Internacional - Política
Petro afronta líos políticos por denuncias contra familiares
Por ASTRID SUÁREZ
BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano Gustavo Petro enfrenta un revés por señalamientos públicos contra uno de sus hijos y su hermano por actos indebidos que han puesto bajo la lupa su compromiso con la paz y la lucha contra la corrupción. El mandatario ha pedido a la Fiscalía que investigue y determine las posibles responsabilidades.
La Fiscalía informó el viernes el inicio de las primeras diligencias para ahondar en la denuncia contra Nicolás Petro Burgos, hijo del mandatario, quien se habría quedado con supuestos aportes irregulares de campaña, según aseguró su expareja.
En paralelo, el hermano del presidente está señalado de presuntamente intentar beneficiar a narcotraficantes para que se integren a la estrategia gubernamental de “paz total”.
“Tengo la responsabilidad de ser leal al voto que muchos de ustedes depositaron en mí”, aseguró el presidente la víspera en un comunicado al pedir que se adelanten las investigaciones. Ambos casos apuntan a dos de las principales banderas políticas que lo llevaron al poder en agosto del año pasado: la paz y las políticas anticorrupción.
Para Carlos Arias Orejuela, analista político y docente de la Universidad Externado, las denuncias tienen un impacto en cuanto a la reputación e imagen pública y podrían poner en tela de juicio la legitimidad del gobierno.
“Esto, dado que Petro fundamentó su narrativa en que eran el ‘cambio’, no sólo de gobierno sino de las prácticas políticas en sus formas y su fondo con la anticorrupción y el manejo indebido del nepotismo político”, comentó a The Associated Press.
La denuncia más reciente envuelve al hijo del presidente y diputado del departamento del Atlántico a raíz de una declaración en la prensa que hizo su expareja, Day Vásquez, quien asegura que recibió dinero indebido como aporte a la campaña presidencial de su padre.
Vásquez relató en una entrevista con la Revista Semana que el hijo del presidente recibió más de 600 millones de pesos (unos 125,000 dólares) de Samuel Santander Lopesierra, conocido con el alias de “Hombre Marlboro” y quien estuvo en prisión en Estados Unidos por narcotráfico.
“Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero y así, otros”, dijo Vásquez sin mostrar pruebas. También aclaró que el presidente no tenía conocimiento del dinero: “todo ha sido a espaldas del papá”.
Según Vásquez, el diputado Petro Burgos también recibió hasta 400 millones de pesos (alrededor de 83,000 dólares) de Alfonso del Cristo Hilsaca, un empresario del norte del país que ha tenido cuestionamientos de la justicia pero no ha sido condenado.
Petro Burgos negó los señalamientos a través de un comunicado en el que aseguró no conocer a Lopesierra ni a Hilsaca: “No me he reunido ni he recibido ningún tipo de favor político, personal o económico de ningún personaje cuestionable”.
Por otro lado están las denuncias públicas sobre Juan Fernando Petro, hermano del presidente, por la presunta existencia de una red de abogados y organizaciones que estarían tratando de vincular a narcotraficantes y personas requeridas en extradición con la política del gobierno llamada “paz total” a cambio de dinero.
El presidente Petro se ha propuesto abrir múltiples negociaciones con grupos armados ilegales y narcotraficantes para lograr un proceso de paz, en el caso de acuerdos políticos, o para que narcos y miembros de bandas criminales se sometan voluntariamente a la justicia a cambio de beneficios.
El hermano del presidente también ha negado cualquier participación en la presunta red e indicó que ya acudió al llamado de la Fiscalía que investiga el caso. Aseguró que terceros mal intencionados estarían usando su nombre para engañar a narcotraficantes.
Petro ha reiterado que el único funcionario que cuenta con el aval del gobierno para tener contacto con las organizaciones al margen de la ley es el Alto Comisionado para la Paz.
“Quien quiera interferir en ese propósito (de lograr la paz), o sacar provecho personal de éste, no tiene cabida en el gobierno, incluso si son miembros de mi familia. Confío en que mi hermano y mi hijo puedan demostrar su inocencia pero respetaré las conclusiones a las que llegue la justicia”, concluyó el presidente.
Sandra Borda, analista política y docente de la Universidad de Los Andes, aseguró que se trata de un golpe político para el presidente que recuerda a un escándalo de la administración de Ernesto Samper (1994-1998), quien fue investigado en su momento por presuntamente haber recibido dinero del narcotráfico en su campaña y no fue encontrado culpable.
“Es el antecedente que hemos tenido en el pasado de entrada de dinero del narcotráfico a una campaña, pero en ese caso no eran gente tan cercana, como la misma familia del presidente”, acotó Borda a AP.
Los analistas coincidieron en que las denuncias podrían tener efectos políticos en las elecciones para alcaldes y gobernadores en octubre de este año, especialmente para el Pacto Histórico, el movimiento político de Petro.
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