Internacional - Política
El dilema de las pensiones en Brasil: entre el riesgo económico y la crisis política
Shasta Darlington, The New York Times
SÃO PAULO — En gran parte del mundo, a los trabajadores les sería difícil imaginar que podrían jubilarse a los 55 años y recibir el 70 por ciento de su último salario durante el resto de su vida.
Sin embargo, en Brasil, esa ha sido la regla durante décadas, lo que ayuda a explicar la abundancia de corredores de cabello cano a lo largo de la playa Copacabana en Río de Janeiro a las once de la mañana de un día entre semana.
También representa un tercio de todo el gasto gubernamental en Brasil, lo cual ha contribuido a un déficit presupuestario récord en 2016.
Analistas y políticos de todo el espectro político han reconocido desde hace tiempo que el sistema de pensiones es insostenible, así como un factor muy importante en las permanentes dificultades económicas del país.
“Brasil tiene uno de los sistemas más generosos del mundo”, dijo Chris Garman, director administrativo para el continente americano de Eurasia Group, una empresa asesora de riesgos políticos. Si no hay una reforma a las pensiones, añadió, “Brasil se dirige a la insolvencia y a una crisis de deuda”.
Un recordatorio de esto se dio en enero, cuando Standard & Poor’s bajó la calificación crediticia de Brasil, la economía más grande de Latinoamérica, con lo que la envió aún más profundamente al llamado “territorio basura”; es decir, por debajo del grado de inversión. Esa rebaja en la calificación ocurrió cuando se diluyeron las esperanzas de que el Congreso de Brasil reformara el sistema de seguridad social del país durante este año electoral.
La agencia calificadora estaba en lo correcto. El presidente Michel Temer y el Congreso han renunciado oficialmente al intento de aprobar cualquier legislación sobre pensiones, con lo que dejan el problema para después de las elecciones de octubre.
El 23 de febrero, Fitch Ratings siguió el ejemplo y también rebajó la calificación crediticia de Brasil.
Temer había jurado que la reforma a las pensiones sería uno de sus logros distintivos cuando rindió protesta como presidente después de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en 2016. Sin embargo, en lugar de poner en vigor lo que propuso como una agenda favorecedora para los negocios, su presidencia se ha distinguido por la turbulencia y los escándalos.
El gobierno de Temer trabajó con el Congreso para crear una legislación de reforma a las pensiones para trabajadores de los sectores tanto público como privado que, entre otros cambios, establecería la edad mínima para el retiro en 65 años para los hombres y 62 para las mujeres. Actualmente no hay una edad mínima para jubilarse.
Temer buscó generar apoyo para la propuesta con una advertencia simple y lúgubre que fue subida a los sitios web oficiales y promovida a través de una campaña en redes sociales: “Todos por la reforma a la seguridad social para que Brasil no se vaya a la bancarrota”.
Sin embargo, a pesar de la anunciada determinación de Temer, este mes tomó una decisión que bloqueó efectivamente cualquier movimiento hacia la reforma del sistema de pensiones. Firmó un decreto para poner al Ejército a cargo de la seguridad en Río de Janeiro con el fin de frenar los delitos violentos y, según la Constitución brasileña, los legisladores tienen prohibido hacer cambios legales profundos durante cualquier intervención militar.
En un inicio Temer insistió en que aún podría votarse respecto de la reforma a las pensiones levantando temporalmente el decreto sobre seguridad. No obstante, la funesta advertencia sobre la bancarrota desapareció de los sitios web del gobierno la semana pasada y tanto el presidente del Senado, Eunício Oliveira, como el ministro de Asuntos Políticos, Carlos Marun, han dicho desde entonces que la propuesta se archivó.
“Después de debatir y consultar con jueces del Supremo Tribunal Federal, la conclusión es que la reforma se suspende como resultado del decreto para la intervención”, les dijo Marun a los periodistas recientemente.
La opinión del tribunal no fue el único factor. “No tenemos los votos para aprobar la reforma”, reconoció Marun.
Incluso algunos de los simpatizantes de Temer dijeron que el presidente emitió el decreto de seguridad en parte para evitar una vergonzosa derrota en el Congreso.
“Fue una excusa para evitar la votación, lo que acabó de impedir la reforma a las pensiones”, dijo el congresista Alex Canziani, miembro de la coalición gobernante.
