Derechos Humanos
Piden proteger a salvadoreña procesada por aborto
SAN SALVADOR (AP) — Organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) solicitaron el martes medidas de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para una salvadoreña encarcelada por intento de homicidio al tratar de abortar a una niña que fue producto de una violación.
La joven de 20 años sufrió violencia sistemática desde que tenía 12 y fue abusada por su padrastro, Pablo Henríquez, de 70 años, de quien quedó embarazada. La paternidad se comprobó con una prueba de ADN.
The Associated Press no publica los nombres de víctimas de abuso sexual a menos que éstas hagan su caso de conocimiento público.
El pasado 3 de septiembre, un juzgado del municipio de Jiquilisco, 106 kilómetros al sudeste de San Salvador, envió a juicio a la joven y de ser encontrada culpable podría ser condenada a 20 años de prisión.
Dos organizaciones de El Salvador --la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico-- y la CEJIL sostienen en su petición que la salvadoreña está siendo juzgada injustamente, ya que afirman que enfrentó un parto extrahospitalario.
“Esta joven que ha sobrevivido a años de violencia sexual, que ha sido víctima de la pobreza y la exclusión social, hoy es considerada victimaria por enfrentar una emergencia obstétrica. Esto prueba el sesgo discriminatorio que persiste en El Salvador y que afecta particularmente a mujeres en situación de vulnerabilidad”, señaló Marcia Aguiluz, directora de CEJIL para Centroamérica y México.
Los defensores de la joven argumentan que ésta se negaba a creer que estaba embarazada y que durante los nueve meses tuvo sangrados, lo que le hizo pensar que menstruaba.
El próximo 12 de noviembre se juzgará a la salvadoreña, pero según CEJIL hasta la fecha no se le brindado apoyo psicológico y se le mantiene en prisión preventiva sin haber considerado su condición de víctima.
“El Salvador ha tenido una política sistemática de persecución a las mujeres. Son numerosos los casos similares en los que las autoridades no brindan la atención médica adecuada y más bien las tratan como criminales. Hoy vemos una vez más cómo funciona un sistema de justicia parcializado, patriarcal e injusto”, sostuvo Morena Herrera, de la Agrupación Ciudadana.
De acuerdo con cifras del colectivo feminista, más de 25,000 mujeres se embarazan cada año en El Salvador después de sufrir violaciones. Sin embargo, junto a Nicaragua, Honduras y República Dominicana, éste es uno de los cuatro países de América Latina que aún prohíbe el aborto sin excepciones.
La legislación salvadoreña penaliza todas las formas de aborto, incluso el terapéutico, y de realizarlo tanto las mujeres como los médicos serían juzgados en los tribunales de justicia. De ser culpables podrían ser enviados a la cárcel de dos a ocho años.
En casos como el de esta joven, si el delito se cambia a homicidio agravado --aquel provocado en razón del parentesco de la víctima y el victimario-- estas mujeres pueden ser condenadas a entre 30 y 50 años de cárcel.
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico y Eugenésico ha señalado que en El Salvador las procesadas por abortos son amas de casa, empleadas domésticas, estudiantes, obreras o vendedoras ambulantes.
El Congreso salvadoreño estudia una reforma al Código Penal para que se apruebe la despenalización del aborto, pero la discusión se ha estancado ante la oposición de los partidos políticos.
Jamileth
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