Nacional - Seguridad y Justicia

Tribunal ordena investigar de nuevo el caso Ayotzinapa

2018-06-05

La corte señala que la investigación por parte de la Procuraduría General de...

Marina Franco, The New York Times

 

CIUDAD DE MÉXICO — La investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes normalistas en 2014 en México “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial”, señala un fallo emitido por una corte federal este lunes, y por tanto debe establecerse una Comisión de la Verdad y la Justicia a modo de “procedimiento alternativo”.

En una sentencia inédita, el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Ciudad Reynosa, Tamaulipas, estableció que se debe “reponer el procedimiento” de la investigación debido a “que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones” de quienes presentaron los recursos de amparo —varios acusados de participar en las desapariciones— fueron “obtenidas por medio de tortura“, entre otras irregularidades.

Organismos internacionales, entre ellos la ONU, ya habían denunciado este tipo de anomalías en el desarrollo de la investigación.

La corte señala que la investigación por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) fue parcial, ya que “en general estuvo dirigida a practicar y poner solo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos” y, por tanto, “se dejaron de explorar otras líneas de investigación”. Por tanto, la comisión sería una manera de que “el asunto sea conducido bajo una nueva óptica y etapa”.

Para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que actúa en defensa de los familiares de los jóvenes desaparecidos, se trata de un fallo histórico: “La acusación de la PGR es insostenible y toda la investigación debe ser revisada de manera autónoma e imparcial”, señalaron en un comunicado.

Según el fallo, la comisión deberá “quedar conformada en un plazo no mayor a diez días naturales” y estaría compuesta por representantes de las víctimas, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por oficiales ministeriales federales.

Los dos primeros, según el anuncio del Consejo de la Judicatura, determinarán las líneas de investigación a seguirse y podrán invitar a organizaciones “tanto nacionales como internacionales de derechos humanos” a participar. El Centro Prodh indicó que ya analizan sumarse a la iniciativa.

Avanzada la noche del lunes, la PGR respondió que no “comparte el criterio de los magistrados”. Por medio de un comunicado, la procuraduría indica que el tribunal colegiado “desconoce la división de poderes” y las facultades que corresponden a los oficiales ministeriales públicos.

Un largo camino

El caso por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa —en el estado de Guerrero—, el 26 de septiembre de 2014, sacudió a todo el país y recorrió los medios del mundo. Los jóvenes habían tomado una serie de autobuses para viajar a Iguala con planes de ir hasta Ciudad de México para la marcha anual del 2 de octubre, cuando se conmemora la matanza de estudiantes en la plaza de Tlatelolco de 1968.

Pero los normalistas nunca llegaron más allá de Iguala. Fueron interceptados por las autoridades en circunstancias que no han sido esclarecidas, aunque se sospecha que los policías involucrados estaban coludidos con un grupo criminal local, Guerreros Unidos. Una investigación indica que las detenciones podrían deberse a que en uno de los autobuses tomados por los estudiantes había drogas de un grupo rival del narcotráfico sin que los normalistas lo supieran, pero esto no ha sido confirmado.

De acuerdo con la investigación inicial de la PGR —lo que el titular de entonces, José Murillo Karam, calificó como la “verdad histórica”—, los jóvenes fueron incinerados en un basurero en la cercana ciudad de Cocula por presuntos integrantes de un grupo de narcotráfico. Sin embargo, invesigaciones independientes posteriores, entre ellas la de expertos internacionales enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desmintieron varias afirmaciones de las autoridades —entre ellas la de la incineración de los cuerpos en el basurero—, y hallaron indicios de posible tortura de sospechosos y un mal manejo de las evidencias.

La misma PGR reconoció en un informe interno estas falencias, que llevaron en parte a la renuncia del responsable del caso, pero cuando el reporte se hizo público esa las partes autocríticas habían sido eliminadas del documento.

En marzo de este año, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió el informe Doble injusticia, en el cual señaló que, además de que no se había esclarecido el paradero de los jóvenes en la investigación, durante su desarrollo se cometieron violaciones a las garantías básicas de varias personas, como detenciones arbitrarias y tortura de sospechosos. Los amparos presentados frente al tribunal colegiado justamente se basan en estas razones para argumentar que no se cumplió el debido proceso para algunos de los detenidos.

Según cifras oficiales, alrededor de 33,000 personas han sido reportadas como desaparecidas en México desde 2007. En este contexto, el caso de los 43 normalistas se convirtió en un ejemplo emblemático de las sospechas de colusión entre funcionarios locales y grupos de la delincuencia organizada.

El tema también se ha colado a la campaña presidencial de cara a las elecciones del 1 de julio. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha sido acusado de no tomar acciones suficientes ante una escalada de violencia que sacude al país y por los problemas con la investigación de casos como el de Ayotzinapa. Por su parte, el candidato puntero en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, ha prometido que resolverá el caso y ya había sugerido crear una comisión de la verdad para esto.



Jamileth