Internacional - Política

Nuevo "superministerio" chino se suma a preocupaciones sobre derechos de los sospechosos

2018-02-24

El Parlamento chino seguramente establecerá en marzo una nueva rama gubernamental, la...

Por Christian Shepherd

PEKÍN (Reuters) - Un nuevo “superministerio” que busca profundizar la guerra del presidente Xi Jinping contra la corrupción y extenderla a todos los empleados estatales puede socavar años de trabajo de especialistas legales chinos para proteger los derechos de los sospechosos durante las investigaciones, señalan académicos.

Las investigaciones realizadas como parte de la campaña anticorrupción de Xi han utilizado las reglas del gobernante Partido Comunista para las pesquisas internas, por lo que están fuera de los límites del sistema de justicia penal de China.

Eso significa que las reformas introducidas en 2012 que proporcionaron cierta protección a los sospechosos no se aplican en esos casos, lo que plantea la posibilidad de confesiones forzadas, dicen algunos expertos en derecho.

Xi ha dicho que su lucha contra la corrupción profundamente arraigada en el partido debe intensificarse y que China necesita mecanismos fuertes para evitar que los funcionarios de todos los niveles rompan las reglas.

El Parlamento chino seguramente establecerá en marzo una nueva rama gubernamental, la Comisión Nacional de Supervisión, para controlar la lucha contra la corrupción. Se espera que los cambios fortalezcan aún más al ya temido organismo de control del partido, la Comisión Central de Disciplina, dicen analistas políticos.

En algunas localidades, la cantidad de personas que podrían ser objeto de investigación aumentará mucho después de que se establezcan las ramas de la comisión a nivel provincial, según informes de la prensa estatal.

En la oriental ciudad portuaria de Tianjin, por ejemplo, los supervisados pasarán a 600,000 desde 90,000, según el estatal Beijing News. Las cifras a nivel nacional no han sido reveladas.

Todos los empleados estatales y del sector público, así como los gerentes que trabajan para escuelas, hospitales, institutos o empresas con respaldo estatal, pueden ser objeto de la nueva supervisión, independientemente de si son miembros o no del partido, según el último borrador de la ley de supervisión.

Aunque el sistema de justicia penal de China ha sido criticado por su incapacidad para erradicar las confesiones forzadas y las detenciones ilegales, los expertos en derecho consideran que una enmienda a la ley de procedimiento penal en 2012 fue un modesto avance hacia una mayor protección de los sospechosos y mejores requisitos para evidencia.

La Asamblea Popular Nacional de China se negó a comentar el tema. Un funcionario de prensa dijo se que responderían a las preguntas de la prensa en la sesión parlamentaria de marzo. El organismo no contestó a las solicitudes de comentarios de Reuters.

PIDEN LÍMITES

Desde que las reformas propuestas se anunciaron en 2016, han enfrentado una oleada de críticas de expertos legales chinos, que piden más límites al poder de la comisión, advirtiendo que un sistema sin restricciones pone a los sospechosos en riesgo.

En los últimos meses, a medida que el plan está cada vez más cerca de convertirse en realidad, muchos críticos han dejado de hablar públicamente, pero algunos académicos le dijeron a Reuters que sus temores persisten.

Tong Zhiwei, profesor de derecho en la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho en Shanghái, señaló que le preocupa que el cuerpo sea demasiado poderoso políticamente para ser controlado por los tribunales o los fiscales.

Jiang Mingan, experto en derecho de la Universidad de Pekín, dijo que el liderazgo político aún debe aceptar las sugerencias de expertos sobre la necesidad de que los sospechosos estén protegidos por la ley de procedimiento penal y el acceso a un abogado.

“Hay dos objetivos para la ley de supervisión, uno es fortalecer la lucha contra la corrupción y el segundo es estandarizar el comportamiento de la comisión y evitar abusos. Según tengo entendido, hay que hacer más para que el segundo objetivo se cumpla”, explicó.

La nueva ley incluye medidas para evitar abusos, como informar a los familiares y empleadores poco después de que se detiene a un sospechoso y exige grabaciones de video de los interrogatorios, según el borrador más reciente.

Un posible cambio, por ejemplo, es la introducción de centros de detención con equipos de grabación de video y sonido para uso exclusivo de la comisión, en lugar de utilizar habitaciones de hotel. 



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