Migración

Activistas en EU refuerzan su campaña para detener la deportación de inmigrantes

2013-10-14

Casi 12 millones de inmigrantes viven en EU sin autorización, y el gobierno del presidente...

MIRIAM JORDAN, WSJ

Impacientes por una reforma inmigratoria, muchos activistas estadounidenses están transfiriendo su atención del Congreso al presidente Barack Obama, a quien responsabilizan de la política de deportación que ha estado expulsando a inmigrantes de Estados Unidos a un ritmo de 1.100 al día, mucho más que durante el gobierno de George W. Bush.

Durante el fin de semana, organizaciones de inmigrantes y de derechos civiles se reunieron en Phoenix para planear su próximo paso, probablemente demandas, actos de desobediencia civil y protestas, similares a las manifestaciones del viernes en Tucson, Arizona, en las que activistas se encadenaron a autobuses que transportaban a inmigrantes detenidos. El grupo también bloqueó una entrada a un tribunal federal en un intento por frustrar procesos que probablemente resultarían en deportaciones.

Casi 12 millones de inmigrantes viven en EE.UU. sin autorización, y el gobierno del presidente Obama ha deportado unos 400.000 al año.

"Queremos que el presidente suspenda las deportaciones sistemáticas, particularmente de personas que cumplirían los requisitos de una legalización" en caso de que el Congreso cree un nuevo sistema de inmigración, dijo Chris Newman, director legal de la National Day Laborer Organizing Network (Red nacional de organizaciones de jornaleros), el grupo al frente de la campaña.

Edna Monroy, líder de la California Immigrant Youth Justice Alliance (Alianza de California para la justicia de jóvenes inmigrantes), cuyos miembros asistieron a la reunión de Phoenix, agregó: "El presidente tiene la autoridad de detener las deportaciones. Hasta que use esa autoridad, las vamos a detener nosotros".

El mandatario ha dicho en el pasado que él no puede congelar de forma unilateral las deportaciones. La vocera de la Casa Blanca Katherine Vargas dijo en un mensaje de voz que no estaba disponible para comentar debido al cierre parcial del gobierno. El Immigration and Customs Enforcement (Servicio de inmigración y control de aduanas, o ISE, por sus siglas en inglés) tampoco respondió a llamadas de este diario.

El año pasado, el gobierno del presidente Obama ofreció alivio para un grupo de inmigrantes indocumentados.

Protestas y presión de jóvenes sin papeles, conocidos en inglés como Dreamers, que propusieron una vía a la legalización, culminó con la decisión de Obama de suspender sus deportaciones y otorgarles la oportunidad de obtener permisos de trabajo, sin darles estatus legal completo.

Newman dijo que los activistas exigirán una "amplia expansión" de esa iniciativa, para "permitir un respiro a las personas que al final cumplirán los requisitos para ser ciudadanos" si una reforma es aprobada por el Congreso.

Expertos dicen que con la erosión de la confianza en Obama entre los inmigrantes, especialmente dentro de la comunidad hispana, se puede concebir que otorgará estatus legal provisional a más inmigrantes indocumentados si el Congreso no actúa en los próximos meses.

Pero los oponentes a la reforma dicen que cualquier medida para otorgar algún tipo de estatus provisional se saltaría la autoridad del Congreso para legislar.

Dan Stein, presidente de la Federation for American Immigration Reform (Federación para una reforma migratoria estadounidense), una organización que ha hecho lobby contra el programa de legalización, lo considera "inconstitucional".

"La idea de que el presidente ignore las leyes actuales con base en la posibilidad de que alguna legislación pueda ser aprobada en el futuro es una fantasía", dijo.

En junio, las posibilidades de una reforma migratoria parecían mejores luego de que el Senado aprobó un proyecto bipartidista. Pero en la Cámara de Representantes, los legisladores han favorecido proyectos menos sistemáticos y han estado divididos sobre si ofrecer ciudadanía a aquellos legalizados. Problemas internos recientes, como el debate del límite de la deuda y la paralización parcial del gobierno, también han desplazado el debate de inmigración a segundo plano.

De todas formas, la campaña contra las deportaciones encontró una oportunidad las semana pasada cuando el gobernador de California, Jerry Brown, firmó una ley que prohíbe a los agentes policiales del estado detener para transferir al ICE a inmigrantes indocumentados que han sido arrestados por crímenes menores, como violaciones de tránsito.

California es el segundo estado después de Connecticut en aprobar una medida semejante, y se espera que otros hagan lo mismo. New Orleans y Newark, en Nueva Jersey, están entre las ciudades que han dejado de cooperar con aspectos del programa federal llamado "Comunidades seguras".

Algunos dicen que este programa desalienta a los inmigrantes a denunciar crímenes, por miedo a entrar en contacto con la policía, y agregan que eso ha socavado la seguridad pública y separado a las familias.



EEM

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