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Premier y ministro de Perú incluidos en indagación a Pedro Castillo
LIMA (AP) — La fiscalía peruana anunció el lunes que investiga de forma preliminar al primer ministro y al ministro de Justicia por el presunto delito de organización criminal, luego de que ambos fueran incluidos en una indagación por ese delito contra el presidente Pedro Castillo.
El Ministerio Público indicó en Twitter que, con las investigaciones al primer ministro Aníbal Torres y al ministro de Justicia Félix Chero, se amplía una indagación contra el mandatario en un caso en que también se le investiga por el presunto delito de encubrimiento.
La pesquisa contra Castillo, por la que ahora se ha incluido al primer ministro y al ministro de Justicia, se inició a fines de julio tras el despido sorpresivo del entonces ministro del Interior de Castillo, Mariano González. El exfuncionario dijo que salió del gobierno porque al mandatario no le gustó que organizara un equipo policial para buscar a dos fugitivos cercanos al propio Castillo: uno de sus sobrinos, Fray Vásquez, y al exministro de Transporte Juan Silva, aún prófugos.
Torres no ha hecho comentarios sobre la imputación, mientras que Chero dijo en redes sociales que para aclarar cualquier acusación asistirá a todas las convocatorias que le haga la fiscalía, “a pesar que dicha investigación carece de sustento jurídico y probatorio”.
Torres es uno de los mayores críticos de la fiscal general Patricia Benavides, al igual que Chero.
Más temprano Castillo asistió a la oficina de Benavides por segunda vez desde julio, donde fue interrogado con respecto a tres de seis investigaciones preliminares que enfrenta, en la mayoría de las cuales se le acusa de dirigir una red de presunta corrupción.
En una declaración a la prensa desde el palacio de gobierno, donde no se admitieron preguntas, Castillo aseguró que seguirá colaborando con la justicia.
“Hemos negado las imputaciones... vamos a seguir dando la cara y decirle al país que estamos firmes para conducir el destino del Perú”, manifestó.
Una de las indagaciones por las que Castillo fue interrogado en la jornada es la que se refiere a un presunto tráfico de influencias en la compra de biodiésel por 74 millones de dólares. La fiscalía ha señalado que existe la sospecha de que otorgó un contrato de manera irregular porque Castillo se reunió en octubre con un empresario local, el cual fue favorecido con la adjudicación directa cuatro días después.
La otra investigación por la que el mandatario fue interrogado es aquella en la cual se incluyó posteriormente al primer ministro y al ministro de Justicia.
La tercera indagación busca establecer la presunta responsabilidad de Castillo en el delito contra la tranquilidad pública en su modalidad de organización criminal, bajo la acusación de que el supuesto grupo dirigido por el mandatario buscaba beneficiarse con una serie de licitaciones de obras públicas en su provincia natal. La fiscalía analiza si la presunta organización aprovechó un decreto firmado por Castillo para desembolsar más de ocho millones de dólares.
Castillo pide a la fiscalía que se agoten los actos de investigación y se recaben todos los elementos de prueba para que, ya con toda la información reunida, él vuelva a declarar, según su defensa legal.
El presidente no puede ser acusado ante un juez porque la Constitución dice que eso sólo puede ocurrir en caso de traición a la patria, disolución del Parlamento por casos diferentes a los permitidos o no convocar a elecciones. Si se acumulan argumentos, la fiscal general debe esperar hasta que Castillo culmine su gestión para que el Congreso permita que sea juzgado.
Su relación con el Parlamento de 130 escaños es tensa. El Congreso ha buscado destituirlo en dos ocasiones, pero no lo ha logrado porque no alcanzó los 87 votos necesarios.
En contraste a las investigaciones fiscales surgidas hace dos meses, la popularidad del mandatario ha comenzado a remontar luego de una fuerte caída. Un sondeo efectuado a nivel nacional por el Instituto de Estudios Peruanos, el cual fue publicado en agosto, mostró que su nivel de aceptación subió a 29%, su desaprobación bajó a 63% y 8% no opinó. En junio su aprobación era de 19%.
El gobierno de Castillo concluirá el 28 de julio de 2026.
aranza
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