Las restricciones migratorias de Argentina generan fuertes críticas

Simon Romero y Daniel Politi

BUENOS AIRES – Argentina está tan acostumbrada a celebrar la inmigración como un pilar de la sociedad que un dicho del siglo XIX, “Gobernar es poblar”, sigue en uso hoy en día.

Sin embargo, en un cambio brusco que coincide con las restricciones migratorias establecidas por el gobierno estadounidense de Trump, el presidente Mauricio Macri emitió un decreto que frena la inmigración a Argentina y hasta declaró que los recién llegados de países más pobres de América Latina traen consigo el crimen.

Las medidas anunciadas por Macri a finales de enero han vuelto mucho más fácil deportar a los inmigrantes y restringir su entrada, lo que ha despertado comparaciones con Trump y ha dado pie a un debate feroz sobre la inmigración.

“Un decreto como este asusta a la gente”, dijo Arfang Diedhiou, de 33 años, un inmigrante senegalés que dirige su propia tienda de ropa en Buenos Aires. “Salió justo después de lo que hizo Trump, una coincidencia que me parece muy extraña”.

El presidente argentino, hijo de un inmigrante, ha hecho eco de alguna manera del tema “Estados Unidos primero” de Trump, dejando en claro que su “primera preocupación” debe ser “cuidar a los argentinos, cuidarnos a nosotros”.

“No podemos permitir que, por falta de acción, el crimen siga eligiendo a la Argentina para delinquir”, dijo Macri durante una conferencia de prensa.

Su decreto también ha renovado las críticas sobre sus lazos con el presidente estadounidense, a quien llama su amigo. En la década de los ochenta, Macri trabajó con su padre, un inmigrante italiano y magnate industrial, en un proyecto de bienes raíces en Nueva York que la familia terminó vendiendo a Trump.

Aunque las medidas migratorias de Macri no tienen un alcance tan amplio como la decisión de Trump de detener la entrada de refugiados de todo el mundo y congelar las visas de siete países predominantemente musulmanes, están provocando tensiones diplomáticas en la región. Algunos líderes de América Latina están atacando lo que consideran un intento de imitar las políticas migratorias de Trump y alimentar un sentimiento xenofóbico.

“Hermanos presidentes latinoamericanos, seamos patria grande: no sigamos políticas migratorias del norte”, escribió en Twitter el presidente de Bolivia, Evo Morales.

Sin embargo, las encuestas de opinión en Argentina muestran que hay un amplio apoyo a la limitación de la inmigración y algunos argentinos incluso dicen que el nuevo decreto se queda corto. Un miembro de derecha del congreso incluso está pidiendo que se construya un muro en la frontera con Bolivia.

Claudio Suárez, de 65 años, un trabajador de una pastelería en Buenos Aires, dice que los frenos a la inmigración son “fantásticos”.

“Nadie quiere que llegue la escoria de otros países”, dice. “Muchos extranjeros llegan aquí porque los servicios de salud y la educación son gratis. La ley debería ser aún más estricta”.

La historia de Argentina se ha escrito a partir de olas de inmigración a lo largo de las décadas. Después de que las guerras de conquista del siglo XIX acabaron con muchos pueblos nativos, las autoridades alentaron a millones de inmigrantes, sobre todo a los provenientes de Europa, a llegar para que ayudaran a poblar y desarrollar el país.

Varios gobiernos dieron la bienvenida a personas recién llegadas de América Latina, Asia y África, abriendo el camino hacia la ciudadanía para cientos de miles de inmigrantes y asegurando su acceso a escuelas públicas y servicios de salud.

Los funcionarios del gobierno de Macri, que asumió el cargo en 2015 jurando aminorar la polarización y revirtiendo las políticas económicas de su predecesora, Cristina Fernández de Kirchner, argumentan que se sigue manteniendo la apertura hacia los inmigrantes.

Horacio García, la máxima autoridad argentina en materia de migración, defendió la medida y dijo que Argentina seguirá siendo “un país hospitalario y abierto”.

El nuevo decreto de inmigración dice estar enfocado en combatir el crimen, argumentando que el 22 por ciento de los internos en el sistema penitenciario federal son extranjeros (si se toman en cuenta todas las prisiones del país, la cifra ronda el 6 por ciento).

El decreto menciona específicamente al “crimen organizado” como el motivo de las medidas enérgicas, pero extiende los delitos que justifican la expulsión o bloquean la entrada de manera que incluyan cualquier crimen que pudiera llevar a una sentencia de cárcel. A muchos les preocupa que los inmigrantes puedan ser deportados ahora por delitos menores, como bloquear una vía de tránsito durante una manifestación.

