Sin Vergüenza
¿A dónde fue el dinero de Veracruz?
Alberto J. Olvera, El País
Veracruz se ha vuelto mundialmente famoso gracias a las trapacerías de su exgobernador Javier Duarte. Hoy sabemos, gracias a la delación del abogado que diseñó los mecanismos de compra fraudulenta de bienes, que Duarte se hizo de innumerables propiedades en México y en el extranjero a través de prestanombres y de empresas fantasma. Sin embargo, cabe preguntarse si la extrema corrupción del gobernador, sus familiares y amigos, es suficiente para crear un hueco fiscal tan grande que equivale a un año y medio del presupuesto público estatal.
La tragedia de Veracruz es también la consecuencia de un estilo de control político característico del PRI, tanto en el pasado como en el presente. El gobierno estatal ha usado los recursos públicos de manera discrecional para pagar los favores políticos de los sindicatos de trabajadores del sector público, la lealtad de centenares de pequeñas organizaciones campesinas y de colonos urbanos, el halago de los medios de comunicación y la complicidad de múltiples empresarios que se prestaron al juego corrupto del régimen.
Un par de ejemplos para entender la magnitud del problema. En aras de evitar la resistencia de los profesores a las nuevas reglas impuestas por la llamada "Reforma Educativa", los gobiernos estatales ofrecieron pagos adicionales a los autorizados a todos los sindicatos magisteriales. Exóticas prestaciones, como el "bono de imagen", florecieron en todo el país como mecanismo de compra de voluntades. Los gobernadores sabían que esta estrategia sería impagable a la larga. No obstante, esta práctica se hizo extensiva a otros sindicatos del sector público. Por otro lado, múltiples grupos de campesinos y pobladores urbanos movilizados en todo el estado, tanto por causas legítimas derivadas de añejos conflictos, como por meros actos de chantaje político al gobierno, recibieron también apoyos extraordinarios que no tenían sustento en el presupuesto público. A cambio, se esperaba de ellos lealtad electoral.
Para pagar estos costos políticos, el gobierno echó mano de recursos federales destinados a fines esenciales, como el subsidio a la universidad pública, compra de medicamentos, construcción de caminos y otros. Así, funciones esenciales del gobierno estatal dejaron de ser cumplidas para financiar el gasto político del clientelismo generalizado. Este orden de cosas no sólo caracteriza a Veracruz, sino al país entero.
El llamado "déficit fiscal estructural" de los gobiernos subnacionales mexicanos es la consecuencia de la discrecionalidad con que se maneja la hacienda pública en ausencia de controles parlamentarios y de mecanismos de rendición de cuentas horizontal. El autoritarismo subnacional, que sólo puede mantener la gobernabilidad mediante la compra sistemática de la voluntad política de los ciudadanos movilizados, constituye un modelo político insostenible desde el punto de vista fiscal.
El interregno entre este viejo orden y uno nuevo fundado en el Estado de derecho, puede ser sumamente prolongado y doloroso. La corrupción moral de los sindicatos y la propia extensión del clientelismo como práctica social y por tanto como cultura, dotan al viejo orden de una base social dispuesta a resistir cualquier cambio que implique un límite a sus relativos privilegios.
La resistencia de la sociedad corporativa y de los grupos clientelares supera en mucho al escaso potencial de movilización de los ciudadanos comunes, sobretodo de los sectores más pobres, que no tienen la capacidad organizativa ni los recursos materiales necesarios para escenificar grandes protestas.
Esta es la tragedia de nuestro presente mexicano. El viejo régimen está en crisis y es insostenible material y moralmente, pero los actores sociales y políticos que deberían de desarrollar la movilización necesaria para imponer un cambio realmente democrático, no están a la vista. La larga decadencia de régimen autoritario se prolongará aún más creando gigantescos riesgos de involución autoritaria.
JMRS
