Editorial
Venezuela, la crisis se ahonda
Editorial, Política Exterior
El regreso de la oposición venezolana a las calles, después de un importante letargo, ante el creciente autoritarismo del régimen de Nicolás Maduro tiene tan pocas posibilidades de arrancar concesiones democráticas al chavismo como todas las anteriores movilizaciones convocadas por la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD). La Guardia Nacional ha tomado el control de todas las policías regionales y Maduro ha prometido repartir medio millón de fusiles entre los miembros de las “milicias bolivarianas”.
El cierre de la edición en papel de Informe Semanal de Política Exterior no ha podido recoger las últimas novedades políticas del país. Ante la presión de la organización, Maduro ha decidido que Venezuela se retirará de la Organización de Estados Americanos (OEA). Si se mantiene esta decisión se convertiría en el primer país en la historia de la OEA en apartarse del bloque más importante regional.
Según una reciente encuesta de Venebarómetro, el 61,4% de los venezolanos cree que vive bajo una dictadura, incluyendo el 10% de quienes se declaran chavistas. En los últimos cuatro años el PIB ha caído un 30%. En 2012 GM, Ford y Toyota fabricaban 100,000 vehículos al año en el país. En 2016 solo fueron 4,900 y se vendieron 3,200 automóviles frente a los 17,000 de 2015. La petrolera estatal PDVSA es hoy una sombra de lo que era, sin fondos, con sus pozos casi sin mantenimiento e incapaz de pagar a las compañías de servicios como Schlumberger y Halliburton, críticos con sus operaciones, por lo que la producción podría caer un 10% adicional este año.
Pero tras casi 19 años en el poder, el chavismo controla con mano de hierro el poder judicial, las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia, los principales medios de comunicación y los organismos electorales. Y sobre todo PDVSA, de la que dependen el 95% de las divisas que ingresa el país.
Un tercio de los ministros de Maduro son militares, como también 12 de los 23 gobernadores del país. A la Asamblea Nacional se le han restituido ciertos poderes que le fueron usurpados por dos sentencias del Tribunal Supremo, que Maduro ordenó retirar ante el cuestionamiento de la fiscal general, Luisa Ortega, pero sigue siendo un mero foro de debate político sin poderes reales. Ante la posibilidad de que la cúpula cívico-militar del régimen pueda ser enjuiciada si pierde el poder –International Crisis Group (ICG) estima en 250,000 millones de dólares los desfalcos de fondos públicos desde 1999–, muchos dudan de que Maduro vaya a convocar elecciones limpias. Las encuestas auguran la derrota del chavismo en todas las gobernaciones.
Pero el régimen depende de un factor que no puede controlar: el precio del petróleo. Para pagar 10,000 millones de dólares en vencimientos de deudas en 2016, Caracas redujo a la mitad sus importaciones, hasta los 18,000 millones de dólares, frente a los 66,000 millones de 2012. Y este año el gobierno tiene que pagar 8,500 millones de dólares y 7,900 millones en 2018, cifras que exceden con mucho los 10,000 millones de reservas de divisas, la mayor parte en oro, del Banco Central de Venezuela. Si se produce un default, la flota de petroleros de la empresa y las tres refinerías y estaciones de servicio de Citgo, filial de PDVSA en EU, podrían ser embargadas por los acreedores, que también tratarían de embargar los pagos de terceros por exportaciones de crudo venezolano, lo que paralizaría la industria petrolera. Phil Gunson, analista del ICG en Caracas, opina que “los generales están dispuestos a acompañar a Maduro hasta el cementerio, pero no a ser enterrados con él”, por lo que cree que se les debe asegurar cierta inmunidad ante la justicia.
yoselin
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