Internacional - Política

Ortega reduce a 195 los muertos en crisis y asume acción de parapolicías

2018-07-30

"El policía voluntario en operaciones especiales va enmascarado en tiempo normal....


Managua, 30 jul (EFE).- El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, afirmó que los encapuchados con armas que actúan en el marco de las protestas contra su Gobierno "son policías voluntarios", y redujo la cifra de muertos durante la crisis que estalló en abril a 195, en una entrevista difundida hoy por Euronews.

"Aquí tenemos lo que se llama policía voluntaria", dijo Ortega en la entrevista, en la que repitió hasta en tres ocasiones que los enmascarados son "policías voluntarios", apenas una semana después de que había negado públicamente que esos grupos, denominados "parapolicías" o paramilitares, pertenecieran a su Gobierno.

"El policía voluntario en operaciones especiales va enmascarado en tiempo normal. Incluso hay países en América Latina en que los jueces van enmascarados para que no los maten", sostuvo el presidente.

Los encapuchados armados son señalados como los principales ejecutores de entre 295 y 448 muertos dejados hasta ahora, según diversos organismos internacionales y nacionales, por la crisis nicaragüense desde el 18 de abril, en protestas contra Ortega, lo cual negó el mandatario.

"Son cifras que no son ciertas. Reales de estos enfrentamientos que se realizaron desde el 18 de abril, ya fue el enfrentamiento violento entre la oposición y el Gobierno, la policía y la población sandinista da como resultado 195 fallecidos".

Esa cifra incluye la muerte de "policías, de sandinistas, estamos hablando de paramilitares y estamos hablando de población civil que fue afectada en los tranques (barricadas). Claro, si a esto le añadimos el promedio de fallecidos que tenía Nicaragua antes del 18 de abril, que es uno de los índices más bajos en la región, de dos fallecidos diarios. Claro, si esto le sumamos dos diarios tendríamos 180 más. Lo que hacen estos organismos de derechos humanos: juntan todos", acusó el presidente.

Ortega descartó convocar elecciones antes de 2021, fecha para la que están programadas, tal y como se lo han recomendado diversos sectores de la población de Nicaragua y parte de la comunidad internacional.

Tras afirmar que "primero hay que consolidar la paz", apeló a que la Constitución establece elecciones presidenciales cada 5 años, y aseguró que se mantendrá en el poder "para el bien del país".

Adelantar los comicios sería sentar "un precedente, sería un país metido en la anarquía", dijo Ortega, e incluso aseguró que "la región quedaría tomada por el narcotráfico".

En el mismo sentido reconoció haber "utilizado" un vacío en la Constitución para reelegirse, para lo cual se comparó con el expresidente de Costa Rica Oscar Arias, y el de Colombia Álvaro Uribe.

"Es una vía constitucional... y luego se reformó la constitución actual, la constitución actual deja las puertas abiertas, no impide la reelección", argumentó, al ser cuestionado sobre el modelo de Gobierno que, además, mezcla asuntos del Estado con los de la familia.

La mayor expresión en este sentido en el Gobierno de Ortega es haber ubicado a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, lo cual justificó e incluso se frenó al momento de decir su nombre, y la llamó "compañera".

"La única que ha ocupado un cargo importante es la compañera como militante sandinista", resaltó, tras recordar que la familia Somoza también incluyó a sus integrantes en sus Gobiernos.

A cerca de los hijos, afirmó que estos "están dedicados a la televisión", sin mencionar que son asesores de diferentes instituciones del Gobierno.

A la pregunta final, de si está al frente de una democracia, Ortega, reclamando que en Europa existe la reelección, respondió que la suya es "una democracia, porque a fin de cuentas es el pueblo con su voto el que decide".

Nicaragua atraviesa la crisis más sangrienta desde la década de los años 1980, también con Ortega como presidente.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias", lo que Ortega ha negado.

Las protestas contra Ortega y su esposa, Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario. 



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