Enfoque
Cómo lograr una paz duradera en Colombia
Por Humberto de la Calle, The Wall Street Journal
Durante más de medio siglo, Colombia ha soportado una sangrienta guerra interna que ha cobrado la vida de muchos y ha causado un intenso dolor a millones de víctimas. El conflicto ha desplazado de sus hogares a millones de campesinos lo que ha impedido la capacidad del país de crecer y prosperar.
Durante décadas, gobiernos sucesivos en Colombia han buscado infructuosamente la paz. Después de adelantar esfuerzos decisivos para derrotar a la guerrilla de las FARC, el presidente Juan Manuel Santos está liderando un prometedor proceso de paz. Yo soy el jefe negociador de Colombia en los diálogos.
La iniciativa presidencial de paz se hace desde una posición de fortaleza, no de debilidad. Un acuerdo honorable que respete los valores fundamentales de la democracia colombiana, el estado de derecho y el sistema económico de la nación es la única forma de poner fin a cualquier conflicto interno.
Las negociaciones han sido transparentes, honestas y conducidas en frente del pueblo colombiano y la comunidad internacional. Compresiblemente, los contactos iniciales entre el gobierno y las FARC fueron confidenciales para proteger la viabilidad inicial del proceso. Tan pronto como se definió una agenda, las negociaciones fueron hechas públicas. Cuando se ha llegado a acuerdos parciales, éstos han sido presentados al público.
En cuanto al propio acuerdo, hay varios factores que deben ser subrayados. Habrá sanciones para los responsables de delitos serios, no habrá amnistía. El acuerdo colombiano es notable porque ha incluido, desde un comienzo, sanciones para individuos que cometieron delitos graves. Aquellos responsables por delitos graves tendrán que rendir cuentas ante los tribunales por sus acciones. Si aquellos que son condenados reconocen su responsabilidad, compensan a sus víctimas y prometen no reincidir, recibirán una sentencia reducida. Aquellos que no confiesen y sean condenados irán a la cárcel por hasta 20 años.
Además de sancionar a los miembros de la guerrilla responsables por delitos graves, el acuerdo le dará un trato justo a los miembros de las fuerzas armadas responsables de delitos graves. Estos miembros de las fuerzas armadas tendrán que responder ante un tribunal y, de ser condenados, tendrán la oportunidad de colaborar en investigaciones a cambio de una reducción de sus sentencias. El general Jorge Enrique Mora, ex comandante de las Fuerzas Armadas, y el general Óscar Naranjo, ex director de la Policía Nacional, son dos de los negociadores del gobierno, y la provisión ha ganado la aprobación generalizada de los miembros de las fuerzas armadas.
Una de los pilares de este proceso de paz son los derechos y la reparación de las víctimas. Sin la reparación de las víctimas —incluyendo todos los derechos ampliamente reconocidos: verdad, justicia, reparación económica y certeza de que no volverán a ser víctimas en el futuro— no habrá paz duradera en Colombia.
Contrario a lo que afirman críticos de las negociaciones, la guerrilla dejará las armas en un proceso que será supervisado por un mecanismo tripartito que incluye a la Organización de las Naciones Unidas.
El acuerdo final debe ser aprobado por las instituciones democráticas de Colombia: el Congreso debe ratificarlo, y luego el acuerdo será revisado por la Corte Constitucional —el máximo tribunal en Colombia— para certificar que se ajusta a la ley.
Desde un inicio, el presidente Santos hizo un compromiso público: los ciudadanos colombianos tendrán la última palabra. Conforme lo prometido, para que el acuerdo final entre en vigencia, debe ser aprobado por los colombianos a través de un plebiscito.
Para facilitar la implementación de varios aspectos del acuerdo, se pondrá en marcha en el Congreso un procedimiento de vía rápida, pero esa provisión no invalidará de ninguna forma la autoridad congresional ni los poderes legislativos.
Ha sido gratificante ver el apoyo alrededor del mundo al proceso de paz en Colombia: del gobierno del presidente Barack Obama y el Congreso de Estados Unidos, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la Unión Europea, y de vecinos de Colombia, así como de otros países. Sus promesas de apoyar la reconciliación y los esfuerzos posconflicto de Colombia resaltan el significado de esta histórica iniciativa de paz y son muy apreciadas.
