Internacional - Seguridad y Justicia
Expresidente en cárcel privilegiada entre prisiones de Perú
Por FRANKLIN BRICEÑO
LIMA (AP) — El expresidente peruano Alejandro Toledo, quien arribó al país extraditado de Estados Unidos para ser juzgado por corrupción, amaneció el lunes en una privilegiada cárcel que alberga a dos exmandatarios y es la prisión con menos reclusos de Perú, un país marcado por el hacinamiento que sufren más de 81,000 presos.
Toledo fue llevado durante la noche en un helicóptero desde una base de la policía en el centro de Lima hasta una zona lejana del este de la capital donde -en medio de colinas- se ubica otra extensa base policial en cuyo interior está la singular cárcel de Barbadillo, donde están recluidos los expresidentes Alberto Fujimori (1990-2000) y Pedro Castillo (2021-2022). A los tres -de diferentes ideologías- los une estar manchados por casos juzgados o en investigación sobre corrupción.
La tarde del lunes Toledo debe participar de una audiencia donde un juez revisará que la acusación fiscal por corrupción en su contra tenga adjuntas todas las pruebas que supuestamente lo incriminan. La fiscalía pide 20 años de cárcel contra Toledo al que acusa de recibir al menos 20 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para favorecerla durante su gobierno (2001-2006) con la adjudicación de la construcción de una carretera que conecta a Perú con Brasil.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ordenó que Toledo, de 77 años, cumpla un régimen ordinario que implica que el expresidente podrá caminar por los pasillos fuera de su celda desde las seis de la mañana. A las nueve de la noche debe ingresar a su celda y ser encerrado con llave.
Las autoridades han indicado que Toledo no podrá recibir visitas hasta que los funcionarios organicen un horario para esas actividades. Toledo, quien llegó a Lima con las manos esposadas, fue visto en una audiencia breve de rutina el domingo donde le dio a un juez sus datos personales. Cumplirá una prisión preventiva de 18 meses mientras es investigado.
Roberto Su, abogado de Toledo, dijo a la prensa tras conversar con su cliente, que el expresidente le comentó que apenas tenía una cama, un colchón, sábanas, pero ningún artefacto, ni sillas. Indicó que anoche el exmandatario tomó “una pequeña sopa, pero no la pudo terminar porque estaba inapetente”.
La procuraduría de Perú estima que el perjuicio ocasionado por el caso de Toledo -que incluye a más de 30 acusados- generó 878 millones de dólares en pérdidas al Estado.
La cárcel de los expresidentes presos está ubicada en una zona alejada de la capital, rodeada de casas sin terminar y en la falda de una serie de colinas llenas de polvo y sin árboles. Las televisoras locales, usando drones, han mostrado desde lo alto la prisión dividida en tres secciones que albergan a cada exmandatario.
La cárcel se estrenó en 2007 cuando la justicia logró la extradición desde Chile del expresidente Fujimori, quien estaba preso en ese país luego de volver desde Japón adonde había escapado en 2000 cuando un video difundido por la televisión peruana mostró a su asesor Vladimiro Montesinos entregando dinero a un parlamentario opositor para que apoye al gobierno.
Fujimori, de 84 años, cumple una condena a 25 años de cárcel por asesinato y corrupción. La justicia determinó que el exmandatario fue el autor mediato del asesinato de 25 peruanos, incluido un niño, por un escuadrón clandestino del ejército que combatía al grupo terrorista Sendero Luminoso.
Las autoridades han indicado que en la prisión Fujimori, un ingeniero agrónomo, cultiva flores en un jardín, pinta cuadros sobre sus recuerdos, escucha música clásica, escribe y cocina para sus invitados, incluidos legisladores, empresarios, amigos y personas agradecidas con su gobierno.
No se conoce mucho sobre el quehacer diario de Castillo, recluido desde diciembre tras intentar disolver el Congreso e iniciar un gobierno temporal de facto. Castillo, un maestro rural de 53 años, está preso de forma preventiva por tres años mientras es investigado por supuestamente haber liderado una organización criminal corrupta para favorecerse con la adjudicación de obras públicas.
A inicios de abril Castillo fue sancionado por 15 días sin visitas familiares por publicar una carta en sus redes sociales donde llamó “dictadura militar” que “usurpa el poder” al gobierno de la presidenta Dina Boluarte, quien era su vicepresidenta y lo sucedió luego de que el Congreso lo destituyó. Castillo criticó la muerte de decenas de peruanos durante las manifestaciones en contra de Boluarte. Según la Defensoría del Pueblo 67 personas murieron durante las manifestaciones.
Esa cárcel ya albergó temporalmente a otro exmandatario, el militar retirado Ollanta Humala (2011-2016), quien estuvo preso por nueve meses entre 2017 y 2018. Humala está libre pero afronta un juicio junto a su esposa Nadine Heredia en el que la fiscalía ha pedido 20 años de cárcel para él y 26 años para la ex primera dama por presunto lavado de activos. Según la Fiscalía habrían recibido tres millones de dólares de Odebrecht durante la campaña electoral que lo llevó al poder. Ambos niegan haber cometido delito alguno. La esposa de Humala estuvo en una cárcel para mujeres en la capital.
La prisión de los mandatarios tiene 10,000 metros cuadrados pero sólo 891 metros cuadrados construidos. Es una de las pocas prisiones con escasa población carcelaria junto a otras 18, ubicadas en zonas remotas, que no sufren de hacinamiento. La superpoblación penitenciaria afecta a 49 prisiones peruanas que albergan a 81.442 presos, según datos oficiales de 2023.
Durante años informes sobre el hacinamiento carcelario en Perú han mostrado que hay presos que duermen amontonados dentro de sus celdas o sobre el suelo. La superpoblación promedio es de 119%, pero en cárceles como la de El Callao -el principal puerto peruano y a pocos kilómetros de la cárcel presidencial- el hacinamiento alcanza el 500%, según datos oficiales.
La cárcel presidencial alberga a los presos más costosos, según datos oficiales. En 2020 la administración penitenciaria de Perú informó que se gastaba 189,000 dólares anuales para cuidar de la singular prisión que cuenta para sus privilegiados reos con 17 funcionarios, incluidos una enfermera, además de una ambulancia permanente.
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