Summum de la Justicia

El "usted disculpe" no es suficiente

2015-08-09

Si bien la liberación de Óscar Montes de Oca se logró gracias al apoyo social...

Editorial de La Jornada

Tras siete días de enfrentar un proceso penal plagado de irregularidades, ayer recuperó su libertad Óscar Álvaro Montes de Oca, trabajador y egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), arrestado el viernes 31 de julio por la acusación de transportar 20 kilogramos de cocaína en una maleta. El universitario fue detenido por autoridades aduanales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando volvía de un viaje a Argentina, en un vuelo que hizo escalas en Lima y Bogotá. Según ha sostenido desde un principio, el joven de 23 años no encontró su maleta en la banda transportadora, pero los agentes le imputaron la propiedad de una que nunca reconoció y las autoridades le fincaron cargos por delitos contra la salud, por los cuales fue remitido al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4 en Tepic, Nayarit.

La liberación se produjo gracias a la reacción inmediata de familiares y amigos de Montes de Oca, quienes desde el sábado comenzaron una campaña en redes sociales para defender la inocencia del sociólogo, esfuerzo en el cual contaron con el apoyo firme de la eectoría de la UAEM, incluso del gobierno mexiquense, encabezado por Eruviel Ávila. La acusación se volvió insostenible cuando la aerolínea Avianca entregó al equipo jurídico de la UAEM pruebas documentales de que la maleta registrada en Buenos Aires no guardaba ningún parecido con la atribuida a Montes de Oca en la ciudad de México. Ante la evidencia, la Procuraduría General de la República (PGR) se desistió de los cargos y el juzgado décimo primero de distrito en procesos penales federales ordenó su inmediata libertad.

Si bien la liberación de Óscar Montes de Oca se logró gracias al apoyo social e institucional que recibió de inmediato, es motivo de alarma que en México la obtención de justicia requiera de visibilidad pública y redes de respaldo. Si bien cabe felicitarse por la rectificación de la justicia en este caso, cabe preguntarse cuántos han desembocado en inocentes atrapados dentro del sistema penal por no contar con apoyo social alguno.

Porque, desafortunadamente, este episodio dista de ser excepcional. La fabricación de culpables ha mostrado ser una práctica enraizada entre las autoridades ministeriales de todos los niveles. Para no ir más lejos, cabe recordar que durante los 12 años de administraciones federales panistas hubo innumerables casos de fabricación de culpables para ocultar la torpeza e inoperancia de los cuerpos policiacos y de la propia procuraduría: las motivaciones políticas de muchos de los grandes procesos jurídicos impulsados por los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón quedaron expuestas al caerse las acusaciones por falta de pruebas o violaciones al debido proceso.

En la presente administración destaca, por las características y la relevancia del caso, el arresto de más de cien personas presuntamente implicadas en el asesinato de tres normalistas de Ayotzinapa y la desaparición de otros 43. Los señalamientos de tortura en la investigación sostenida como "verdad histórica" por el entonces procurador Jesús Murillo Karam despiertan fuerte suspicacia sobre la veracidad de los cargos, así como acerca de la calidad y el apego a derecho de la investigación. Ante un hecho tan grave como el de los estudiantes desaparecidos en Iguala sería de extrema gravedad que una conducción deficiente de las diligencias ministeriales resultara en impunidad para los responsables reales.

La ineficacia del sistema de procuración e impartición de justicia, que desemboca en desastres tan imperdonables como la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera de un penal de supuesta alta seguridad, se explica también por la tendencia recurrente a fabricar culpables. Por ello, quienes arrestaron y consignaron injustificadamente a Óscar Álvaro Montes de Oca deben ser sometidos al deslinde de responsabilidades y a las imputaciones a que haya lugar por este claro abuso de autoridad. Ante el atropello a los derechos de un ciudadano, independientemente de su posición social y económica, no basta con el consabido "usted disculpe".



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