Tras Bambalinas

Colombia recompensa al narcoterrorismo

2016-07-10

Los acuerdos con las FARC son ingeniosos en la forma en la que disfrazan la impunidad. Aunque...

Álvaro Uribe Vélez, The Wall Street Journal

El gobierno de Colombia ha estado negociando desde 2012 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para poner fin a su campaña narcoterrorista de décadas contra el pueblo colombiano. El presidente Juan Manuel Santos ha dicho que espera tener un acuerdo final en pocas semanas, para luego someter su ratificación a un plebiscito. Pero la paz en Colombia será sostenible sólo si se logra a través de un compromiso genuino de justicia, reparación para las víctimas y el fin definitivo de la violencia de las FARC en términos aceptables para las víctimas y para el pueblo colombiano en general.

Las actuales negociaciones no aseguran una rendición de cuentas genuina por parte de los miembros de las FARC responsables de crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos, y que sean castigados aquellos culpables de secuestros, asesinato, abortos forzados, desplazamiento armado, ataques indiscriminados contra mujeres y niños inocentes. Por el contrario, el llamado acuerdo de paz servirá como un manto grueso de impunidad.

Los acuerdos con las FARC son ingeniosos en la forma en la que disfrazan la impunidad. Aunque habrá investigaciones, juicios y sentencias por violaciones de derechos humanos, quienes se declaren culpables serán eximidos en cada caso de pasar tiempo en la cárcel. El acuerdo garantiza explícitamente a los violadores de derechos humanos condenados y confesos el derecho a postularse a un cargo de elección popular, un derecho del que la Constitución colombiana priva a delincuentes convictos. Piense en lo que pasará: los líderes de las FARC que dieron órdenes de llevar a cabo masacres, secuestros, reclutamiento de menores y extorsiones se postularán ahora para alcaldes y gobernadores de las regiones que victimizaron.

El acuerdo también garantiza amnistía total por el tráfico de drogas. Al ser designado como un “delito político”, el narcotráfico se puede beneficiar de la amnistía del Ejecutivo. No habrá cárcel en Colombia o extradición a Estados Unidos para quienes dirigen el cartel de la cocaína más grande del mundo.

Para empeorar las cosas, el acuerdo no incluye una exigencia para que las FARC entreguen los miles de millones de dólares en activos ilegales que han amasado a través del tráfico de drogas. Los contribuyentes colombianos y estadounidenses (los segundos a través de la ayuda de Washington al gobierno colombiano) tendrán que soportar toda la carga de las reparaciones económicas para las víctimas de las FARC.

La vasta fortuna ilegal de las FARC será usada sin duda para avanzar su agenda “política” después de su “transición” a partido político. Dado el tamaño de su fortuna mal habida, las FARC se convertirán por mucho en la organización política más rica del país, lo cual pondrá en peligro seriamente la estabilidad de la democracia colombiana.

Las negociaciones ya han envalentonado a las FARC y han impulsado el negocio de las drogas. En gran parte gracias al Plan Colombia —el programa militar, diplomático y económico de EU para luchar contra el narcoterrorismo y los carteles del narcotráfico en Colombia— el potencial de producción de cocaína de Colombia se redujo de 585 toneladas a 180 toneladas entre 2002 y 2011. Pero las negociaciones y las concesiones a las FARC han revertido esa tendencia. Según la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, el potencial de producción de cocaína de Colombia había alcanzado 420 toneladas en 2015.

También existen serias dudas sobre la autenticidad del proceso de ratificación democrática propuesto por el gobierno colombiano. Tal y como están las cosas, los complejos acuerdos alcanzados con las FARC serán presentados a los ciudadanos en la forma engañosa de preguntas simples que se pueden responder con “sí” o “no”, sin permitir que la gente decida sobre los méritos de los diversos puntos: sobre justicia transicional, política de desarrollo rural, “democratización” política y otros. También es preocupante que el gobierno haya presionado por una enmienda constitucional que reduce el umbral de participación de 50% a 13% de aquellos habilitados para votar, lo que asegura la aprobación del plebiscito a través del uso de fondos públicos para movilizar las maquinarias políticas locales, pero a costa de un mandato democrático significativo.

Sin un mecanismo genuino de participación, deliberación y ratificación democrática, es dudoso que estos cuestionables acuerdos disfruten del apoyo popular necesario para llevar a la estabilidad y la paz. Si hay algo que Colombia ha aprendido durante las décadas de intentos de negociación con otros grupos terroristas es que la impunidad siempre se convierte en la semilla de nuevas formas de violencia.



JMRS