Summum de la Justicia
Ya sabían
Julio Hernández López/La Jornada
Un mes atrás, diez días antes de que se estrenara Presunto culpable (lo que sucedió el 18 de febrero), autoridades federales y la CNDH ya conocían la exigencia de la familia del difunto Juan Carlos Reyes Pacheco de que se frenara la exhibición cinematográfica del cuerpo del asesinado y se impidiera un daño, mediante "edición y distorsión", a la imagen del único testigo del homicidio que da pie al documental, el primo Víctor Daniel Reyes Bravo.
Érika Reyes Pacheco, hermana del joven asesinado en 2005, asegura que el 8 de febrero del presente año, con asesoría del abogado Mario Ignacio Mata Martínez, se solicitó "la revocación de la autorización para transmitir en cine o cualquier otro medio de comunicación la película antes mencionada a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de Justicia y a la CNDH", pero "no recibimos respuesta, hasta que acudimos a las oficinas de RTC y nos atendió el licenciado Alfredo Rosas; de manera informal en una plática nos dio una negativa a nuestra petición, sin ningún oficio de por medio". Después, explica, "se procedió a interponer un amparo de solicitud de suspensión del acto por parte de mis padres y de mi primo, argumentando la violación de garantías individuales y de preceptos constitucionales".
En párrafos de cartas enviadas a distintos destinatarios en busca de apoyo, que Érika compartió con esta columna, se asegura que la familia Reyes Pacheco jamás aprobó las grabaciones hechas en un juzgado penal, "siendo que muchas veces fuimos presas del acoso de la productora Layda Negrete Sansores para que diéramos consentimiento de la filmación" y se afirma que en el documental "nunca presentan todos los agravios y vejaciones cometidas por el abogado defensor de José Antonio (el Presunto culpable) y de las que mi primo fue víctima". Se recuerda que Juan Carlos Reyes Pacheco y Víctor Daniel, "cuando se dirigían a la casa de éste fueron atacados por un grupo de vándalos" que mataron al primero y dejaron como único testigo al segundo. Pero, con "un filme editado a conveniencia de José Antonio Zuñiga", se "manipula y distorsiona lo sucedido en el caso, se omiten declaraciones; al presunto culpable nunca se le acusó de haber disparado un arma, sino de participar en el acto vandálico como cómplice (...) No se dice que cuando lo detuvieron llevaba una maleta con ropa suya, suponemos que para fugarse".
Al dolor de un asesinato impune se suma, explica Reyes Pacheco, "una campaña mediática en contra de mi familia argumentando que el fallo de la jueza a nuestro favor es un acto de ‘censura a la libertad de expresión', que alguien está detrás de mi primo, que lo asesora y manipula, debido a que es una persona pobre que no tendría para pagar un amparo ni intelecto para reclamar sus derechos, porque apenas cuenta con el quinto año de primaria. De dicha campaña, que manipula y está a favor de los pudientes, el resultado es que ha causado un daño a la persona de mi primo, ya que ha sido víctima de reclamos y amenazas de la gente, hasta el punto de poder perder su empleo, su integridad y paz familiar, y los mismos medios de comunicación le difaman declarando que ahora tiene un interés económico y que está detrás de las regalías que genere el filme".
Finalmente, explica la universitaria: "somos una familia de luchadores sociales que apoyamos las causas que son presas de la injusticia, por lo que estamos en contra de la censura a la libertad de expresión (...) Hoy nos encontramos indignados y llenos de dolor, porque mi madre no tuvo un hijo para que se lo asesinaran y luego lo exhibieran públicamente, y su pesar se convierta en un acto de lucro".
Mientras tanto, el laboratorio de experimentación nacional mediante el manejo de pantallas vivía situaciones kafkianas. Una conmocionante orden de suspensión provisional dictada por una juez federal tardaba cuatro días hábiles en ser notificada a sus destinatarios (fue emitida el martes 2 del presente, y ejecutada ya casi en la noche de ayer), de tal manera que habrá tardado casi igual ese cumplimiento que la resolución definitiva que un tribunal colegiado debe tomar este viernes (después de las quejas presentadas por Cinépolis y autoridades federales el pasado viernes) y que podría reponer a Presunto culpable en las salas cinematográficas con una excelente campaña de publicidad gratuita.
Sin embargo, la única y cierta censura de la saga documental corrió a cargo de uno de los principales productores, el abogado Roberto Hernández, quien gestionó la supresión de la obra en mención en el servicio de videos de Youtube, contraviniendo la supuesta voluntad de difundir al máximo las denuncias y conclusiones presentadas en la polémica cinta y empujando de manera expresa a los interesados a concurrir solamente a las salas de exhibición, con la vista confesamente puesta en la taquilla y la asignación de esos fondos a las asociaciones de empresarios y abogados corporativos que desde Nuevo León encabezan la nueva forma de filantropía carcelaria, una especie de Teletón judicial.
Fue fulminante la instalación provisional de un ambiente de abatimiento nacional por la presunta pérdida de libertades y derechos ("como de las épocas de Díaz Ordaz", escribía en Twitter el productor Hernández, a través de su cuenta @porquesmichamba, y su esposa y también productora, Layda Negrete Sansores, en @laydanegrete, comentaba a las 17:15 horas: "Estoy llamando al Congreso de la Unión en este momento para que me comuniquen con la cámara").
La manipulación de conciencias era tripulada por opinantes y comentaristas que normalmente guardan silencio ante los graves problemas nacionales, o tratan de encontrarles explicaciones acomodaticias, pero que ahora se convertían en adalides de las libertades de expresión, implacables enemigos de censuras en temas que cuentan con bendiciones y patrocinios oficiales.
Y, mientras Calderón juega a las aperturas y el cerrado Madero defiende a la caballada interna casi inexistente, y Josefina Vázquez Mota se destapa con aires de género.
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