Incapacidad e Incompetencia

¿Quieren ganar la guerra al crimen organizado?

2016-02-17

Por falta de voluntad o por impotencia, Washington hace poquísimo para frenar el contrabando...

Sergio Aguayo, Proceso

Les sonará absurdo, pero tengo la impresión de que los gobiernos de México y Estados Unidos nunca han deseado ganar la guerra contra el crimen organizado y tampoco se interesan por el costo humano. Lanzo esta hipótesis de trabajo por la pertinaz pasividad con la que tratan la invasión de armas ilegales provenientes de un mercado negro alimentado por Estados Unidos en un 70 por ciento (el resto viene de policías deshonestos y de otros países).

Una prueba que apuntala la hipótesis aparece en las crónicas del enfrentamiento entre la guardia de El Chapo Guzmán y los marinos durante su última captura. El gobierno mexicano no hizo ningún comentario acerca del tipo de armamento que encontró. Por su parte, los medios de comunicación mencionaron el tema sólo de pasada, y cuando lo hicieron fue con imprecisiones. El más certero fue Carlos Loret de Mola quien, en su columna para El Universal, refirió que los marinos encontraron "cuernos de chivo y R-15 […], granadas, tres metralletas Barret calibre .50 y dos lanzacohetes RPG de fabricación rusa". Le faltaron cifras exactas y erró al calificar como "metralletas" los fusiles de francotirador Barret .50 (en sentido estricto, éstos son armas de guerra, pues se trata de "rifles anti-materiales" diseñados para la destrucción de equipos militares).

Allá en Estados Unidos sólo se interesaron por las armas de El Chapo cuando Fox News reveló que entre las ocho analizadas por los agentes de la ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) estaba uno de los 34 Barret enviados a México como parte de la operación Rápido y Furioso (entre el 2009 y el 2011, Washington permitió que criminales compraran y transportaran armas a México para rastrearlas cuando fueran utilizadas para matar o herir a mexicanos). Sigue sin establecerse con claridad qué funcionarios calderonistas aprobaron tal barbaridad, y hasta la fecha han sido asesinados más de 200 mexicanos con los rifles de Rápido y Furioso.

Desde la óptica militar, estamos ante un desdén absurdo de dos gobiernos que han declarado la guerra al crimen organizado, pues una regla elemental es interrumpir al enemigo las rutas de suministro bélico. La batalla de Stalingrado se definió cuando los soviéticos cercaron, en noviembre de 1942, al Sexto Ejército alemán (además del Cuarto) que se desmoronó a medida que se agotaban sus reservas de munición, gasolina y alimentos. Durante la guerra de Vietnam, Estados Unidos hizo hasta lo imposible por destruir los 16 mil kilómetros de túneles y senderos selváticos del Sendero de Ho Chi Minh, que servían para transportar efectivos, armas, alimentos y municiones a Vietnam del Sur. Nunca pudo y, en parte, por ello Washington terminó dándose por vencido.

Quienes gobiernan Estados Unidos evaden su responsabilidad por el trasiego de armas a México porque están maniatados por la NRA (Asociación Nacional del Rifle), que se ha convertido en paradigma del poder fáctico. Esta curiosa mezcla de movimiento social, grupo de presión y secta religiosa ha tenido la capacidad de frenar cualquier intento de control respecto de la venta de armas en Estados Unidos.

Por otro lado, el interés mediático estadunidense por Rápido y Furioso no se origina en sentimientos de culpa desencadenados por la sangre mexicana derramada. Más bien, es resultado del asesinato, en diciembre de 2010, de Brian Terry, agente de la Patrulla Fronteriza, con un arma de ese programa. También influye que los republicanos se apropiaran del programa para golpear a Barack Obama. Las vidas mexicanas no les importan.

Las estadísticas son muy claras: En la medida en que ingresan al país armas más letales (la mayoría provenientes de Estados Unidos), hay más entierros. El análisis de los homicidios en México muestra que en 2001 el 25% se cometió con armas de fuego, mientras que en 2015 aumentaron al 56%.

En el 2009, la guerra contra el narco ya cimbraba al país, y el gabinete de seguridad de Felipe Calderón se desentendió en la práctica del contrabando de armas. Según un cable de Wikileaks de octubre de aquel año, la información sobre el número de serie de las armas incautadas al crimen organizado se caracterizaba por lo "incompleta", pues la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional seguían ¡metodologías diferentes! A Washington tampoco le interesaba demasiado que se resolviera, ya que en ese momento aún entregaba en inglés los formularios que debían llenar los funcionarios mexicanos para solicitar a Estados Unidos que se rastreara el número de serie para saber el lugar de fabricación y venta (Etrace). Poco después, se haría una versión en español.

Por falta de voluntad o por impotencia, Washington hace poquísimo para frenar el contrabando de estos productos. Pero hay que reconocer que siempre ha producido informes bastante precisos (México ni eso). En enero de 2016, hace unos días, la Oficina de Contabilidad del Gobierno, GAO (Government Accountability Office) difundió un buen informe en el que asegura que se deterioró el control sobre el tráfico de armas con la llegada de Enrique Peña Nieto porque: a) cuando iniciaba su gobierno se desbandó a una unidad confiable y experimentada en la mecánica del rastreo (no se aclara en qué dependencia estaba ubicada); b) se concentró el esfuerzo en una sola oficina de la PGR, por lo que se desplomó drásticamente el número de rastreos, y c) se interrumpieron las reuniones de un grupo binacional especializado (GC Armas). Al parecer, la situación ha mejorado un poco, sin que ello signifique una política agresiva para frenar el contrabando.

Enrique Peña Nieto es comandante en jefe en una guerra que parece no querer ganar. Como los Estados Unidos tampoco pueden o quieren, continuará la llegada de material bélico para el crimen organizado, y se incrementará el costo humano de un conflicto que se eterniza. Para corregir esta situación los medios de comunicación deben incorporar a sus prioridades el asunto, y las organizaciones de víctimas añadir este ángulo a sus exigencias. En tanto eso no cambie, ambos gobiernos seguirán aparentando que desean la victoria, cuando lo único que hacen es simular.



LAL
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