Los inmigrantes que busquen oponerse a una orden de deportación tendrán menos de una semana para presentar una apelación. Las medidas anteriores otorgaban 30 días para preparar una defensa y el derecho a contar con un abogado por parte del gobierno.

“Los inmigrantes penden de un hilo porque cualquier cosa podría ser la causa de la deportación”, dijo Gabriela Liguori, directora de la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes, un grupo que defiende los derechos de los inmigrantes.

No obstante, García, el funcionario de inmigración, dijo que las deportaciones solo se enfocarán en crímenes graves y argumentó que la medida era necesaria porque Argentina había quedado indefensa antes los criminales de otros países.

De cara a las críticas, los funcionarios del gobierno de Macri han tenido que aclarar que descartan la construcción de un muro al estilo del de Trump en la frontera con Bolivia.

“Nosotros no tenemos un problema con la inmigración, tenemos un problema con el narcotráfico y con el contrabando”, dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, después de que las autoridades bolivianas preguntaron por qué estaba señalando públicamente a los inmigrantes bolivianos, paraguayos y peruanos como objeto de escrutinio.

A pesar de la conexión de mucho tiempo de Macri con el presidente de Estados Unidos, la victoria de Trump puso al gobierno de Argentina en una posición incómoda. Después de todo, Macri no dejó en secreto que estaba a favor de Hillary Clinton y mencionó que Trump se enfocaba en construir muros.

Sin embargo, luego Macri pareció estar atando lazos con Trump, pues fue el primero de los líderes latinoamericanos en hablar con el presidente electo de Estados Unidos después de las elecciones. La llamada pronto despertó controversia. Un importante periodista argentino declaró que Trump había aprovechado la oportunidad para pedir la ayuda de Macri con el fin de conseguir la aprobación regulatoria para un proyecto de bienes raíces en Buenos Aires. Los voceros de ambos mandatarios negaron que hubiera sido así.

Las autoridades argentinas confirmaron más tarde que la empresa de Trump no contaba con los permisos necesarios para comenzar la construcción. Al final, los planes de una torre de Trump en Buenos Aires se cancelaron debido a la presión que enfrentó el presidente electo con respecto a posibles conflictos de intereses relacionados con tratos internacionales pendientes.

Los críticos afirman que las nuevas restricciones se enfocan en los inmigrantes pobres para distraer la atención de la economía, que permanece bastante inactiva más de un año después de que Macri subió al poder prometiendo que las políticas que favorecen al mercado conducirían al crecimiento.

El escrutinio a los inmigrantes en tiempos difíciles no es algo nuevo en Argentina, donde las autoridades alaban la historia del país de recibir a migrantes europeos mientras que presentan la inmigración de países vecinos como menos deseable, dijo el sociólogo Guillermo Kantor.

A finales de la década de los noventa, el gobierno del presidente Carlos Menen también tomó medidas drásticas hacia los inmigrantes, asociándolos con el crimen callejero. En 2014, Fernández de Kirchner, la expresidenta, amenazó con expulsar a los extranjeros que cometieran delitos tras una revisión del código penal emitida incluso después de que el gobierno había legalizado el estatus irregular de muchos inmigrantes.

Otras partes de América Latina también están enfrentando brotes de sentimientos en contra de los inmigrantes. Con su país sufriendo una crisis económica, Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, ordenó que se tuviera mano dura con los inmigrantes colombianos en 2015, con lo que muchos huyeron. Una ola de inmigrantes haitianos a Chile está alimentando el debate en ese país sobre el racismo y la discriminación.

En las calles de Buenos Aires, los inmigrantes tuvieron distintas reacciones hacia el decreto de Macri. Jesús Oriona, de 45 años, un boliviano que se mudó a Argentina cuando era adolescente, dijo que el gobierno simplemente estaba “echándole la culpa a los inmigrantes”.

Sin embargo, María Alejandra Alviarez, de 39 años, una enfermera de Venezuela que llegó a Argentina hace un año y trabaja en una tienda de alimentos para la salud, dijo que este país era “libre y abierto” antes del decreto.

“Macri no está diciendo que la gente no pueda migrar, y las personas calificadas como yo aún podrán venir aquí”, dijo.

Otros más aquí argumentan que el cambio es estratégico y que, con la mira en las elecciones legislativas que se celebrarán este año, el presidente argentino busca conseguir puntos políticos a corto plazo al culpar a los extranjeros de males en la sociedad argentina.

“Por supuesto, tenemos nuestros propios indicios de xenofobia, y ahora, bajo el brillo de Donald Trump, quieren diluir el hecho de que un gran porcentaje de nosotros somos hijos o nietos de inmigrantes”, dijo Raúl Kollman, de 68 años, un locutor de radio cuya madre emigró de manera ilegal hacia Argentina huyendo de los nazis.

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