Disparates y Desfiguros
El duelo de las asambleas: una tragicomedia venezolana
CARACAS – La Asamblea Nacional venezolana no ha aprobado una sola ley durante todo el año y sus integrantes —los que todavía cumplen con las formalidades como si fuera democracia representativa— han tenido dificultades en varias ocasiones para reunir un cuórum.
Su sede administrativa es un páramo de escritorios vacíos, computadoras inactivas y un malestar generalizado. Los pasillos están envueltos en un crepúsculo cada vez más oscuro a medida que las bombillas se queman y no se remplazan por falta de fondos. La oficina de información legislativa, que imprime documentos para los comités legislativos y grupos externos, no tiene papel. De todos modos, no podrían utilizarlo: las copiadoras se quedaron sin tóner el verano pasado.
Son días sombríos para el órgano legislativo.
El cuerpo unicameral, que ha sido liderado por la oposición desde las elecciones de diciembre de 2015, fue neutralizado este verano, cuando el presidente Nicolás Maduro diseñó la creación de un nuevo cuerpo legislativo compuesto enteramente por sus partidarios chavistas, una acción que fue ampliamente criticada en Venezuela y en el exterior como inconstitucional.
La nueva entidad, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), se formó para reescribir la Constitución, pero poco tiempo después sus integrantes se otorgaron amplias facultades para redactar y aprobar leyes, permitiendo que el organismo quedara por encima de la Asamblea Nacional.
Esa estrategia produjo el inusual escenario de una nación con dos legislaturas en duelo: una con poder absoluto y la otra con ninguno. Ambas utilizan la misma ala del edificio del Capitolio del siglo XIX para sus sesiones plenarias, aunque a diferentes horas del día para evitar encuentros poco agradables en los pasillos.
Cada órgano ha acusado al otro de ilegitimidad y de participar en una pantomima de democracia.
“Es una tragicomedia total”, suspiró Juan Guaidó, un legislador de la oposición que representa al estado de Vargas. “Parece un chiste”.
Además, la crisis política se desenvuelve mientras Venezuela queda más sumida en una una inflación altísima, una moneda con cada vez menor valor, una delincuencia rampante y una profunda escasez de alimentos y medicinas. Los pronósticos financieros son todavía más inciertos de cara al anuncio de Maduro de reestructurar la enorme deuda externa del país ante las sanciones que hacen difícil atraer inversiones.
La muerte lenta de la Asamblea Nacional tal vez estaba anunciada cuando la oposición tomó el control de la cámara tras las elecciones de diciembre de 2015, en medio del creciente descontento en Venezuela por la crisis económica. Era la primera vez en muchos años que la oposición tenía una mayoría legislativa, con lo que se entabló una lucha de poder con Maduro y su Partido Socialista Unido de Venezuela. El presidente y sus aliados rápidamente comenzaron a debilitar los poderes del congreso.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), lleno de jueces leales a Maduro, anuló casi todas las leyes que la asamblea aprobó en 2016 y la despojó de sus poderes de supervisión presupuestaria, diciendo que sus líderes estaban en desacato por ignorar una orden que prohibía la juramentación de varios diputados de oposición que, según el chavismo, habían cometido fraude electoral.
Citando el fallo por desacato, el gobierno de Maduro también recortó el presupuesto de la Asamblea Nacional, con reducciones a los salarios y los gastos de los diputados, mientras que los legisladores del PSUV dejaron de asistir a las sesiones.
En marzo pasado, el tribunal supremo incluso intentó hacerse con los poderes legislativos de la asamblea, argumentando que esta se había invalidado al juramentar a los diputados impugnados. Esa decisión generó tanto repudio en el interior del país y en el extranjero que el tribunal, a instancias de Maduro, revirtió gran parte de la decisión.
Maduro también ha intentado silenciar la disidencia de otras maneras, incluido el enjuiciamiento de los líderes de la oposición. El viernes, el TSJ autorizó que se le revocara la inmunidad parlamentaria a Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional, a quien el gobierno acusó de diversos delitos por su participación en las protestas callejeras de este año.
Para los parlamentarios opositores y el personal de la legislatura, lo sucedido en estos últimos dos años ha sido un estrangulamiento prolongado.
“Parece ser una estrategia para ver cuánto aguantamos”, dijo José Ángel, un asistente administrativo en la oficina de información legislativa ubicada en el edificio de oficinas de la Asamblea Nacional, comúnmente conocido como Pajaritos.
Aun así, la legislatura ha seguido funcionando, aparentemente por pura fuerza de voluntad. Ha luchado por continuar el procedimiento legislativo con reuniones, audiencias y alguna que otra sesión plenaria ocasional, y ha tratado de responder a las inquietudes de los electores.
“Bajo ninguna condición vamos a dejar de hacer lo que la gente nos ha pedido que hagamos”, dijo en una entrevista Delsa Solórzano, quien representa al estado de Miranda.
En gran medida, la Asamblea Nacional se ha convertido en una plataforma para que la oposición exprese sus críticas y el descontento generado por el gobierno de Maduro. Una sesión plenaria reciente fue dedicada a las denuncias de corrupción gubernamental en las elecciones regionales del 15 de octubre. Otra audiencia de la comisión presentó testimonios sobre presos políticos.