El momento para llevar a cabo el debate sobre las pensiones no pudo ser peor para quienes apoyan la reforma. Con la celebración de elecciones en otoño, pocos legisladores están dispuestos a decirles a los votantes que tendrán que trabajar más tiempo y luego obtener menos dinero en sus años dorados.
Venderle ese mensaje al electorado es especialmente difícil dado lo impopular que se ha vuelto la élite política del país debido a la avalancha de escándalos de corrupción y a un creciente escrutinio de los altos salarios y las generosas ventajas que disfrutan los legisladores y otros empleados federales.
“No va a tener éxito cuando los votantes están enojados con los políticos”, dijo Garman. La reacción de los electores, añadió, ha sido de indignación: “¿Nos están robando y ahora esperan que trabajemos más?”.
Elisabete Lopes Santos, una jubilada de 57 años, está de acuerdo. “Todos contribuimos al sistema de pensiones, ¿cómo puede estar en la quiebra? Desviaron el dinero”, dijo.
Los brasileños han salido a las calles a manifestar su enojo no solo en manifestaciones y huelgas, sino también en los desfiles del carnaval. Grupos de sindicatos en São Paulo cantaron las siguientes palabras con un pegajoso ritmo de samba: “Señor diputado, señor senador, tenga cuidado, vea la rebelión. Si vota por la reforma de Temer, usted no volverá”.
En Brasil los hombres se retiran en promedio a los 56 años y las mujeres a los 53, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que concluyó que el sistema es insostenible.
Cuanto más trabaja alguien, más obtiene al retirarse. Los jubilados reciben un promedio del 70 por ciento de su salario previo al retiro, y la cantidad se indexa de acuerdo a un salario mínimo constantemente en ascenso. Cuando los pensionados mueren, sus viudos o viudas pueden heredar la pensión completa de su cónyuge y sumarla a la propia.
El gasto por pensiones en Brasil subió al 8,2 por ciento del producto interno bruto en 2016, en contraste con el 4,6 por ciento en 2014. La población de Brasil es joven en comparación con el promedio mundial y el gasto por pensiones podría aumentar hasta el 17 por ciento de su PIB para 2060 si las reglas no cambian.
La Cámara de Diputados moderó en varias ocasiones el alcance de los cambios propuestos y retrasó la votación con la esperanza de que más facciones políticas se sumaran. Sin embargo, los cómputos más recientes muestran que el gobierno está aún por lo menos cuarenta votos debajo de la mayoría de dos tercios necesaria para la aprobación.
La propuesta de ley parecía cobrar impulso hasta que en mayo Temer quedó implicado en el cada vez más extenso escándalo de corrupción y se le acusó en dos casos criminales. Obtener aliados en el Congreso para impedir que los casos prosiguieran supuso un gran gasto del capital político de Temer, lo que echó hacia atrás de forma trascendente su agenda más amplia.
Después de posponer la votación sobre las pensiones en diciembre, el gobierno cambió de táctica y recurrió a una nueva campaña enfocada en las desigualdades del sistema y dirigida a quienes pertenecen al sector público y ganan mucho.
“La reforma a las pensiones tiene el propósito de combatir los privilegios”, dijo Temer, señalando los beneficios que los políticos y los servidores públicos de alto nivel obtienen. “Lo que hace la reforma es proteger a los pobres, quienes pagan por aquellos en el sector público que ganan mucho”.
Quizá Temer no era la figura ideal para promover ese mensaje. El presidente ha estado cobrando pensión durante más de dos décadas, pues se retiró como fiscal estatal a los 58 años, lo que ha inflado considerablemente sus ganancias como funcionario electo.
No obstante, a pesar de la propia historia del presidente con su pensión, el gobierno trató de sacar ventaja del enojo y la frustración sobre la desigualdad en Brasil, señalando que las pensiones de los ricos han estado subsidiadas en gran parte por los trabajadores pobres.
La distribución de las pensiones es muy desigual, de acuerdo con el Banco Mundial; un 35 por ciento de los subsidios para pensiones —la parte de la pensión no devengada de las contribuciones de los trabajadores— se paga al 20 por ciento de los más ricos. El 20 por ciento de los más pobres recibe solo el cuatro por ciento de los subsidios a las pensiones.
“Sé que no habrá dinero suficiente para mi retiro si el gobierno no hace algo”, dijo Edmilson Santos, un conductor de Uber de 28 años. “Pero no tengo fe en que dejen de ayudar a los mismos políticos y servidores públicos que siempre se han beneficiado”.
yoselin
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