Internacional - Finanzas
Los empresarios británicos, "horrorizados" por el caos del Brexit
CARLOS FRESNEDA
Los empresarios británicos han cerrado filas y han confesado sentirse "horrorizados" por el caos propiciado por los políticos a falta de 100 días para la fecha fijada para el Brexit, el 29 de marzo del 2019. En una nota conjunta, las cinco mayores organizaciones empresariales del Reino Unido fustigan a los partidos políticos por sus luchas internas y por la incertidumbre creada por el aplazamiento del voto del acuerdo del Brexit hasta el próximo año.
"Las empresas hemos contemplado con horror cómo los políticos están centrados en las luchas entre distintas facciones, en vez de dar los pasos prácticos necesarios para seguir avanzando", puede leerse en el comunicado suscrito por la patronal de la industria (CBI), por las Cámaras de Comercio Británicas, por el Instituto de Directores (IoD), por la Federación de las Pequeñas Empresas y por la organización de fabricantes EEF.
"La falta de progreso en Westminster significa que el riesgo de un 'no acuerdo' está aumentando", advierten los empresarios, alarmados ante la posibilidad de que el Gobierno apoye en última instancia la opción considerada por la propia Secretaría del Tesoro como la más perjudicial desde el punto de vista económico, con una severa reducción del PIB en torno al 8% en los próximos 15 años.
Los empresarios han acusado también al Gobierno de castigar con un "golpe bajo" a la economía, y especialmente a las pymes, con la mayor reforma del sistema de inmigración en 40 años. El secretario de Interior Sajid Javid anunció el fin de la libertad de movimientos tras el Brexit y la equiparación de los ciudadanos de la UE con los procedentes de otros países, hasta reducir el flujo de inmigrantes del continente en un 80%.
"Las empresas de todos los tamaños están llegando a un punto de no retorno, y muchas de ellas están poniendo en marcha planes de contingencia con una notable coste de tiempo y dinero", agrega la nota conjunta. "Las compañías están desviando inversiones que deberían servir para impulsar la productividad, la innovación y la creación de empleo, y que sin embargo están siendo empleadas para almacenar mercancías y materiales y para planear el traslado de oficinas, fábricas, puestos de trabajo y pago de impuestos fuera del Reino Unido".
La Confederación de la Industria Británica (CBI) dio oficialmente su respaldo al acuerdo del Brexit firmado por Theresa May, aun reconociendo que "no es la solución perfecta". "Vamos a ser claros y honestos", advirtió la directora general del CBI, Carolyn Fairbairn, días antes de la filtración a la cadena de televisión ITV de varios emails internos que revelan el descontento entre la patronal con el acuerdo suscrito con Bruselas.
Aun así, los empresarios consideran el plan de May como una opción claramente preferida frente a la posibilidad del "no acuerdo", defendida por varios ministros dentro del gabinete y por los diputados del ala dura del Partido Conservador, capitaneados por Jacob Rees-Mogg, el mismo que impulsó la moción de confianza fallida para relevar a Theresa May como líder del partido y como primera ministra.
"Recomendamos a los parlamentarios de todos los partidos que aprovechen la pausa de Navidades para consultar con las empresas locales en sus distritos electorales", concluye la nota de las organizaciones empresariales, que también han puesto el grito en el cielo por el cerrojazo a la inmigración europea post-Brexit.
En un nuevo guiño al ala dura de los 'tories', el Gobierno conservador pretende reducir hasta un 80% el flujo de inmigrantes de la Unión Europea, hasta bajar el listón de la inmigración neta anual entre los 10,000 y los 25,000. "Los europeos dejarán de saltarse la cola", advirtió en su día Theresa May, criticada por seguir creando un clima de permanente hostilidad hacia los inmigrantes.
"El Gobierno no está atendiendo a las necesidades de las empresas", ha denunciado Kate Nicholls, directora ejecutiva de UKHospitality, la organización del sector de la hostelería y la restauración. "Estamos ante una decisión ideológica que no va a beneficiar a las compañías británicas y que de hecho va a perjudicar a nuestra economía".
Mark Hilton, responsable de inmigración y empleo, advirtió de antemano que el mínimo salarial que estudia el Gobierno para los puestos de trabajado cualificados (el equivalente a 35,000 euros al años) supondría la expulsión automática de Londres de "al menos a la mitad de la mano de obra extranjera".
Karla
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