Derechos Humanos

La CIDH cierra las audiencias del plantón de Estados Unidos y el choque por Ayotzinapa

2017-03-22

El Gobierno de Donald Trump dio la sorpresa de estas sesiones el martes al no presentarse a las...

Cristina García Casado

Washington, 22 mar (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cerró hoy sus primeras audiencias públicas del año, marcadas por la primera ausencia de EU que se recuerda y el choque con el Gobierno mexicano por no descartar la llamada "verdad histórica" de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa.

La CIDH, órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), abordó en su 161 periodo de sesiones temas regionales y casos de 16 países, entre ellos Venezuela, Brasil, México, EU, Argentina, Colombia, Nicaragua, Bolivia, Guatemala, Perú y Panamá.

El Gobierno de Donald Trump dio la sorpresa de estas sesiones el martes al no presentarse a las tres audiencias a las que había sido convocado, una ausencia insólita según los registros que existen.

La justificación que dio el Departamento de Estado fue que no sería "apropiado" hablar de las órdenes ejecutivas del presidente sobre migración mientras son objeto de un litigio en los tribunales.

Pero lo cierto es que una de las audiencias no versaba sobre esas medidas sino sobre el caso de dos peruanos de ascendencia japonesa llevados a EU en 1944 para ser internados dos años en un campo de concentración en Texas.

Un portavoz del Departamento de Estado justificó la ausencia en esa sesión alegando que "Estados Unidos ya ha presentado amplios escritos sobre el asunto" y "no tiene información adicional" que compartir con la CIDH.

Este desplante histórico alarmó a las organizaciones de la sociedad civil de Estados Unidos, como la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU), que recordaron que la CIDH es un organismo que han apoyado todos los Gobiernos estadounidenses desde su fundación, en 1959.

Lo que preocupa es que esta ausencia se enmarque en una nueva política de derechos humanos de EU, después de que el 14 de marzo el secretario de Estado, Rex Tillerson, amenazara con retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al que pertenece desde 2009, si no implementa "considerables reformas".

Las ausencias que no sorprendieron fueron la de Cuba, en una sesión en la que se denunció que el Gobierno discrimina a los afrodescendientes, ni la de Nicaragua, que no acudió a rendir cuentas sobre las denuncias de violación sistemática de la libertad de expresión y prensa en el país.

La Comisión valoró, en contraposición, la asistencia de Venezuela a las tres audiencias sobre el país, aunque la delegación del Gobierno negara las denuncias de las organizaciones de derechos humanos y no se llegara a ningún compromiso.

El Estado venezolano pidió una sesión para informar sobre la Comisión por la Justicia y la Verdad del país, mientras que la sociedad civil solicitó otras dos sobre persecución política y acceso a la Justicia.

Organizaciones de la sociedad civil de Venezuela denunciaron hoy ante la CIDH un aumento de la persecución política en el país desde las protestas contra el Gobierno de febrero de 2014.

Desde entonces, según datos de Foro Penal Venezolano, ha habido 6.893 arrestos por motivos políticos, incluidas personas detenidas y luego liberadas y "muchas torturadas".

La entidad ha contabilizado 433 presos políticos en estos tres años y estima que 115 de ellos siguen en las cárceles de Venezuela.

Julio Henríquez, de la organización Refugee Freedom Program, aseguró que el número de venezolanos que han solicitado asilo o refugio en otros países "se ha incrementado exponencialmente" desde febrero de 2014.

Solo en 2016, según datos oficiales recogidos por la ONG, 18.155 venezolanos pidieron asilo o refugio en Estados Unidos, 3.960 en España, 2.238 en Brasil y 212 en Colombia.

En la rueda de prensa de balance, ante una pregunta de Efe, los comisionados rehusaron pronunciarse sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, que ha denunciado exhaustivamente el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

Sí hablaron sobre el caso Ayotzinapa y consideraron "muy grave" y "una ruptura" que México defendiera la denominada "verdad histórica" del caso, la que sostiene que los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 fueron incinerados en un basurero.

El Estado mexicano dijo en una audiencia de la CIDH el pasado viernes que "no se ha consolidado otra hipótesis que esa" y, en un comunicado posterior, que agotará todas las líneas de investigación posibles y atenderá las recomendaciones del grupo de expertos de la Comisión.

Pero ese grupo, que acompañó la investigación entre enero de 2015 y abril de 2016, pidió al Gobierno descartar la hipótesis del basurero, algo que le reclamaron de nuevo los comisionados y los familiares de las víctimas en una reunión privada tras la audiencia del viernes, según explicó hoy la plana mayor de la CIDH en una rueda de prensa.

La Comisión espera ahora que los familiares se pronuncien al respecto. 



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