Cuentas Claras
La academia que se esfumó
Jorge Carrillo Olea, La Jornada
De esas frases que se hacen comunes, es recurrente en los discursos de las campañas y del propio Presidente sobarnos con: "Volveré el Ejército a sus cuarteles mediante una policía acreditable". Tales reincidencias, además de ya fatigosas, son falsas, pues carecen de sustento. Recordar que como ráfaga, la señora Jose prometió en Matamoros crear una policía de 150 mil efectivos y horas después Quadri subió la puja a 500 mil. AMLO ofreció en Monterrey "una nueva policía". ¡De dónde los irán a importar, qué pobreza de conocimiento o de respeto al votante!
La lastimosa verdad es que ninguno de ellos, ni todos los que sigan por ese camino de buscar soluciones maravillosas, tienen ningún futuro si olvidan lo que es concluyente: no hay desarrollo profesional sin educación. Toda meta para una nueva policía es imposible sin una amplia estructura educativa que es el eje ineludible del cambio.
En 1987 se inició el anteproyecto de una academia nacional de servicios policiales dentro del Programa Nacional de Seguridad Pública promovido por el presidente Miguel de la Madrid. Todo ello fue enterrado dos años después por el siguiente secretario de Gobernación. El anteproyecto responsablemente se denominaba así porque era de la envergadura necesaria para atender en definitiva el problema de la formación de recursos humanos policiales preventivos y judiciales en estos órdenes:
Uno: Federales, policías preventivos, judiciales y peritos en ciertas especialidades.
Dos: Estatales, con un mecanismo de subrogación. La formación de policías preventivos y judiciales es inalcanzable para aquellos estados que por sus dimensiones institucionales, técnicas y financieras no son capaces de atender sus necesidades.
Tres: Inducción, asesoría y apoyo técnico y financiero para el desarrollo de academias estatales para la formación de policías preventivos y judiciales. Incluía definir una propuesta de política educativa, planes de estudio, reclutamiento, especialización y apoyo a profesorado.
Cuatro: Ofrecer educación continua y a distancia sistemáticamente.
La oferta de plazas tendría el atractivo de una titulación como técnico, técnico superior y profesionista universitario, de acuerdo con las necesidades. La academia adoptaría la definición de su modelo educativo en congruencia con los fundamentos de una educación moderna: aprender a conocer el deber ser, aprender a hacer bien lo que éste encomienda, aprender a convivir con la sociedad y concebirse como un ser responsable y comprometido.
La asistencia del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y la Asociación Nacional de Instituciones de Enseñanza Superior (ANUIES), a pesar de una aparente diferencia de misiones, se estimó central.
Largas pláticas se llevaron a cabo con el entonces secretario general ejecutivo de la segunda, doctor Rafael Velasco Fernández. Ya entonces, ANUIES promovía académicamente, normaba y asesoraba a más de cien universidades e institutos en el país.
Con el Instituto Nacional de Ciencias Penales se buscaría la más comprometida coordinación y complementación para ofrecer especializaciones de alto nivel para ciertas particularidades de forenses y de profesorado, dejando para la academia sólo aquellas de práctica común en la profesión pericial judicial en habilidades básicas, técnicas y genéricas. Si bien con diseños cardinales comunes, cada campus, desde el punto de vista académico, poseería la oferta de ciertas especialidades que, siendo de alto perfil, su alumnado no fuera numeroso.
La ubicación física de la infraestructura, de suma importancia por la regionalización de la oferta educativa, se concibió preliminarmente con la dirección general en el Distrito Federal y los campus en seis estados: Sonora, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Veracruz y Yucatán.
Los gobernadores Álvarez del Castillo, de Jalisco; Piña Olaya, de Puebla, y Gutiérrez Barrios, de Veracruz, determinaron los terrenos que habrían de ser destinados al desarrollo de la infraestructura civil, ofrecieron su donación y se inició en Guadalajara el levantamiento topográfico de ese futuro campus que, por las urgencias claras desde entonces, sería el primero en arrancar.
Sería entendible la crítica a una aparente desmesura del anteproyecto. Ocurriría como lógica. No acabamos de ponderar la magnitud y terrible complejidad del vacío antisocial que es la inseguridad pública. Queremos mejores policías, pero somos escépticos respecto del esfuerzo necesario para lograrlos. Se requiere antes que nada decisión y perseverante voluntad, los mejores recursos humanos, tecnológicos nacionales o extranjeros, inversión de capital importante en desarrollo de infraestructura y gasto corriente con un horizonte amplio, y tiempo, mucho tiempo, programación y destreza ejecutiva. El desarrollo y ya claras señas de maduración del proyecto tomarían muy posiblemente seis años.
¿Qué pasó con aquel anteproyecto? Lo sintetizaría en palabras del secretario de Gobernación al presidente de la República en una sesión del gabinete de seguridad nacional a principios de 1989: "Se me haría muy complicado manejar conjuntamente a la política y a la policía". Testigos, los titulares de Relaciones Exteriores, Defensa y Marina, SPP, Comunicaciones y PGR.
Evidentemente, el presidente Calderón y los candidatos a la Presidencia de la República cuando se refieren a "una nueva policía" no tienen idea del alcance y la complejidad de lo que expresan o los cautiva un gran cinismo. Así no se puede anticipar un futuro estimulante. En Puebla, Calderón inauguró un edificio, no una institución.
gilberto
