Tendencias
El presidente Donald Trump y la política social mexicana
Por Rolando Cordera Campos, Forbes
El triunfo de Donald Trump en las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos ocupa y preocupa prácticamente a todo el mundo; su desprecio por las ideas y su irrefrenable odio al otro pueden llevar a que las relaciones en y entre los países lleguen a niveles de erosión impensados.
En nuestro caso, tenemos que dejar de depender tanto de lo que haga o deje de hacer aquel país y del desarrollo de su economía. En este sentido, más allá del impacto que tendrá o podría tener la llegada de Trump en términos de los montos asignados al combate a la pobreza, requerimos hacer lo que nos corresponde, y que hasta ahora no hemos hecho: reconocer la casa.
Nuestra actividad productiva seguirá su pauta de casi estancamiento, por debajo de su trayectoria anterior, de por sí mala. De concretar Trump su ululante propuesta proteccionista y denunciar el TLCAN, las exportaciones mexicanas se verán negativamente afectadas y, de esta manera, el empleo “moderno” disminuirá sus ritmos o, de plano, trocará en un desempleo abierto, como en 2009.
Para teñir más el panorama, el presidente de México propuso, y los legisladores aprobaron, una nueva reducción al gasto público. Desde “arriba”, su mirada sólo cuida la salud de las finanzas públicas mediante acciones que rayan en una patológica obsesión de contener la inversión pública para “no perturbar los equilibrios macro”.
Lo que urge es hacer un viraje en la conducción y en la orientación de la política económica: pasar de “cuidar los equilibrios” a preservar los derechos humanos (económicos y sociales), los cuales deberían encauzar el Presupuesto de Egresos. Para hacerlo, es indispensable sacar al Estado de su debilidad fiscal y actualizarlo para que pueda retomar sus funciones promotoras del crecimiento y el desarrollo, entre las que están la redistribución y la protección sociales.
Así, frente a Trump y sus bravuconadas, puede proponerse esta fórmula: no menos Estado, sino su renovación y ampliación. Una sociedad globalizada reclama un Estado de bienestar y no un Estado subsidiario, que avance hacia una estructura tributaria y un sistema de transferencias que privilegie la solidaridad social, como lo propone la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Esta reforma del Estado debe tener como eje maestro una reforma social del propio Estado. Para ser un componente y un catalizador de una efectiva y radical “reforma de las reformas”, debe centrarse en la reconstrucción de los tejidos y procesos sociales básicos, lo que implica una redistribución del poder en un reacomodo radical de las relaciones y pesos entre las esferas de la economía y la asignación de los recursos, y en la distribución de los ingresos y la riqueza.
En este sentido, es necesario insistir, una y otra vez, en que, para dar orden y sentido al gasto público, México requiere una gran reforma hacendaria-fiscal como sustento de un pacto social redistributivo. Para justificar socialmente el incremento en la recaudación, se deben hacer explícitos sus fines y asumir compromisos claros sobre la utilización de los recursos y la rendición de cuentas. Así, los criterios más rigurosos de evaluación de la estrategia de desarrollo y de la política económica y social, serán la equidad, la remoción sostenida de la pobreza y los avances efectivos hacia la igualdad, en un contexto de innovación y expansión productiva.
Por ello, más allá de temer a los cambios en la asignación de los dineros para el combate a la pobreza por la llegada de Trump, hay que voltear a los criterios que siguen orientando al gobierno mexicano y a su secretario de Hacienda en labores fundamentales, como la elaboración de los presupuestos y sus asignaciones. Son los “tijeretazos” en los montos y su distribución los que dañan áreas sensibles de la salud, la educación o la investigación científica, así como a los apoyos destinados a los grupos étnicos donde los índices más altos de pobreza y pobreza extrema se dan la mano.
yoselin
