Miles de personas toman Caracas contra el chavismo

Alfredo Meza, El País

La tensión en Venezuela ya está pasando a ser parte de la cotidianidad. La oposición ha regresado a la calle por tercera vez en una semana y ha protagonizado una manifestación en la que se han producido enfrentamientos entre policías y manifestantes. Los agentes han lanzado gases lacrimógenos para evitar que la concentración llegase hasta la sede de la Defensoría del Pueblo.

La protesta se ha celebrado con más argumentos que por los que había sido convocada. El gobernador Henrique Capriles Radonski no podrá ocupar cargos públicos durante los próximos 15 años, según un dictamen de la Contraloría General de la República desvelado el viernes. Ha sido otra vez el propio Capriles el líder de esta oleada de protestas, que empezaron hace 10 días, y el encargado de dirigir a los manifestantes hacia la sede de la Defensoría del Pueblo, en el centro de Caracas. Fue una decisión sorpresiva, pero la elección del destino no es casual. La Defensoría del Pueblo es parte del Consejo Moral Republicano, una instancia que ha negado calificar como grave la actuación de los magistrados que avalaron dos sentencias que usurpaban las funciones del Parlamento. Era el paso previo para tramitar en el Parlamento su remoción.

La Policía Nacional Bolivariana interceptó la cabeza de la marcha cuando transitaba por la avenida Libertador. La fuerte represión con gases lacrimógenos y disparos de perdigones (proyectiles de goma) dispersó a los manifestantes, pero otros insistían en seguir hacia su destino. Algunos trataron de tomar vías aledañas y arrojaban piedras a los funcionarios. La vía quedó completamente cerrada al tránsito de vehículos. Se trata del mismo toma y dame que se ha mantenido a lo largo de la semana y que amenaza con convertirse en una carrera de largo aliento, pese a la llegada del asueto de Semana Santa. Hasta el momento no se han reportado heridos o víctimas.

La fuerte represión de los pasados días, que incluso provocó la muerte de un manifestante en una población vecina a Caracas, ha llevado a Amnistía Internacional a condenar en un comunicado el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes y a recordar que es obligación del Estado “garantizar el derecho a la libertad de expresión y a manifestarse pacíficamente”. “En vez de usar sus recursos para empecinadamente perseguir y reprimir a quienes opinan distinto, el Gobierno de Venezuela debería estar concentrando sus esfuerzos en solucionar la crisis humanitaria que empeora día a día”, agregó Érika Rojas, directora para las Américas de la organización.

La insistencia de la oposición de permanecer en la calle busca quebrar el apoyo interno que tiene el régimen de Maduro. Con la comunidad internacional prácticamente en contra, los líderes de la Mesa de la Unidad aspiran a conseguir un compromiso concreto en su plan de rebanar el omnímodo poder que ostenta el chavismo.

Pese a que ya no tiene el apoyo popular del pasado, el régimen parece dispuesto a no dar marcha atrás en su esfuerzo de permanecer a cualquier costo en el poder. En ese plan parece inscribirse la decisión de inhabilitar a Capriles y sacarlo de la política. Si la sanción se confirma el gobernador del estado de Miranda (centro norte de Venezuela) volvería a aspirar a cargos de representación popular recién a los 60 años. El líder opositor ha descartado esa posibilidad. “A mi Maduro no me va a retirar de la política. Sólo me retiraría el pueblo de Venezuela”, afirmó en un acto celebrado el viernes en Caracas.

La medida reconfigura el panorama de la oposición y llena de dudas la elección del candidato unitario que se enfrentaría al chavismo en las elecciones presidenciales del último trimestre de 2018. La carrera aún no ha comenzado, pero ya se empiezan a asomar algunas aspiraciones. Con Capriles inhabilitado y Leopoldo López preso, las restantes opciones con posibilidades son liderazgos débiles y discutidos, que insisten en la reconciliación y el acuerdo nacional como puntos medulares de su oferta. Por tanto, el escenario más favorable sería que el Gobierno entregase el poder a finales de 2018, como le corresponde.

El régimen parece estar diseñando una oposición a la carta. Obligado por la condena internacional que supuso el autogolpe promovido por el Tribunal Supremo de Justicia y el calamitoso estado de la economía, el Gobierno parece impedido a seguir posponiendo la fecha de las elecciones a gobernadores y a retrasar con argucias legales los comicios presidenciales. Esta semana Maduro reconoció que en 2018 habrá elecciones en Venezuela.

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