El presidente Santos tiene la determinación de buscar la paz. Ese fue el mandato de su reelección en 2014, pero el acuerdo debe beneficiar a todos los colombianos y respetar los valores y las instituciones de la nación. Entonces, Colombia tendrá la oportunidad de lograr su potencial pleno como una democracia estable que promueve el progreso económico y social.
“El hecho es que EU sigue siendo uno de los lugares más fáciles del mundo para crear empresas fantasmas anónimas”, dijo Stefanie Ostfeld, jefa de la oficina de EU de Global Witness, una organización de investigación. “Es absolutamente un impedimento para los investigadores que están tratando de seguir la pista del dinero en todo tipo de crímenes”.
Mossack Fonseca ha dicho que la fuga de datos es ilegal y ha negado cualquier irregularidad en la creación de las sociedades off-shore. También dice que no debería tener que entregar la extensa información requerida en el procedimiento de Nevada, porque no opera en EU y porque está obligada contractualmente a mantener confidencialidad respecto de la información de sus clientes.
La representación legal de esas empresas en EU estaba a cargo M.F. Corporate Services Nevada. En una declaración jurada de 2015, Jürgen Mossack, uno de los fundadores de Mossack Fonseca, dijo que su empresa no tenía una relación de matriz-filial con M. F. Nevada y que no controlaba sus asuntos internos.
Ese es un punto que NML disputa. El fondo de cobertura presentó sus alegaciones de obstrucción después de revisar los correos electrónicos internos de Mossack Fonseca que fueron publicados en abril por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el grupo que dio a conocer los Panama Papers. Los correos electrónicos, que también fueron revisados por The Wall Street Journal, parecen mostrar que los funcionarios de Mossack Fonseca hablaron de borrar información de las computadoras en las oficinas de M. F. Nevada, para impedir que la Corte averiguara los vínculos de la firma de abogados con M. F. Nevada.
“Creo que en esta situación podría ser obvio que estamos ocultando algo”, escribió en un correo electrónico el director de tecnología informática de Mossack Fonseca a los abogados de la empresa. “Un auditor de sistemas con conocimientos básicos de auditoría podría detectar esto”.
Los correos electrónicos fueron enviados días después de que los abogados de NML depusieron a Patricia Amunátegui, quien dirigió M. F. Nevada por más de una década. Amunátegui dijo a la corte en 2014 que Mossack Fonseca era el único cliente de la empresa que proporcionaba servicios de gestión, incluyendo apoyo de tecnología de la información. Ella dijo que no sabía quién era el dueño de la empresa, o si las iniciales “M. F.” en M. F. Nevada se refirían a Mossack Fonseca.
Amunátegui y su abogado declinaron hacer comentarios. M. F. Nevada no respondió a solicitudes de comentarios.
Mossack Fonseca dijo que los mensajes de correo electrónico en cuestión no muestran ningún delito.
“No hay nada en las comunicaciones que demuestren ninguna inconducta por parte de Mossack Fonseca”, dijo la portavoz.
El año pasado, el juez federal Cam Ferenbach, que estaba supervisando la demanda, acordó con NML que la empresa de Nevada era un “alter ego” o un instrumento de Mossack Fonseca.
En mayo, el estado de Nevada aplicó a M.F.Nevada una multa civil de US$10,000, el máximo permitido por la ley estatal, por no mantener actualizada la información de contacto de sus clientes. Poco después, M. F. Nevada renunció como representante de las empresas fantasma en el estado. El abogado de la compañía dijo en la corte el mes pasado que la empresa había cerrado sus operaciones y que podría disolverse.
Ahora, Mossack Fonseca está resistiendo la embestida de NML.
Personas familiarizadas con el caso dicen que las partes podrían llegar a un acuerdo, lo que podría dar a Singer otra victoria legal. El gestor de fondos de cobertura no sólo venció a Argentina en la corte, sino que forzó al país a pagar sus costas legales.
JMRS
