Migración
Nuevo México: Migrantes presos sufren represalias
Por MORGAN LEE
ESTANCIA, Nuevo México, EU (AP) — Lejos de recibir ayuda, los migrantes recluidos por las autoridades estadounidense en un centro de detención en una zona rural de Nuevo México han sufrido represalias por denunciar las condiciones insalubres en una prisión contratada por el gobierno, dijo el miércoles una coalición de agrupaciones promotoras de los derechos civiles.
En una carta pública firmada esta semana por al menos una docena de migrantes en el Centro de Detención del condado Torrance se menciona fontanería inservible, infestaciones de insectos, atención médica insuficiente y racionamiento de botellas de agua.
Una denuncia adjunta dirigida el miércoles a la oficina de derechos civiles del Departamento de Seguridad Nacional documenta las represalias, entre ellas restricciones al acceso a la representación legal y una acusación falsa de mala conducta contra un inmigrante bajo la Ley para Eliminar las Violaciones en las Prisiones.
La nueva queja, basada en entrevistas a decenas de migrantes detenidos en el lugar, se suma a las preocupaciones planteadas en agosto por la coalición, que incluye a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), el Laboratorio de Innovación Legal y Justicia para Nuestros Vecinos, con sede en El Paso, Texas.
El Centro de Detención del condado Torrance, administrado por la empresa privada CoreCivi, es una de las 130 instalaciones que utiliza el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ((ICE por sus siglas en inglés) para retener a los inmigrantes mientras se procesan sus casos, aunque muchas personas permanecen en libertad vigilada.
Representantes de ICE no respondieron de inmediato a los pedidos de declaraciones. Directivos de CoreCivic rechazaron las denuncias y dijeron que los migrantes mentían sobre las condiciones en el lugar.
Matthew Davio, portavoz de CoreCivic, dijo que el ICE vigila de cerca el centro de detención, el cual está requerido a someterse a inspecciones y auditorías periódicas para garantizar un nivel de vida apropiado para todos los detenidos. Añadió que ICE tiene un funcionario que cuida que el centro cumpla las estrictas políticas y normas de la agencia.
El dominicano Orlando de los Santos Evangelista, de 39 años y obrero de la construcción, dijo el jueves a The Associated Press que él y otros cinco compañeros recluidos se declararon el lunes en huelga de hambre en protesta por las condiciones en el lugar. Dijo que comió a regañadientes el miércoles después de que los encargados de la prisión amenazaran con alimentarlos por la fuerza mediante una sonda.
De los Santos dijo que los detenidos también temen que los coloquen en una celda solitaria a la que se refirió como “el hoyo”. Señaló que los pasillos en el centro de detención apestan a heces, y que el agua ingresa a la zona donde duerme por una ventana rota, empapando cama y sus documentos migratorios.
El dominicano dijo que llegó a Estados Unidos en junio y se sorprendió de que los transfirieran a una instalación tipo cárcel.
Dijo que las condiciones son inhumanas, que ha sufrido maltrato verbal y tortura psicológica. Dijo que solo han pedido que los escuchen.
Un organismo de supervisión del gobierno mencionó en marzo condiciones inseguras e insalubres en el centro de detención y dejó entrever que todas las personas recluidas ahí debían ser retiradas y transferidas a otro lugar.
Estos hallazgos por parte del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional se basaron en una inspección no anunciada que tuvo lugar en febrero. CoreCivi y el ICE refutaron las conclusiones.
El pasado 17 de agosto, un brasileño de 23 años que se encontraba recluido en el Centro de Detención del condado Torrance, fue encontrado inconsciente por el personal y falleció varios días después en un hospital de Albuquerque. El ICE investiga el deceso, mientras que la ACLU dice que al parecer está relacionado con un intento de suicidio.
La representante federal Melanie Stansbury dijo que el centro de Torrance, ubicado dentro de su distrito, “tiene un largo y preocupante historial” bajo administración privada con fines de lucro.
“Continúo apoyando a más de 100 de mis colegas en la Cámara que nos oponemos al uso de contratos privados con fines de lucro para la gestión de centros de detención de inmigrantes y continúo vigilando la situación muy de cerca”, señaló la legisladora en un comunicado.
Jamileth
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