El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado que asignará 50,000 millones de pesos –unos 2,500 millones de dólares– adicionales al presupuesto de la Guardia Nacional en los próximos dos años.
Las integrantes de un grupo de voluntarias que buscan los cadáveres de familiares asesinados están empezando a ser blanco de los asesinos, un giro que pone a prueba las promesas del gobierno de ayudarlas a recibir el consuelo de poder enterrar a las víctimas.
El ataque desató un enfrentamiento con la Policía local, por lo que seis comercios más fueron baleados e incendiados con bombas “molotov” por los supuestos delincuentes, quienes en su huida tomaron por la fuerza dos tractocamiones y una camioneta a los que prendieron fuego para bloquear carreteras
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas, compuesta por más de 1,300 publicaciones del hemisferio occidental y con sede en Miami (EU).
“Entramos no para atacar al pueblo, sino para expulsar a los sicarios y a los narcotraficantes”, se lee en el comunicado. “Una vez que esté libre de sicarios y narcotraficantes, nosotros como autodefensas del pueblo nos retiramos porque no buscamos el poder ni el dinero para nosotros”.
Otro grupo indefinido de habitantes armados surgió en México el fin de semana, cuando cerca de 100 vigilantes con fusiles, escopetas y machetes escenificaron un ejercicio público en el estado de Chiapas en el sur del país.
El gobierno de México informó el lunes que 68 defensores de los derechos humanos y activistas ambientales han sido asesinados durante la actual administración, al igual que 43 periodistas.
Además de estos funcionarios, la fiscalía de Tamaulipas detuvo en febrero y vinculó a proceso a una docena de policías estatales del Grupo de Operaciones Especiales —una unidad vinculada a varios casos de abusos— por homicidio, abuso de autoridad y falso testimonio.
El Instituto Nacional mexicano de los Pueblos Indígenas condenó el miércoles los asesinatos esta semana de dos activistas de la comunidad triqui.
Ocho personas fueron detenidas por su presunta relación con los ataques ocurridos en la ciudad fronteriza de Reynosa, limítrofe con Texas, informaron el domingo las autoridades del norte de México, con lo que se eleva a 13 la cifra de detenidos por el caso.
México se vio sacudido hace casi una semana por ataques armados a manos de organizaciones criminales en la ciudad de Reynosa del estado norteño de Tamaulipas, cerca de la frontera con Estados Unidos, que dejaron 19 fallecidos, entre ellos 15 civiles y cuatro presuntos delincuentes.
Dos hombres fueron asesinados y un tercero resultó herido el jueves en una balacera en una playa de Tulum, un balneario en el Caribe mexicano.
Cuando en marzo a los habitantes de Fresnillo (Zacatecas) se les preguntó si se sentían seguros en su municipio, la inmensa mayoría dijo que no. Las cifras mostraban el efecto en la población de los vídeos de ejecuciones, los hombres ahorcados en puentes y las amenazas del narco.
Maki Esther Ortiz, alcaldesa de Reynosa, la ciudad más grande de Tamaulipas y epicentro industrial del estado, pidió a los gobiernos federales y estatales que esclarezcan cuanto antes los sucesos del fin de semana y que protejan al municipio ya que ellos no cuentan con policía local.
Dos periodistas fueron asesinados en México en las últimas 24 horas, incluido uno que había pedido protección y no se la dieron, informaron las autoridades.
Al menos dos periodistas han desaparecido este año en el estado fronterizo de Sonora, en el norte de México, y en mayo el periodista Benjamín Morales Hernández, fundador de un sitio web de noticias, fue secuestrado y asesinado en Sonora.
Los ataques contra políticos continuaron en México después de las elecciones del pasado domingo con el asesinato del alcalde de un municipio situado a 70 kilómetros al norte de la capital, informaron las autoridades.
A sus rivales les habían pintado bigote, perilla y algunos cuernos. A él, un lazo negro y un mensaje: descanse en paz. Una frase que en otro país, en plena campaña electoral, puede resultar una broma macabra, pero en México estos días significa una sentencia de muerte real.
La secretaria de Gobernación de México aseguró el jueves que los ataques en los que han muerto 35 candidatos o aspirantes a nominaciones, y las amenazas que han sufrido otros, no están relacionados en su mayoría con los comicios del domingo.
Marilú Martínez Núñez, candidata de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Cutzamala de Pinzón, un pequeño pueblo de Guerrero, fue secuestrada la noche del martes en su casa junto al resto de su familia. Según ha denunciado la dirigencia estatal del partido, alrededor de las 10 de la noche...
