Las autoridades mexicanas abren una investigación por espionaje a periodistas y activistas 

Marina Franco, The New York Times

CIUDAD DE MÉXICO – Las autoridades mexicanas abrieron una investigación sobre el espionaje a activistas, defensores de los derechos humanos y periodistas, revelado en un reportaje de The New York Times y cuyo modus operandi fue detallado en un informe del grupo Citizen Lab.

La pesquisa quedó a cargo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), ante la cual algunos de los afectados, como la periodista Carmen Aristegui y el director del Centro Prodh, Mario Patrón, presentaron una denuncia formal el lunes.

Aunque es poco probable que la indagatoria de la FEADLE sea suficiente para satisfacer a varias de las víctimas del programa espía Pegasus, quienes habían exigido que también haya una investigación independiente y a cargo de alguna entidad internacional por desconfiar de las autoridades.

“Pedimos como condiciones mínimas para investigar estos casos de espionaje la integración de una comisión independiente de expertas y expertos que hagan un escrutinio y un monitoreo expreso y profundo a las investigaciones”, declaró el lunes en una conferencia Patrón, cuyo grupo defiende a víctimas de abusos de derechos humanos en casos como la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa y el abuso sexual a mujeres detenidas durante protestas en San Salvador Atenco.

“Estamos convencidos que hay momentos donde la institucionalidad del Estado está tan socavada, que no hay ni voluntad política ni capacidad institucional para este tipo de investigaciones”, añadió el defensor.

Al anunciar la investigación, la FEADLE indicó que indagará los números telefónicos afectados por el programa espía Pegasus, que usualmente infecta los celulares por medio de un vínculo enviado en mensajes de texto, y la procedencia de esos mensajes SMS. La fiscalía también dijo que estudiará a los proveedores del programa Pegasus, aunque destacó que lo hará en parte para averiguar “a qué empresas privadas les han facilitado este tipo de equipo de intervención”.

Pegasus es un programa comercializado por la empresa israelí NSO Group y, de acuerdo con las investigaciones sobre este, es vendido únicamente a gobiernos. El programa solo puede utilizarse en las agencias a las que se vendió, donde NSO instala el software y el hardware requeridos, y debería ser usado con fines exclusivos de combate a grupos criminales o terroristas, según los contratos de NSO Group estudiados por The New York Times.

Además de los periodistas, activistas y defensores mexicanos que fueron víctimas de Pegasus, en febrero se había reportado que expertos que promovían un impuesto a los refrescos y bebidas azucaradas en México también recibieron los mensajes SMS con los hipervínculos que contienen el programa espía.

El gobierno mexicano declaró el lunes al revelarse el caso que condena “cualquier intento de vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona” y que “no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del presunto espionaje”.

El caso ha generado muchas reacciones porque los afectados recibieron los mensajes SMS en momentos críticos de sus coberturas o de los casos que llevan ante el gobierno. Aristegui, por ejemplo, fue víctima de intentos de hackeo poco después de destapar un caso de posible conflicto de interés por la adquisición de la llamada Casa blanca, donde vivía el presidente Enrique Peña Nieto y que antes estaba a nombre de un constructor que recibió varios contratos de obras públicas.

Edward Snowden, quien reveló los mecanismos por medio de los cuales la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense habría intervenido sin órdenes judiciales los correos electrónicos de estadounidenses, también condenó las revelaciones sobre el uso del programa espía en México.

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