Nacional - Seguridad y Justicia

La pesadilla de la violencia aún lejos del fin 

2018-07-23

Cada día, 76 personas son asesinadas, contra 66 en el primer semestre del año pasado,...


(ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 23 JUL - La pesadilla de la violencia que comenzó hace 11 años aún está muy lejos de llegar a su fin: la cifra de homicidios intencionales alcanzó un nuevo máximo histórico en el primer semestre del 2018.
    
En un país martirizado por una violencia irrefrenable que, después de registrar su nivel más alto en 2011, parecía que pronto comenzaría a bajar, la sangre sigue brotando por doquier y la muerte sigue reinando sin que aparezca a la vista "la luz al final del túnel". Según estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y junio se abrieron 13.738 investigaciones en las fiscalías de todo el país, la cifra más alta para un período idéntico por lo menos desde 1997, cuando se comenzó a llevar esta contabilidad.
    
Pero eso no es todo, pues el número de homicidios dolosos aumentó 15% en esta primera mitad del año, respecto al mismo período del 2017, de acuerdo con la fuente.
    
Cada día, 76 personas son asesinadas, contra 66 en el primer semestre del año pasado, una cifra que eriza la piel.
    
Los analistas consideran que estos guarismos estremecedores dejan patente, una vez más, el clamoroso fracaso de la política del gobierno llamada "guerra contra el crimen", lanzada en diciembre de 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón, a unos días de haber asumido su encargo.
    
La estrategia fue en respuesta a la petición de algunos gobernadores provinciales que ya enfrentaban un descontrol en sus estados a consecuencia de la inseguridad, entre ellos Lázaro Cárdenas Batel, de Michoacán.
    
Calderón mismo asegura en un libro publicado después de dejar su cargo que actuó "a petición de los gobiernos de los Estados" ante "el crecimiento exorbitante de la criminalidad".
    
Sin embargo, sus críticos le reprochan haber actuado sin una cuidadosa planificación previa, "con una motivación política, para "tender una cortina de humo" sobre acusaciones de fraude de su exadversario Andrés López Obrador.
    
El ahora presidente electo fue derrotado por Calderón por apenas medio punto, según cifras oficiales, y López Obrador lo acusó de ganar "mediante un escandaloso fraude".
    
Carlos Mendoza, experto en temas de criminalidad, afirma que la nueva marca de homicidios dolosos en la primera mitad de este año revela "simple y sencillamente una gran irresponsabilidad por parte de la administración saliente" del presidente Enrique Peña.
    
Mendoza estima que se tomaron decisiones a partir de la experiencia del gobierno anterior, encabezado por Calderón y "no de una racionalidad administrativa y criminológica".
    
"Bajo esa óptica, prevaleció el criterio político y electoral antes que el de beneficio para las personas", sostuvo el especialista.
    
El propio Peña Nieto admitió la semana anterior que a pesar de todos los esfuerzos de los cuerpos de seguridad los resultados de la lucha anticrimen están "lejos de ser satisfactorios".
    
Empero, confió en que el Estado "será capaz de restablecer el tejido social y contener a los grupos delictivos, que se han puesto por encima de la ley en algunas regiones".
    
Por primera vez en la historia del país, se rebasó la barrera de las 2,000 carpetas de investigación abiertas en las fiscalías cada mes de este semestre.
    
En cambio, el año pasado sólo dos meses se franqueó este límite (mayo y junio) mientras que en 2011, cuando se alcanzó la última gran oleada criminal, hubo meses muy contados en que hubo una cifra de este tipo.
    
El estado con la mayor cifra de homicidios (40 por cada 100,000 habitantes) fue Colima, al occidente del país, seguido de sureño de Baja California (noroeste, 35), Guerrero (sur, 35), Chihuahua (norte, 22) y Guanajuato (20, centro).
    
Mendoza atribuye estos resultados a "un debilitamiento tremendo de las instituciones policiales", de todos los niveles, pero en especial las municipales, las cuales "fueron olvidadas".
    
"Se dejó de hacer un seguimiento a su evolución para consolidar sus capacidades administrativas y operativas. Eso lo estamos pagando y lo vamos a pagar al inicio de la nueva administración", afirmó el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
 



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