Editorial

Estados Unidos, ausente en la defensa de los derechos humanos

2017-03-29

En todo el mundo, los diplomáticos estadounidenses apoyan, y algunas veces financian,...

Comité Editorial, The New York Times

En todo el mundo, los diplomáticos estadounidenses apoyan, y algunas veces financian, organizaciones no gubernamentales que luchan por los derechos humanos, la mayoría de las veces en países con gobiernos autoritarios. Los líderes déspotas generalmente se esfuerzan para difamar a estos grupos y mitigan su influencia al limitar su voz y visibilidad.

El pasado 21 de marzo, el gobierno de Donald Trump tomó prestadas algunas ideas del manual de déspotas cuando boicoteó las audiencias en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los participantes escucharon a los críticos de los decretos sobre políticas migratorias. En otra sesión se trataron los problemas de los inmigrantes japoneses en América Latina que fueron llevados a la fuerza a un campo de concentración estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Una tercera sesión contó con expertos que llamaron la atención hacia los problemas que enfrentan las personas que buscan asilo en Estados Unidos.

Algunas de estas acciones obviamente molestan a una administración que ha sido criticada por su insensibilidad ante asuntos de derechos humanos. Su boicot marcó la primera vez que el gobierno estadounidense se ha negado a presentarse a una audiencia convocada por la comisión, la cual es parte de la Organización de los Estados Americanos.

En un comunicado, el Departamento de Estado justificó su decisión argumentando que “no es apropiado para Estados Unidos participar en tales audiencias mientras los procesos legales sobre estos asuntos están en proceso en una corte estadounidense”.

Eso es absurdo. Para empezar, la simple presencia de representantes de Estados Unidos en las audiencias no habría interferido con los desafíos legales que han enfrentado los intentos del gobierno de Trump para prohibir la entrada de viajeros provenientes de países de mayoría musulmana a Estados Unidos. En el pasado, los funcionarios del Departamento de Estado han atendido audiencias relacionadas con cuestiones polémicas bajo procesos legales, por ejemplo, la red de prisiones secretas de la CIA, el centro de detención en la Bahía de Guantánamo y las políticas de detención de migrantes.

El error de no mandar representantes sitúa a Estados Unidos junto a compañeros ignominiosos. Durante la más reciente sesión de la comisión, solo los gobiernos de Cuba y Nicaragua decidieron no enfrentar a sus críticos. La audiencia de Cuba trataba sobre problemas de derechos humanos en contra de cubanos de ascendencia africana. Y la de Nicaragua trataba sobre el historial funesto del país en materia de libertad de expresión.

Ningún gobierno disfruta ser motivo de una audiencia frente a la comisión. Sin embargo, durante años, las sesiones de la comisión han servido como un foro importante para los críticos de las políticas gubernamentales, donde pueden exponer sus quejas en un foro destacado y neutral. El gobierno de Colombia, por ejemplo, envió a un alto representante para responder a los problemas sobre una ola de ataques dirigidos a defensores de los derechos humanos. El gobierno de El Salvador hizo lo mismo cuando se abordaron las amenazas y el estigma que las comunidades de personas homosexuales y transgénero enfrentan en ese país.

El gobierno estadounidense tomó una decisión incorrecta que allana el camino para que los gobiernos vecinos ignoren los principios y compromisos contenidos en los estatutos de la OEA, que establece que los ciudadanos de Estados Unidos y América Latina merecen tener gobiernos democráticos que defiendan los derechos humanos. Este riesgo podría haberse evitado fácilmente apenas con haberse presentado.



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