“Es un espacio pequeñito que tenemos para resistir”, dijo Guaidó, el legislador de Vargas.
Pero a veces los parlamentarios no han aprovechado al máximo el poco espacio que les queda. El 31 de octubre por la mañana se reunieron decenas de miembros de la Asamblea Nacional y sus asistentes para una sesión plenaria. Pero, después de un retraso de dos horas, la sesión fue cancelada por falta de cuórum, y los desanimados representantes se escabulleron.
La desesperante situación de la legislatura es motivo de alegría para los chavistas.
“¡La Asamblea Nacional en este momento no existe!”, dijo en una entrevista Jesús Faría, miembro de la Constituyente y exministro de Comercio Exterior durante la gestión de Maduro. “Están allí. Ahí está el escenario. Aprueban unos tipos de leyes que no son pertinentes. Nadie les presta atención”. Y añadió, con risas burlonas: “Ni necesitamos ignorarlos”.
De hecho, si estos son los tiempos más sombríos para la Asamblea Nacional y la oposición, no podrían ser más brillantes para la Asamblea Nacional Constituyente y el PSUV.
Impulsada por una victoria en las elecciones regionales a favor del bando de Maduro, la Constituyente votó el 26 de octubre para adelantar la fecha de las elecciones municipales, en parte para aprovechar el desorden que existe en la oposición.
La Constituyente también ha estado aprobando resoluciones con prontitud y discutiendo una serie de proyectos de ley, según dijeron sus integrantes.
Los críticos, sin embargo, afirman que el cuerpo constituyente de 545 miembros —una especie de congreso destinado a representar a todos los sectores de la sociedad— es un artificio de democracia y que sus decisiones son dictadas directamente por Maduro y los dirigentes del órgano, la excanciller Delcy Rodríguez y el exdiputado chavista Diosdado Cabello.
Pero los miembros de la ANC dicen que, si bien todas las votaciones en la plenaria han sido unánimes, se han desarrollado debates genuinos en las comisiones y subcomisiones de la asamblea, que no se televisan ni son abiertas al público.
Sinecio Mujica, un miembro de la ANC que dirige una cooperativa agrícola en el estado de Zulia, dijo que ha sido testigo de “discusiones enérgicas” en la Comisión de Economía, de la que es miembro. Pero cuando los asuntos llegan a la plenaria, dijo, “prácticamente hay consenso”.
“Ellos tienen influencia, indudablemente”, dijo, en referencia a Maduro y sus aliados feroces en la cima de la jerarquía de la asamblea. “Pero ellos no deciden, proponen”.
El martes por la tarde, mucho después de que los últimos diputados de la Asamblea Nacional abandonaran el edificio del Capitolio tras la cancelación de su reunión, los miembros de la ANC se congregaron en medio de las palmeras de la amplia plaza del edificio para homenajear a un cantante popular.
Los constituyentes disfrutaron de un buffet de entremeses y diversas bebidas. La música sonaba a todo volumen desde unas bocinas. Mientras, los eventos de la Asamblea Nacional se han visto privados de dinero, incluso para el café y el agua.
Y mientras las oficinas de la Asamblea Nacional se deterioran, el gobierno de Maduro está dando los toques finales a la renovación de un edificio icónico en la histórica Plaza de Bolívar de la ciudad, para servir como la sede administrativa de la Constituyente. Es visible desde el edificio de la Asamblea Nacional, y de noche su fachada está bañada por el resplandor de los reflectores suaves, casi como una provocación de los vencedores.
En el pasado, la sede de la Asamblea Nacional estaba llena de actividad y energía; por sus pasillos siempre transitaban muchas personas y sus salas de reuniones siempre estaban ocupadas. Ahora, con la actividad legislativa casi estancada y pocos recursos, es un espacio moribundo, una postal de decadencia y futilidad.
Una mañana hace poco, Adel Calzadilla estaba sentado frente a su computadora en una habitación lúgubre y sin ventanas en las oficinas de la delegación estatal de Carabobo, donde trabaja como asistente de un diputado.
¿Qué había estado haciendo todo el día? “Nada”, respondió. “Debo decir la verdad: todo el personal aquí no hace nada”.
“Vamos de mal en peor”, agregó. “Es muy triste”.
José, un mensajero de la Asamblea Nacional, dijo que como la mayoría de las oficinas se habían quedado sin papel, ya no tenía correspondencia para entregar. “Me siento allí y miro a mis compañeros de trabajo”, confesó.
Algunos de los integrantes del personal de la oposición dicen que siguen ahí motivados por la promesa de un sueldo y porque mantienen aunque sea algo de fe en que el trabajo que logren hacer rinda frutos en el posible mundo político que surgiría después de Maduro.
Javier Rivas, un abogado de la Comisión de Política Interna de 25 años, es uno de los pocos hombres en el edificio que todavía usan corbatas para ir al trabajo, casi como un recuerdo de los tiempos previos a que comenzaran a abundar los jerseys deportivos en la oficina y de que estos se hicieran más comunes que las chamarras deportivas. Para Rivas, su vestimenta es una muestra de apoyo para una institución asediada, un acto de resistencia contra la decadencia.
“No se puede permitir que las adversidades del gobierno o la situación social y económica nos derroten”, dijo.
Rivas reconoce que es una lucha solitaria, pero aseguró que no tiene intenciones de abandonarla.
regina
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