Tras Bambalinas
De qué se va a enterar el próximo presidente
Jorge Carrasco Araizaga | Proceso
La insistencia de acabar con el espionaje político es una buena oferta de campaña. En el ejercicio del gobierno, la intervención de las comunicaciones y el seguimiento es una práctica cotidiana en el mundo. Es un hecho, no una voluntad. La diferencia está en los objetivos y lo que se hace con la información obtenida.
Es imposible pensar en un primer ministro, un presidente o un jefe de Estado sin la información producida de esa manera. Pero esa información es apenas uno de los recursos con que cuentan para la gobernabilidad y la defensa ante el exterior.
La experiencia del régimen priista, prolongada en la alternancia panista, ha reducido a los servicios de inteligencia a una mera actividad ilegal de espionaje. Durante casi un siglo, la clase política así ha moldeado a la sociedad mexicana.
Cada que el gobernante en turno lo ha considerado necesario, se ha filtrado información obtenida por esa vía para influir en la opinión pública a través del escándalo político. Pasó con el PRI y el PAN. El más reciente, lo vivimos con el excandidato del PAN, Ricardo Anaya, quien fue implicado en una presunta trama de lavado de dinero.
No sabemos si la información sobre los negocios de Anaya y su familia fue obtenida de manera legal a través de la intervención de comunicaciones; es decir, si hubo una autorización judicial como parte de una investigación por corrupción y lavado de dinero.
Pasadas las elecciones y logrado el efecto de minar la de por sí débil credibilidad del panista, la Procuraduría General de la República cesó su activismo. Al menos, por lo que se vio en la prensa, donde circularon profusamente videos sobre el candidato y sus socios.
Lo esperable es que la investigación continúe para saber si un político que pretendió ser presidente de la República estuvo involucrado en un delito grave, en el que está en duda el origen del dinero.
Aunque el gobierno saliente de Enrique Peña Nieto alcance a consignar el caso y logre de un juez el ejercicio de la acción penal, el caso le tocará al próximo gobierno.
Durante uno de los debates presidenciales, el futuro presidente, Andrés Manuel López Obrador, le anticipó a Anaya que no lo metería a la cárcel. ¿Y si en efecto, incurrió en corrupción y lavado de dinero, cómo quedará su cruzada anticorrupción?
Si todo queda en el escándalo, los servicios de inteligencia habrían sido usados una vez más al capricho del gobernante en turno, como ha sido tradición en México; no para defender la gobernabilidad, sino a los intereses de los burócratas del momento.
El espionaje también puede jugar en contra del propio gobernante, pues otros factores de poder, como son los gobernadores, la oposición política, empresarios poderosos y otros grupos fácticos también recurren a la práctica de filtrar información obtenida a través de la intervención ilegal.
Como jefe de Estado, el próximo presidente no puede prescindir de la información; mucho menos, pretender que los servicios de inteligencia se reduzcan a la persecución de la actividad delictiva.
Los policías sí requieren de un servicio de inteligencia, acotado a lo criminal, pero el jefe de Estado necesita de todo un aparato de inteligencia que le provea información para tomar decisiones de política interna y externa.
¿Cómo se va a enterar el presidente de lo que hacen sus colaboradores? ¿Prescindirá de lo que hagan desde la oposición del PRI y del PAN para bloquear su gobierno o dejará que sus hasta ahora aliados evangélicos del Partido Encuentro Social (PES) avancen en su agenda conservadora? ¿Dejará pasar a los empresarios dedicados también a la recolección de información y a la confección de la agenda pública?
¿Piensa descansar sólo en lo que le diga su secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sobre la información de México en el exterior; muy en particular de Estados Unidos y de su presidente hostil hacia nuestro país? ¿Cómo se enterará de los incesantes ciberataques contra el país? ¿Sólo lo que le digan los militares? ¿Se enterará si hay una pretensión extranjera de interferir en los procesos electorales de México?, algo que está más que probado en Estados Unidos.
Con el PRI y el PAN la inteligencia se redujo al espionaje político. Si el próximo gobierno mexicano la reduce a lo policial, el espejo de Trump y sus conflictos con la comunidad de inteligencia de su país, que lo pueden llevar a la destitución, será poco al lado de un Estado cada vez más amenazado en su gobernabilidad democrática.
Jamileth
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