Cuentas Claras

La paradójica sentencia del general del 'nunca más'

2018-11-14

El éxito de una dictadura, como la chilena, se basa en su capacidad de hacer...

Por RAFAEL GUMUCIO, The New York Times

SANTIAGO — En Chile, Juan Emilio Cheyre es conocido como el general del “nunca más”, el militar que admitió a nombre del ejército chileno la responsabilidad que las Fuerzas Armadas tuvieron en la violación sistemática de los derechos humanos de 1973 a 1990, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. El viernes 9 de noviembre, ese mismo militar fue condenado por encubrir crímenes de lesa humanidad.

Con esta sentencia, Chile está ante una posibilidad única: asumir la paradoja histórica encarnada en el general que pidió perdón a las víctimas de la dictadura, que prometió que nunca más se cometerían estos crímenes, y que la semana pasada fue sentenciado a tres años y un día de libertad vigilada por encubrirlos.

El éxito de una dictadura, como la chilena, se basa en su capacidad de hacer cómplices pasivos y activos a todos los que no son sus víctimas. Su triunfo final es lograr confundir esos planos: el que mata y el que ayuda al que mata, el que calla y el que olvida lo que sabe o el que no sabe porque no quiere. A través de distintos procesos institucionales, las sociedades pueden intentar limpiar su conciencia. Pero los países también tienen un subconsciente: ahí es en donde los “nunca más” y los intentos por cerrar las heridas de manera definitiva fracasan una y otra vez. Esto le pasó a Cheyre. Esto le pasa a Chile.

Como la mayor parte de los escritores sabemos, cerrar capítulos no es puro asunto de voluntad del autor. Mientras Cheyre fue comandante jefe del ejército —de marzo de 2002 a marzo de 2006—, las Fuerzas Armadas entregaron, aunque a cuentagotas, información sobre las torturas y desapariciones que protagonizaron, pero sobre todo dejaron de proteger a los militares retirados que estuvieron involucrados en crímenes de lesa humanidad. El caso más emblemático es el del exbrigadier Miguel Krassnoff, quien fue condenado a más seiscientos años de prisión a pesar de su influencia en el mundo militar.

¿Cheyre habría podido imaginar que él mismo sería uno de esos militares que se enfrenta con una verdad que olvidó o quiso olvidar? Porque quizás en ese olvido, o intento de olvido, reside el secreto de por qué los procesos de reparación, memoria y justicia con que América Latina ha intentado ajustar cuentas con su pasado de violencia y dictaduras chocan casi siempre con un obstáculo inesperado que obligan a reabrir lo que parecía cerrado.

Los países latinoamericanos han ajustado cuentas con sus dictaduras de distintas maneras. Los uruguayos prefirieron la verdad sobre la justicia: en 1985, se decretó una amnistía a los oficiales que habían cometido crímenes durante el régimen militar. Esa ley de indulto fue respaldada por la ciudadanía: en dos referendos la población votó por no derogar esa legislación. Gracias a la valiente obstinación de algunos familiares de víctimas, se creó una Comisión para la Paz y se juzgó a varios militares. Los argentinos, por su parte, condenaron a sus militares para luego concederles indultos y luego volver a sentenciarlos. Al final, los exdictadores Rafael Videla y Leopoldo Galtieri murieron en la cárcel.

El caso chileno, sin embargo, es más ambiguo, discreto y progresivo. A comienzos de la transición democrática, el presidente Patricio Aylwin optó por aplicar un concepto de justicia “en la medida de lo posible”. Pero, en los últimos años, el trabajo paciente y riguroso de los familiares de las víctimas y de sus abogados ha transformado ese modo vacilante y parcial de hacer justicia.

Pinochet no murió en la cárcel, pero sí lo hizo el despiadado director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Manuel Contreras, encarcelado junto a sus colaboradores más cercanos. Bajo su dirección en la DINA se cometieron secuestros, detenciones arbitrarias, encarcelamientos, torturas, desapariciones forzadas y quinientos asesinatos. Dos comisiones gubernamentales, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en la década de los noventa —que publicó el informe Rettig— y la Comisión Valech a comienzos de los años 2000 han establecido con indudable y consensual claridad lo que ocurrió en Chile bajo la dictadura: más de tres mil asesinatos y un legado de encubrimiento e impunidad.

En estos días, los chilenos presenciamos un nuevo capítulo para esclarecer nuestro pasado militar: el ministro Mario Carroza condenó a Cheyre por estar involucrado en la llamada “caravana de la muerte”, una siniestra comitiva de militares que a comienzos de la dictadura recorrió Chile fusilando a opositores políticos. El juez no pudo probar que el ex comandante jefe del ejército chileno participara en los fusilamientos —era entonces un joven teniente—, pero él fue el encargado de difundir la versión de que los opositores ejecutados habían muerto en un enfrentamiento que nunca existió. Eso lo convertiría, para el ministro Carroza, en encubridor del homicidio calificado de quince personas.

Juan Emilio Cheyre, quien también fue consejero presidente del Servicio Electoral de Chile, alega su inocencia y su defensa ya anunció que apelará la decisión. Tengo la sospecha de que Cheyre es sincero, que cree que hizo siempre lo correcto. Eso no quita que “lo correcto” para un joven oficial en 1973 sea profundamente erróneo para el general de la transición. Es difícil ser el militar que desobedece las órdenes durante una dictadura, como es difícil ser, cargando con ese secreto, el personaje que, en democracia, les pide a sus subordinados que cuenten la verdad.

No podemos dejar de condenar e indagar en nuestro pasado oscuro. Tampoco debemos dejar de intentar comprender y asumir las paradojas de un pasado que vuelve a abrirse. En Chile, el “nunca más” puede ser también un “continuará”. Por eso, para un país que ha decidido pasar de la justicia a medias a la justicia plena, es un avance la paradójica sentencia del general del “nunca más”. El aparato de justicia chileno no debe detenerse hasta darle a cada quien su lugar en la historia.
 



regina