Internacional - Política

La Justicia española renuncia a la extradición de Puigdemont por malversación

2018-07-19

Esta ha sido la respuesta del juez español Pablo Llarena a la decisión que en su...

 

Madrid, 19 jul (EFE).- El Tribunal Supremo español (TS) retiró hoy la euroorden contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont y renunció a juzgarle en España sólo por el delito de malversación, como habían autorizado los tribunales de Alemania.

Esta ha sido la respuesta del juez español Pablo Llarena a la decisión que en su día adoptó la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein (Alemania), que no apreció delito de rebelión imputable al líder independentista catalán.

Llarena tampoco llevará el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europa, aunque las órdenes de detención podrían reactivarse en cualquier momento o dictarse unas nuevas.

Igualmente el juez Llarena retiró las órdenes europeas de detención y entrega de los otros cinco políticos independentistas catalanes que se encuentran huidos en Bélgica, Escocia y Suiza.

Además de por malversación, la euroorden dictada por el juez español Pablo Llarena reclamaba a Puigdemont también por un delito de rebelión en relación con el proceso independentista inconstitucional catalán de 2017.

Esto significa que el exgobernante catalán, que permanece en Alemania en libertad provisional, no podría regresar a España, donde sería detenido automáticamente, hasta pasados al menos 20 años, tiempo que tarda en prescribir el delito de rebelión.

"Hoy es un día para reclamar con más fuerza que nunca la libertad de los presos y presas políticas. Retirar las OEDE (órdenes europeas de detención y entrega) es la demostración de la debilidad inmensa de la causa judicial", afirmó Puigdemont en Twitter nada más conocer la decisión de Llarena.

"Revocar la prisión preventiva será la demostración de que la justicia española empieza a actuar como la europea", añadió en su mensaje en la red social.

Se trata de la segunda vez que el juez retira una euroorden contra Puigdemont, una vez que el pasado diciembre hizo lo mismo cuando el exdirigente catalán estaba en Bélgica, ante el escenario de que las autoridades de este país cercenaran la posibilidad de juzgarle por todos los delitos que se le imputan.

Procedente de Finlandia, Puigdemont fue detenido el 25 de marzo pasado por la policía alemana cuando intentaba regresar en automóvil a Bélgica, país adonde huyó a últimos de octubre pasado para eludir la acción de la Justicia española.

El Ejecutivo español, amparado en la Constitución, destituyó a Puigdemont y a todos sus consejeros el 27 de octubre de 2017, después de que el Parlamento regional de entonces aprobase una declaración a favor de la independencia unilateral de Cataluña.

El 12 de junio pasado, la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, estado alemán donde fue detenido Puigdemont, resolvió extraditarlo a España por haber cometido supuestamente un delito de malversación de fondos por organizar un referéndum ilegal de "autodeterminación" el 1 de octubre de 2017.

No obstante, el tribunal alemán explicó que no se produjo el grado de violencia "suficiente" para considerar el delito de rebelión.

"La cantidad de violencia que prevé el delito de alta traición (equivalente alemán al tipo español de rebelión) no se alcanzó en los enfrentamientos en España", argumentó en la resolución judicial sobre los incidentes de la jornada del referéndum.

Tampoco admitió el delito de perturbación del orden público, que planteó también la Justicia española en el caso de que no se admitiese finalmente el delito de rebelión, alegando que Puigdemont "no era el líder espiritual de las acciones violentas".

En su auto, el juez Llarena carga contra "la falta de compromiso del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein" con "unos hechos que pudieran haber quebrantado el orden constitucional español".

Para el magistrado, los jueces alemanes deberían haberse limitado a comprobar si los hechos descritos por la jurisdicción española están contemplados en su legislación y destaca la "falta de compromiso" del tribunal alemán.

Además de Puigdemont, el juez Llarena procesó a una docena de líderes independentistas por los delitos de malversación y rebelión, de los que nueve cumplen prisión preventiva en España y cuatro siguen huidos en el extranjero.

En España permanecen en prisión preventiva a la espera de juicio nueve líderes independentistas catalanes, entre ellos el que fuera vicepresidente del Ejecutivo de Puigdemont, Oriol Junqueras. Todos han sido trasladados desde cárceles en Madrid a otras de Cataluña para acercarlos a sus familias.

En Bélgica permanecen en libertad los exconsejeros del anterior Gobierno regional de Cataluña Antonio Comín, reclamado por la Justicia española por rebelión, y Luis Puig y Meritxell Serret, sobre quienes pesan los delitos de malversación y desobediencia.

También por rebelión está procesada en España la exconsejera Clara Ponsatí, quien se encuentra en Escocia, y la dirigente de ERC (republicanos independentistas de izquierdas) Marta Rovira, huida a Suiza.



Jamileth

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