Nacional - Seguridad y Justicia

Fracasa investigación sobre lavado de dinero

2017-11-06

El combate contra el lavado de dinero en México ha resultado un verdadero fracaso pues de...


(ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 6 NOV - El combate contra el lavado de dinero en México ha resultado un verdadero fracaso pues de 112 denuncias penales presentadas por operaciones con recursos de procedencia ilegal, los jueces sólo resolvieron menos del 5% de los casos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso el dedo en la herida sobre este tema al denunciar en un informe difundido hoy que "la falta de una persecución efectiva del blanqueo de recursos provoca que las organizaciones delictivas sigan creciendo".

Esta circunstancia, sumada "a la percepción de impunidad, representa un espacio en el que la delincuencia se fortalece, por lo que el combate frontal de las instancias de seguridad pública no ha logrado mermar la capacidad financiera de las organizaciones delictivas", afirmó el lapidario reporte.

En el marco de su segundo informe de revisión a la Cuenta Pública 2016, la Auditoría, que depende del Congreso, señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera del ministerio de Finanzas analizó ese año a un total de 14.060 personas respecto de 21,600 reportes sobre posibles "operaciones inusuales".

Estas acciones se refirieron a "la compra de vehículos, nuevos o usados, servicios de blindaje de vehículos, adquisición de bienes inmuebles, recepción de donativos o comercio exterior", entre otros.

La suma total de esas transacciones fueron 138,300 lo que llevó a la conclusión de que 1.120 de las 14.060 personas participantes en ellas eran "de alto riesgo", pero sólo fueron formuladas 112 denuncias ante la fiscalía por delitos financieros.

El ministerio público desahogó sólo 5 (4,5%) de las denuncias, mientras que el resto quedaron pendientes.

El año pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera recibió 17,6 millones de reportes de las instituciones financieras -principalmente bancos- y 3,9 millones de avisos de personas que realizaron "actividades vulnerables", entre ellos fedatarios públicos, notarios y corredores públicos, y quienes se dedican a la compra-venta de vehículos, casas, joyas, entre otros.

Según la ASF, las acciones contra el lavado de dinero del gobierno "van por buen camino, aunque tienen que afianzarse, a fin de reducir la impunidad de dichos ilícitos, así como la vulnerabilidad del sistema financiero".

Asimismo, consideró que se ha establecido medidas y procedimientos "para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento o de operaciones con recursos de procedencia ilícita".

El problema es que la mayoría de los casos investigados no llegan a castigarse, lo que no ayuda a reducir el lavado de dinero, porque alienta a los grupos que se dedican a ello a seguir haciéndolo pues no hay incentivos para frenar sus acciones. Otro caso incluido en el informe se refiere a la Unidad de Prevención de Delitos Financieros de la Policía Federal, que en el 2016 atendió 14 denuncias ciudadanas por presuntos hechos de blanqueo de dinero, de las cuales concluyó la mayoría, es decir 12.

Sin embargo, sólo en cuatro casos encontró actos sospechosos de lavado de dinero que fueron informados a la fiscalía y fueron identificadas 212 personas vinculadas con ellos.

La ASF recomendó a la Cámara de Diputados para enfrentar este virtual fracaso en la lucha contra el lavado de dinero revisar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para que se permita a la Policía Federal (PF) ser un ente investigador en la materia.

Además, propuso enmiendas para que la PF pueda consultar bases de datos de los avisos de actos relacionados con actividades vulnerables y corroborar información para la identificación con autoridades que administren los registros en la materia, entre otras cosas.

En suma, plantea fortalecer la actuación de este cuerpo en la "prevención" en la materia, así como la coordinación con las "instancias reguladoras y supervisoras del sistema financiero", a fin de "mejorar la efectividad en la anticipación y combate de dichos delitos". 



regina