Internacional - Seguridad y Justicia

Corte Penal Internacional dice que tiene jurisdicción sobre supuestos crímenes contra rohinyás

2018-09-06

Por Toby Sterling

ÁMSTERDAM (Reuters) - La Corte Penal Internacional (CPI) determinó el jueves que tiene jurisdicción para tratar casos de supuestas deportaciones de miembros de la etnia rohinyá desde Myanmar hacia Bangladesh como un posible crimen contra la Humanidad.

La decisión de la corte con sede en La Haya facilita el camino para que la fiscal Fatou Bensouda realice investigaciones ulteriores para ver si existen suficientes evidencias para presentar cargos, aunque aún no lo ha hecho.

Los representantes de Bensouda no estaban disponibles de inmediato para formular comentarios.

Aunque Myanmar no es miembro de la corte con sede en La Haya, Bangladés sí lo es y la naturaleza transfronteriza de la deportación es suficiente para otorgar jurisdicción, sostuvo la corte.

“La corte tiene jurisdicción por el crimen contra la Humanidad de deportación supuestamente cometido contra miembros del pueblo rohinyá”, afirmó un panel de tres jueces en un sumario por escrito sobre su decisión.

“El motivo es que un elemento de este crimen -el cruce de una frontera- tuvo lugar en territorio de una parte (de la CPI) que es un Estado (Bangladés)”, agregó.

El portavoz del Gobierno de Myanmar, Zaw Htay, no respondió a llamados para comentar sobre la decisión de la CPI y en vez de eso envió una respuesta a través de un mensaje de texto que decía “No puedo hablar ahora”.

Una misión independiente de la ONU concluyó en agosto que el Ejército de Myanmar realizó el año pasado asesinatos masivos y violaciones grupales a rohinyás musulmanes “con intención homicida” y que el comandante en jefe y cinco generales deberían ser juzgados por orquestar los crímenes más graves bajo la ley.

Alrededor de 700,000 rohinyás huyeron de la represión y la mayoría vive ahora en campamentos de refugiados en Bangladés.

Myanmar ha negado haber cometido atrocidades contra los rohinyás y dijo que su Ejército realizó acciones justificables contra militantes. Hasta el momento ha señalado que no pretende cooperar con la corte internacional. 



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