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México 2018: la narcopolítica 

2018-04-13

Entre los 2.446 municipios y 16 delegaciones de la ciudad capital, mal sobreviven más de...

José Reveles | EFE


Si la intrusión del narcotráfico en la política o si el accionar de los políticos atrapados por los poderes fácticos de una criminalidad omnipresente se miden con la vara de la violencia, México está en graves problemas este 2018, año de elecciones en las que habrá 18,000 cargos públicos en juego en un país con 120 millones de habitantes, 88,7 millones con derecho a voto.

Doce candidatos a alcaldes fueron asesinados en los tres últimos meses de 2017 y los tres primeros de 2018. Dos por mes. También fueron ejecutados con violencia tres candidatos a diputados locales: uno en Huejotzingo, Puebla, y dos en Chilapa, uno de los municipios más peligrosos de Guerrero.

La embestida contra presidentes municipales, exalcaldes y candidatos a serlo, cobró la vida de 128 de ellos en los últimos doce años. Casi uno por mes. Y nada permite augurar un freno a la escalada mortal antes y durante la cita en las urnas el 1 de julio cuando, en forma atípica por la coincidencia de calendarios de los comicios locales y federales, concurren todos en los 32 estados del país. Se elige presidente de la República, diputados y senadores y se disciernen nueve gobernadores.

Dispersión geográfica, escasez crónica de recursos, trato igual a alcaldías ricas y paupérrimas, debilidad institucional en la mayoría, incapacidad legal de recaudar impuestos, diversidad cultural incomprendida en alcaldías indígenas, abandono y desatención de gobiernos estatales y federal, cortados por la misma tijera del centralismo, convierten a gran parte de los municipios mexicanos en el eslabón más débil del Estado.

Entre los 2.446 municipios y 16 delegaciones de la ciudad capital, mal sobreviven más de 2,100 alcaldías que no llegan a los 100.00l habitantes. Las dos Baja Californias, norte y sur, tienen 5 extensos municipios cada una. Oaxaca tiene 570 alcaldías con mayoría indígena, pobres y marginadas.

En tan deplorable situación, la narcopolítica no es un infierno por venir. Está presente, viva y actuante. Se dan casos de alcaldes, como José Reyes Ferriz, de Ciudad Juárez (Chihuahua), administrando a distancia, pues vivía con su familia en El Paso (Texas, EU), o como el de Teloloapan (Guerrero), Robell Urióstegui Patiño, quien tuvo que salir huyendo en un helicóptero y custodiado por militares en abril de 2017, bajo amenazas de muerte. Sobrevivió para contarlo.

Los ataques no distinguen partidos y en cinco años de gobierno de Enrique Peña Nieto fueron ejecutadas 72 autoridades locales: 23 alcaldes en funciones, 5 electos y 44 expresidentes municipales. De los liquidados en el último medio año hay cinco del gubernamental Partido Revolucionario Institucional (PRI); tres perredistas (Partido de la Revolución Democrática, PRD, centro izquierda); dos panistas (del derechista Acción Nacional -PAN-), dos del socialdemócrata Movimiento Ciudadano, dos de Morena (Movimiento de Renovación Nacional, de izquierda) y un independiente.

Ya se ve que el “plata o plomo” puede llegar en cualquier momento, antes, durante y después de gobernar en ese nivel cercano a la gente, en la base de la escala de la organización y administración de la sociedad, llamada “municipio libre”.

El fenómeno es real. La Asociación Nacional de Alcaldes de México (ANAC) ha propuesto crear un protocolo para la seguridad y la protección de presidentes municipales, sobre todo, en aquellos lugares que cuentan con pocas vías de comunicación con el resto de los poblados y con el centro político de cada entidad. A más aislamiento, más peligros de caer en el acoso violento de los grupos criminales, que se empeñan en dominar sin estorbos las rutas del trasiego de drogas.

Porque, según la ANAC, tantos homicidios de alcaldes y ex alcaldes revelan una estrategia explícita del crimen organizado para debilitar al Estado mexicano, atacando “a su eslabón más débil y desamparado”.

Son reales la amenaza y la presión para que Federación y municipios permitan espacios y rutas en las que los grupos criminales puedan transitar sin ser atacados y ejercer delitos diversos, como tráfico de drogas, de migrantes, trata de mujeres y menores de edad, contrabando de mercancías, cobro de piso, extorsiones, secuestros y asesinatos.

“Cuando un municipio se encuentra en el centro del territorio bajo dominio de un grupo criminal, y no cuenta con la capacidad humana ni económica para hacerle frente, simplemente está desamparado”, reconoce la ANAC.

La gobernabilidad municipal está bajo amenaza constante. Se puede decir que la democracia se colapsa por el punto más débil. Si un candidato no es asesinado antes, logra vencer en las urnas y tomar posesión, no necesariamente gobernará sin sobresaltos. El verdadero poder se ejerce desde estructuras de facto de origen criminal. Algunos alcaldes tienen que someter sus acciones a los grupos delincuenciales que son la autoridad real en algunas zonas de México.

No por corrupción, no por su propia voluntad, sino por ser débiles frente a los grupos armados en regiones en las que lo que prima son “vacíos de poder”, como los llama el analista Edgardo Buscaglia. La delincuencia nombra candidatos, compra alcaldes, exige contratos de obra pública, toma a la fuerza un porcentaje del presupuesto, impone mandos policiales, controla a los municipios y somete por terror a toda la población.

Además del acoso criminal y caciquil, los alcaldes tienen una espada de Damocles oficial pendiendo sobre sus cabezas: podrán ser reducidos a punto menos que nada si se aprueba en el Congreso la ley del mando único policial, que les arrebatará toda potestad y presupuesto para vigilar en sus propias comunidades. El proyecto está ahí hace años en espera de que las dos cámaras se atrevan a decretar la muerte del municipio libre.


 



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