Internacional - Política
Los presos de Nicaragua despojados de ciudadanía
Por MEGAN JANETSKY
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, envió la semana pasada a 222 líderes políticos, sacerdotes, estudiantes, activistas y otros disidentes a Estados Unidos, una liberación que la comunidad internacional reclamaba desde hacía mucho tiempo.
Poco después, el gobierno de Ortega votó a favor de despojar a los expresos de su ciudadanía nicaragüense. Analistas, expertos legales y grupos de derechos humanos lo describieron como una violación del derecho internacional sin precedentes, al menos en el Hemisferio Occidental, en términos de escala e impacto.
A continuación, un vistazo a lo ocurrido:
¿POR QUÉ EXPULSÓ NICARAGUA A LOS DISIDENTES?
La expulsión formaba parte de una campaña más amplia del gobierno de Ortega para aplastar la disidencia política iniciada en 2018, cuando las protestas callejeras contra el gobierno fueron reprimidas con violencia por las fuerzas de seguridad nicaragüenses.
Ortega ha tachado de “traidores” a los opositores encarcelados y les responsabiliza de las protestas, que considera una trama con financiación internacional para derrocarle. Decenas de miles de nicaragüenses han huido de la represión del gobierno.
Las detenciones de opositores se convirtieron en una fuente de fricción internacional, especialmente con el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que señaló a esas detenciones para justificar sanciones sobre la nación centroamericana.
La liberación de los presos era de hecho una estrategia para “minimizar el coste público de su represión”, especialmente a ojos de la comunidad internacional, dijo Ivan Briscoe, del International Crisis Group, un grupo de investigación sin fines de lucro centrado en resolución de conflictos en todo el mundo.
“Él preferiría volver a un gobierno autoritario estable de bajo perfil en el que quizá no se dan las formas más visibles de abusos, sino un control político continuado”, indicó.
El vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos Ned Price dijo el lunes a la prensa en Washington que la liberación de los presos se consideraba “un paso constructivo” y que miembros del gobierno de Biden han dicho que abriría una puerta al diálogo entre los dos países.
Sin embargo, el hecho de que el Parlamento de Ortega votara de forma simultánea a favor de despojar a los presos expulsados de su ciudadanía ha provocado críticas.
“Desde luego esto no es una panacea para las muchas preocupaciones que tenemos sobre el régimen nicaragüense, incluida la represión y opresión que sigue ejerciendo sobre su propia población”, dijo Price.
Aunque el congreso nicaragüense aún no ha celebrado la segunda votación para aprobar el cambio constitucional que retiraría oficialmente la nacionalidad a los expulsados, la medida se aprobó por unanimidad en la primera votación. El firme control de Ortega sobre la cámara hace muy improbable cualquier otro resultado.
“Creo que el mensaje está muy claro: En mi territorio no habrá oposición”, dijo Briscoe.
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¿POR QUÉ DICEN LOS EXPERTOS QUE INCUMPLE EL DERECHO INTERNACIONAL?
Peter J. Spiro, profesor de derecho internacional en la Universidad de Temple, y otras personas dicen que quitar la ciudadanía en este contexto incumple un tratado adoptado en 1961 en Naciones Unidas por varios países, incluida Nicaragua, y que fijaba normas claras para evitar apátridas.
El tratado establece que los gobiernos no pueden “privar a ninguna persona o grupo de personas de su nacionalidad por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos”.
Spiro señaló que hay algunas circunstancias en las que los gobiernos pueden retirar la ciudadanía, como quitársela a una persona que adquiere otra nacionalidad cuando el primer país prohíbe la doble ciudadanía. Sin embargo, no está permitido utilizarlo como arma política.
“Esto es destierro, y el destierro es la antítesis del concepto moderno de derechos humanos”, dijo.
España ha ofrecido su ciudadanía a los 222 exiliados, mientras que Estados Unidos les ha concedido una protección temporal de dos años.
Pero muchos de los antiguos presos en Estados Unidos se han quedado en un limbo legal y mental, indicó Jennie Lincoln, académica en contacto con muchos de los exiliados.
“Psicológicamente son apátridas”, dijo Lincoln. “Están conmocionados, al pasar de estar un día en prisión, y unas horas más tarde en un avión a Estados Unidos. Imagine el impacto psicológico de eso, y después verse despojado de su ciudadanía”.
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¿CÓMO SE HABITUAL ES LA RETIRADA DE LA NACIONALIDAD?
La decisión de Ortega no tiene precedentes en el Hemisferio Occidental por su volumen y su alcance, según analistas y expertos legales.
Las decisiones previas en la región para quitar la nacionalidad a figuras políticas siempre han sido de escala limitada.
En la década de 1970, la dictadura de Pinochet en Chile quitó la nacionalidad a Orlando Letelier, que vivía en el exilio mientras lideraba la oposición a la represión política en el país sudamericano.
Spiro, de la Universidad de Temple, dijo que la medida de Ortega recuerda a lo que se ha hecho en Bahréin, en Oriente Medio.
Durante los últimos años, el gobierno de Bahréin ha quitado la nacionalidad a cientos de activistas políticos y de derechos humanos, periodistas y académicos religiosos. En 2018, una corte retiró la nacionalidad a 115 personas en un juicio masivo sobre acusaciones de terrorismo, según Human Rights Watch.
Sin embargo, señaló Spiro, “la decisión de Ortega es más notoria”.
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¿Y QUÉ HAY DE LOS PRESOS QUE NO FUERON A ESTADOS UNIDOS?
Los expertos están especialmente preocupados por el obispo católico Rolando Álvarez, un claro crítico de Ortega que se negó a embarcar en el avión a Estados Unidos con los otros presos.
Dijo a las personas cercanas que si subía al avión, sería como admitir un crimen que no había cometido.
Poco después, Álvarez fue condenado a 26 años en prisión -en un país conocido por las malas condiciones de sus penales- y despojado de su ciudadanía dentro de Nicaragua, algo que funcionarios del Departamento de Estado criticaron con dureza.
Eso dejó al obispo en una situación local aún más incierta que la de sus compañeros en Estados Unidos.
Por ahora, nadie ha podido contactar con Álvarez ni confirmar dónde se encuentra o si está en un lugar seguro, indicó una persona cercana a Álvarez que pidió no ser identificada por temor a represalias.
Las perspectivas legales son sombrías, señaló, y Álvarez es consciente de ello.
Jamileth
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