Cartas Abiertas
El narcoestado triunfa frente a la incapacidad gubernamental
A los Titulares de los Poderes de la Unión,
Gobiernos Locales y a la Sociedad
P R E S EN T E
El Observatorio Ciudadano en materia penitenciaria, debidamente constituido como un organismo comprometido con el Estado de Derecho y por una sociedad sana con pleno respeto a sus derechos humanos; hace del conocimiento del pueblo de México que:
La Seguridad Pública como una responsabilidad del Estado, se encuentra preceptuado en el artículo 21 Constitucional y la reinserción social de acuerdo con el numeral 18 del mismo ordenamiento federal, no existen, son una simulación y la negación del Estado de Derecho que el gobierno tiene la responsabilidad de salvaguardar. La construcción de un Estado informal en manos de grupos delincuenciales ha orillado a las autoridades a sólo palear y exhibir a la opinión pública el resultado de una guerra que en una nación no puede ni debe existir, la traición al programa de inteligencia desarrollada por Plataforma México, anula toda racionalidad jurídica para confrontar hombrehombre. Tragedia que puede ser equiparable a delitos de lesa humanidad sancionada por tribunales internacionales. Errores, todos ellos, de la presente administración cuyo resultado es la cultura de la violencia y la apología del miedo.
En medio, una sociedad que reclama certidumbre jurídica y mejores condiciones de vida para las generaciones del mañana. El doble discurso de un sistema de justicia penal acusatorio adversarial y la criminalización de conductas antisociales se sintetiza en una sola dicotomía: impunidad y violación a los derechos humanos.
Pareciera que todo este escenario propiciara el crimen organizado y la Teoría Penal del Enemigo fuera una sola referencia para ubicar la realidad nacional y la teoría abolicionista del derecho penal en una confrontación entre la normalidad y la normatividad.
La delincuencia organizada trasnacional, su rol en el sistema financiero nacional y la inseguridad que se recicla en los centros penitenciarios, determinan la teoría del estado contemporánea que nos recuerda a José Antonio Primo de Rivera: "el estado liberal encogido en hombros ya no cree en nada, ni siquiera en sí mismo.
Así, el narcoestado triunfa frente a la incapacidad gubernamental de desmantelar los cárteles que se han favorecido por la ineptitud e improvisación de los servidores públicos encargados de esta materia, o por el doble juego que estructuran las elites en la toma de decisiones, así, el blindaje electoral en materia de recursos de procedencia ilícita en las campañas electorales, los acuerdos parlamentarios sobre el mismo tópico, son sólo piezas de un discurso decadente y carente de compromiso social; todo ello con un búnker de operaciones que se traduce a los penales mexicanos operados por células de organizaciones criminales nacionales e internacionales. Esta realidad se potencializa si consideramos la Teoría de sistemas planteada por Niklas Luhmann como una red que responde a los intereses de su creación.
En esa radiografía de la realidad nacional, la seguridad que se desquebraja con la hipótesis de las ventanas rotas, de conductas anómicas, y que aparenta disuadirse con la sentencia condenatoria, ésta se recicla en las cárceles, pues con la sobrepoblación, el hacinamiento, la arquitectura elíptica y panóptica, la no separación de procesados y sentenciados, se transforman en unas verdaderas escuelas del crimen, anulando las teorías positivistas de Enrico Ferri, Rafael Garófalo y Cesare Lombroso.
Dentro del sistema penitenciario nacional, se destaca:
Primero.
En México existen 431 centros penitenciarios, 11 de los cuales están bajo la jurisdicción federal, 10 corresponden al distrito federal, 319 a los gobiernos estatales y 91 a los gobiernos municipales.
Segundo.
La población penitenciaria se ha triplicado en la última década, en la actualidad se encuentran recluidos más de 250,000 personas, de ellas, casi 85 mil no están sentenciados, aun con la celebre "garantía de presunción de inocencia". Cabe señalar que según, el V informe de gobierno del Presidente Felipe Calderón, de las 227,671 personas privadas de su libertad, 99,297 están recluidas bajo prisión preventiva en tanto su situación jurídica se resuelve y 128,374 están sentenciados.
Tercero.
De acuerdo al relator competente por parte de Naciones Unidas, se estima que el costo en México del sistema penitenciario diario es de 300 millones de pesos diarios, o sea, lo que significa alimentación, uniformes, guardia y seguridad, honorarios de la infraestructura penitenciaria, pago de electricidad, agua, programas como Ave Fénix, que aprovechando toda esta infraestructura cobra por propiciar condiciones más favorables para la supuesta reinserción, de igual forma, Pastoral Penitenciaria, por citar algunas organizaciones de esta naturaleza. Todo ello, sin omitir el socorro de ley para internos el fuero federal y del fuero común. Cifras que impresionan frente al olvido y la improvisación de quienes tienen la responsabilidad de la reinserción social.
La Conferencia Nacional de Prevención y Readaptación Social, la Academia para profesionalizar los cuerpos de seguridad en esta materia, el manejo de las Secretarias de Seguridad Pública estatales, los recursos del sistema nacional y estatales de seguridad pública FOSEG y SUBSEMUN- y todo el andamiaje jurídico-operativo que existe en el sistema mexicano, anula su trabajo con la realidad de las cárceles en nuestro país. Autogobierno, corrupción, pago de piso, fajinas, lista, sesiones del Consejo Técnico para favorecer preliberaciones, ubicación, explotación en industrias penitenciarias, adicciones y demás vicios añejos que laceran y anulan cualquier vestigio de dignidad humana.
En ese estadio de cosas, destacan la construcción de nuevos penales con inversiones de más de 4 mil millones de pesos, cuyo soporte es la tecnología y el alquiler a los gobiernos caso Morelos- de los servicios que ahí se desarrollan, salvo el de seguridad y custodia.
Como se aprecia el negocio carcelario es multimillonario para quienes se encargan bajo la supuesta bandera de la reinserción social de llevarlo a cabo, con el costo de la degradación de la salud social, inseguridad, opacidad véase los informes de Organismos de Naciones Unidas para estos rubros- y casi nula la eficacia en la administración y procuración de la justicia.
Por lo expuesto:
Solicitamos al titular del Poder Ejecutivo Federal, Maestro Felipe de Jesús Calderón Hinojosa gire las instrucciones necesarias a fin de solventar lo que atenta y respetuosamente se solicita en el presente, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a los poderes Legislativo y Judicial un informe que brinden a la sociedad en su conjunto y a nuestro organismo, sobre el estado que guardan los centros penitenciarios, el presupuesto erogado en esta administración, los recursos destinados a este sector por parte del Plan Mérida y el balance como resultado de este sexenio, para ser analizado y evaluado por los organismos internacionales y avalado por las redes sociales constituidas como observatorios ciudadanos.
Lo anterior con fundamento en los artículos 1, 8, 103, 108, 109, 113 y 136 de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en sus leyes federales reglamentarias, tratados y demás normatividad misma que es de su profesional conocimiento, no omitiendo manifestar que las instrucciones que se generan en su despacho "Oficina de Presidencia" han resultado obsoletas, en virtud que sus secretarios de despacho no le dan cumplimiento alguno, como se pude demostrar en cualquier momento.
Reciban un cordial saludo, protestando toda nuestra atención y disposición a construir acuerdo en aras del buen gobierno y una administración responsable y digna para el pueblo mexicano.
Por una sociedad sana.
Dr. Daniel Montero Zendejas
Presidente.
EEM
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