nosotros estamos en Tapachula, esperando que (el presidente de EU,) Joe Biden, derogue su Título 42 que expulsa a los venezolanos de Estados Unidos, para ver si logramos subir para poder cumplir la meta que siempre hemos tenido es llegar a los Estados Unidos”, expuso.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio este viernes al gobierno de EU un plazo de 30 días para responder con argumentos y pruebas a una denuncia por la muerte en 2010 del inmigrante mexicano Anastasio Hernández Rojase a manos de la Patrulla Fronteriza en San Diego.
