Tras Bambalinas
Caso Ayotzinapa: ¿López Obrador está protegiendo al Ejército?
John Gibler | The Washinton Post
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha apostado en gran medida la legitimidad de su gobierno en la resolución y judicialización del caso Ayotzinapa. Hasta el momento, ese es el único crimen de Estado y caso de desaparición forzada —de los más de 105,000 que existen en México— que cuenta con un compromiso explícito de resolución, una comisión de la verdad y un fiscal especial.
Después de los ataques de 2014 contra los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto hizo todo lo que estaba a su alcance —mentir, torturar, destruir y sembrar pruebas, alterar las escenas del crimen y utilizar el malware espía Pegasus— para hacer imposible encontrar a las personas desaparecidas, documentar los ataques y saber la verdad. También obligó a las familias de los estudiantes a imaginar una historia espeluznante que nunca ocurrió: los cuerpos de todos sus hijos apilados e incinerados en el basurero al aire libre de Cocula.
¿Por qué habrían hecho tantos esfuerzos, con tanta crueldad, para encubrir la participación del Estado en los ataques, los asesinatos y la desaparición forzada? La hipótesis que reactivó el gobierno actual sobre el caso es que los estudiantes, sin saberlo, tomaron un autobús con un cargamento oculto de heroína o de dinero en efectivo.
Hoy, las declaraciones y los hechos realizados por el gobierno de López Obrador parecen absolver a las instituciones militares y sus altos mandos, mientras persiguen a altos funcionarios federales del gobierno anterior. Esto hace temer que, una vez más, las autoridades mexicanas busquen beneficiarse políticamente —aunque sea en un contexto muy diferente— de la atrocidad masiva cometida hace casi ocho años, que aún no está resuelta para las 43 familias que siguen buscando a sus hijos y la verdad sobre los hechos.
La presentación del informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, el 18 de agosto, ofrece un primer vistazo de lo que busca el gobierno. El comisionado y subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dijo: “Es la primera vez que estamos avanzando en esclarecimiento de crímenes de Estado, asumiendo la responsabilidad del Estado mismo”.
Pero momentos antes, ante una pregunta sobre el papel de las fuerzas armadas y policiales en los hechos, dijo: “No se acreditó una acción de carácter institucional, pero sí de responsabilidades claras de elementos de esas instituciones”.
Sin embargo, las evidencias mencionadas en el propio informe contradicen la afirmación de Encinas: la participación militar en la tortura, la negativa del Ejército a buscar a un soldado encubierto desaparecido esa noche, y lo que parecen ser comunicaciones por teléfono móvil entre un soldado y un miembro del crimen organizado. Dos días después de la conferencia, se emitieron órdenes de detención contra el exprocurador Jesús Murillo Karam, 20 soldados y 44 policías.
En una segunda presentación del informe, el 26 de agosto, Encinas dijo: “Se acredita que presuntamente seis de los estudiantes de los 43 desaparecidos estuvieron retenidos durante varios días con vida en una bodega vieja y de ahí fueron entregados al coronel”. El coronel sería “presuntamente” José Rodríguez Pérez, quien dio la orden de asesinar y desaparecer a seis estudiantes cuatro días después de la noche del ataque.
El argumento de la complicidad militar es aún más fuerte cuando se tienen en cuenta las exhaustivas pruebas documentadas en los tres informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí se documenta la vigilancia militar a los estudiantes antes y durante esa noche, los videos de las sesiones de tortura en las instalaciones de la Marina y la Procuraduría General de la República (PGR), y las imágenes de los drones de la Marina que muestran lo que parece ser la alteración del basurero de Cocula por parte de la Marina, la Policía Federal y la PGR (incluyendo a Murillo Karam) antes de la primera diligencia oficial en ese lugar y de las supuestas declaraciones de los detenidos identificándolo como escenario del crimen.
López Obrador, un autoproclamado izquierdista antineoliberal, ha construido una relación estrecha y ha concedido más poder a los militares que sus predecesores. Les ha otorgado más facultades legales para llevar a cabo funciones de seguridad pública interna, y el control de la construcción y la administración de sus principales proyectos de infraestructura.
El año pasado se opuso a la detención en Estados Unidos —por cargos de narcotráfico— del exsecretario de Defensa con Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, quien al estar en el cargo se negó a permitir que investigadores independientes entraran en las bases militares o hablaran con los soldados que estaban de servicio la noche de las desapariciones. Después de que Estados Unidos devolvió a Cienfuegos a México, el presidente lo envió rápidamente a su casa y posteriormente lo absolvió.
Más allá del tema de los militares, el informe de la Comisión de la Verdad, de 97 páginas, proclama atender al “derecho a la verdad” y la “absoluta transparencia y el pleno acceso a la información”. Pero extrañamente, casi 38 páginas están completamente testadas (ocultas con marcas negras). La mayoría de esas páginas contienen capturas de pantalla de teléfonos celulares con los números, las identidades y mensajes.
El gobierno alega que estas comunicaciones identifican la responsabilidad y la cadena de mando de quienes tomaron las decisiones de atacar y luego desaparecer a los estudiantes. No informó sobre la procedencia de los teléfonos, cómo se obtuvieron o cómo se extrajo la información de estos.
El GIEI publicó un comunicado donde señala que no tuvo conocimiento previo del informe y que no había visto las pruebas logradas de las capturas de pantalla, los teléfonos celulares de los que se obtuvieron, ni los exámenes forenses realizados para recuperar la información.
Si hay un “compromiso con la verdad” por parte de la Comisión, ¿por qué publicó un informe testado que supuestamente contiene capturas de pantalla que identifican a los autores intelectuales antes de compartir esa evidencia con el GIEI o con el fiscal especial para el caso, y solo horas después de dar a conocer la evidencia a las familias y sus abogados?
Llama la atención que el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, no ha estado en las presentaciones de la Comisión ni las audiencias de Murillo Karam, pues se encuentra en Israel. ¿El gobierno planeó a propósito realizar estas acciones cuando estuviera fuera del país?
La oposición acusa que la detención de Murillo Karam es una mera persecución política contra el gobierno anterior. Las pruebas, en cambio, sugieren que este sí supervisó y defendió la tortura sistemática y las mentiras en el caso. Sin embargo, queda la duda de si la Comisión busca encubrir a los altos mandos militares con la detención tan mediática del exfiscal.
aranza
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