Nacional - Seguridad y Justicia
Roces entre la ONU y el Gobierno por el caso Ayotzinapa
Por Marcos Romero
(ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 16 MAR - El gobierno de México chocó de nuevo con las Naciones Unidas sobre el tema de los derechos humanos, como lo ha hecho varias veces en los últimos meses, pero ésta vez el tema es altamente sensible, porque se trata del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014.
El organismo reveló ayer que una cuarta de los detenidos por la desaparición de los jóvenes el 28 de septiembre de 2014 fueron sometidos a torturas, una acusación que de inmediato generó reacciones de rechazo de las autoridades.
Al menos 34 casos de procesados por este episodio, que generó reacciones de protesta a nivel nacional e internacional y que aún no está esclarecido, fueron sometidos a tratos inhumanos y degradantes, según la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
El representante de esa oficina, Jan Jarab, señaló en el documento "Doble Injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa", que los actos de tortura ocurrieron entre septiembre de 2014 y enero de 2016.
Los acusados por esta violación al debido proceso figuran elementos de diversos cuerpos gubernamentales federales como la Procuraduría General de la República (PGR), la Agencia de investigación Criminal, la Policía Federal y la Marina.
La noche del 28 de septiembre de 2014, un grupo de jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, estado sureño de Guerrero, arribó a la ciudad de Iguala, en la misma provincia, donde se apoderó de varios buses que pretendía emplear para viajar a la ciudad de México.
El propósito era participar en la conmemoración de un aniversario más de la matanza de decenas de estudiantes de Tlatelolco, un barrio céntrico de la capital mexicana, el 2 de octubre de 1968, en el marco de una ola de protestas antigubernamentales y en vísperas de los Juegos Olímpicos en esta urbe.
Sin embargo, la policía municipal de Iguala decidió impedir que los estudiantes se apropiaran de los buses, pero después se supo que el entonces alcalde, José Luis Abarca, ordenó que los agentes entregaran a los estudiantes a una organización criminal llamada Guerreros Unidos.
La instrucción radica en que los jefes de esta banda sospechaban que el grupo de jóvenes estaba infiltrado por miembros de su grupo rival, llamado "Los Rojos".
Otras hipótesis es que uno de los buses detenidos llevaba un cargamento de armas o de heroína que iba a ser llevada de contrabando a Estados Unidos.
Según la investigación de la PGR, los estudiantes fueron trasladados al vecino pueblo de Cocula, donde fueron asesinados y sus cuerpos incinerados junto a un gran basural.
Al menos 120 personas, entre criminales y policías, fueron detenidos en relación al caso, pero los familiares de los estudiantes consideran que no hay evidencias sólidas para inculparlos y que la investigación sólo buscó acallar rápidamente el escándalo internacional.
Según la ONU, los detenidos fueron objeto de golpes, atadas, descargas eléctricas, intentos de asfixia, agresiones sexuales y presión sicológica para declararse culpables.
Jarab consideró en su informe que el ministerio público deberá excluir las pruebas obtenidas mediante tortura e incorporar "peritajes independientes", además de apresurar la creación de una fiscalía general independiente.
El gobierno mexicano rechazó el reporte y señaló que la tortura en este proceso "no ha sido acreditada salvo en algunos casos excepcionales".
A través de un comunicado conjunto de la PGR, el ministerio de Gobernación y la Cancillería, afirma que el reporte de la ONU no aporta "elementos nuevos para avanzar en la investigación".
El escritor Juan Villoro consideró que el gobierno apostó por "no enfrentar los hechos" y que "la investigación no pudo ser más torpe ni desordenada" pues la Procruaduría "creó una narrativa falsa bajo el nombre de verdad histórica".
Villoro recordó que el equipo forense argentino que participó en la indagación denunció los obstáculos que enfrentó para realizar su trabajo.
regina
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