Las amenazas de Le Pen a los jueces contaminan la campaña electoral francesa

Carlos Yárnoz, El País

En su habitual retahíla de exabruptos, Le Pen nunca había llegado tan lejos. En un mitin el domingo en Nantes afirmó que “los magistrados no están para obstaculizar la voluntad del pueblo” y que deben “cuidarse mucho" los funcionarios de justicia que participan en “persecuciones en su contra” con “métodos ilegales”. “Tendrán que asumir las consecuencias” tras las elecciones, cuando el poder político que los dirige haya sido "barrido” por las urnas.

Hasta Hollande, al margen de la pelea electoral, salió este lunes al paso. “No se puede poner en entredicho a los funcionarios en nuestra República” ha dicho el jefe del Estado. Por su parte, el primer ministro, Bernard Cazenueve, ha considerado “inaceptable” que Le Pen ponga en duda el Estado de derecho.

También el Ministerio de Justicia, el Sindicato de la Magistratura o dirigentes de otros partidos criticaron con dureza el ataque a los jueces por no ser “patriotas”, como Le Pen dice que deben ser los funcionarios. Quizás porque entiende que no son patriotas los que le investigan.

Seguramente por eso se niega a comparecer ante ellos. La semana pasada fue citada por policías judiciales que investigan los falsos contratos de supuestos asistentes suyos en el Parlamento Europeo, entre ellos los de su jefa de gabinete, Catherine Griset, imputada en el caso, y su guardaespaldas, Thierry Légier. “La justicia no puede perturbar una campaña. La investigación puede hacerse más tarde”.

Otra condena por racista al fundador del Frente Nacional

El Frente Nacional es el partido con mayor apoyo electoral en Francia desde 2014. Clave fundamental para lograrlo ha sido borrar su pasado antisemita, filonazi y racista. La candidata Marine Le Pen incluso oculta las siglas y el nombre oficial del partido. No parecen ni en su web oficial de campaña (marine2017.fr) ni en sus mítines. Solo ella, su nombre y lema: “En nombre del pueblo”.

Sin embargo, es su propio padre y fundador del partido ultraderechista, Jean-Marie Le Pen, el encargado de recordar las esencias de la organización. Este lunes ha sido condenado en el Tribunal de Apelación de Aix-en-Provence por provocación al odio y a la discriminación. Había dicho que la presencia de gitanos en Niza es “urticante y olorosa”. Lo mantuvo ante los jueces y cree que es castigado por decir “lo que piensan los electores”. Tendrá que pagar 5,000 euros a SOS Racismo y la Liga de Derechos Humanos. Ya ha sido condenado una decena de veces por racista y antisemita.

Le Pen, que acusa de “laxismo” a los jueces y la policía frente a la migración o las manifestaciones contra ella, se esconde tras su inmunidad como eurodiputada para escapar a esas citaciones. Pese a todo, la justicia sigue su ritmo porque “nada justifica” una tregua electoral, como ha dicho el ministro de Justicia, Jean-Jacques Urvoas, al Journal de Dimanche.

Por eso, a la imputación de la jefa de gabinete de Le Pen el pasado día 22 se ha unido el pasado sábado la de Frédéric Chatillon, amigo de la candidata ultraderechista y director de la sociedad Riwal, implicada en la presunta financiación ilegal de todas y cada una de las siete campañas electorales del FN desde que Marine Le Pen empezó a dirigir el partido en 2011.

El círculo sobre Le Pen se estrecha. Son ya una docena de imputados entre dirigentes del partido y amigos de Le Pen en las causas judiciales por corrupción que le afectan. Son estas:

Asistentes en la Eurocámara. Al menos 20 asistentes de los 23 eurodiputados del FN son altos cargos o empleados del partido, lo que hace suponer a los jueces que ha sido una vía para pagar sueldos de la organización. Policías anticorrupción han registrado la sede del FN y casas de supuestos asistentes. La jefa de gabinete de Le Pen está imputada por “encubrimiento de abuso de confianza”. En paralelo, Le Pen se niega a devolver 340,000 euros a la Eurocámara, que ha empezado a descontarle la mitad de su sueldo. Otros cinco eurodiputados del FN son investigados por razones similares.

Campañas de 2012. En las presidenciales y en las legislativas, el FN usó a la empresa Riwal, dirigida por Frédéric Chatillon, amigo de Le Pen, para lograr ingresos extra. Riwal comercializa carteles electorales, folletos, insignias, llaveros… que vende a sobreprecio a candidatos y grupos de apoyo del FN. Tras la campaña, el Estado devuelve al partido los gastos de campaña sobre la base de esas facturas engordadas. Junto a Chatillon, están imputados Wallerand de Saint-Just, tesorero del partido, y Jean-François Jalkh, vicepresidente de la organización.

Campañas de 2014 y 2015. Riwal usó el mismo método en las municipales, europeas, regionales, al Senado y departamentales. Además, Riwal ejerció como, prestamista del minipartido Jeanne, controlado por Le Pen y con actividades mínimas, que a su vez prestaba dinero al FN. El sistema también se empleó en 2012. Están imputadas seis personas, además de las propias organizaciones FN, Riwal y Jeanne, así como directivos de estas dos últimas. Uno de ellos, Frédéric Chatillon de nuevo.

Patrimonio de los Le Pen. La Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública sostiene que Marine Le Pen y su padre, Jean-Marie, minusvaloraron sus bienes en la declaración de patrimonio a raíz de las elecciones europeas de 2014.

Los exabruptos de Le Pen se unen a los del candidato conservador François Fillon. Ha dicho que Francia está en un clima de “casi guerra civil” a raíz de las constantes protestas de grupos de izquierda en sus mítines.

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