Nacional - Seguridad y Justicia
Comisión de la Verdad por estudiantes desaparecidos
(ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 16 ENE - La Comisión de la Verdad sobre la desaparición de 43 estudiantes de una escuela para maestros rurales en el estado sureño de Guerrero, fue instalada en México en medio de renovadas esperanzas de llegar al fondo de este caso de septiembre de 2014 y que conmocionó al país.
Se trata de un insistente reclamo de los padres de los jóvenes que se sospecha habrían sido asesinados por una banda llamada del crimen organizado identificada como Guerreros Unidos, a la cual el flamante presidente Andrés López Obrador decidió acceder, a diferencia de su antecesor Enrique Peña Nieto.
Los padres de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, ubicada en el poblado de Tixtla, Guerrero, se manifestaron ilusionados de que al fin se conocerá lo que verdaderamente ocurrió durante este trágico episodio.
"Ya dimos un paso más, pero la confianza se va a ir construyendo conforme vayan avanzando las investigaciones", afirmó Cristina Bautista, la madre de Benjamín Asencio, uno de los desaparecidos.
Según la hipótesis gubernamental, los jóvenes se habían apoderado de varios buses del transporte público en la ciudad de Iguala para viajar a la Ciudad de México a conmemorar el 2 de octubre de 2014 un aniversario más de la matanza de decenas de estudiantes en el barrio de Tlatelolco en 1968.
Sin embargo, fueron confundidos por Guerreros Unidos con miembros de la organización criminal bautizada como "Los Rojos", por lo que policías municipales que trabajaban para ellos los arrestaron y se los entregaron.
Los jóvenes habrían sido trasladados a la vecina localidad de Cocula, donde los criminales les dieron muerte por órdenes de sus jefes y luego incineraron sus cuerpos en un basural.
La versión, conocida como la "verdad histórica", choca con la de especialistas y expertos forenses argentinos, quienes consideran que no hay suficientes evidencias de que realmente fueron asesinados y sus cadáveres quemados.
Bautista pidió a las autoridades involucradas en la investigación que "no haya obstáculos para la búsqueda de nuestros hijos, que ya no nos digan que no hay recursos. Lo que queremos es saber qué paso con ellos", afirmó.
Emiliano Navarrete, padre de Angel, otra de las víctimas, a quien vio por última vez el 3 de septiembre de 2014, acusó al ex presidente Peña Nieto de no haber hecho nada para resolver el caso e incluso de haber obstruido la indagación.
"No saben cuántas veces hemos llegado a casa sin querer mirar a nuestra familia a los ojos porque no tenemos el valor de decir que no hay ningún avance y que el gobierno, en vez de ayudarnos, obstaculiza la investigación", afirmó en un mensaje elocuente.
La Comisión de la Verdad está integrada, entre otros, por el canciller Marcelo Ebrard, viceministro de Gobernación Alejandro Encinas, cinco padres de los estudiantes, los activistas Santiago Aguirre (Centro de Derechos Humanos Prodh), Vidulfo Rosales (organización Tlachinollan), Humberto Guerrero (Fundar) y Miguel Alvarez (Serapaz).
La ministra de Gobernación (interior), la ex juez de la Suprema Corte Olga Sánchez, señaló que el compromiso del gobierno federal es "resolver el caso Ayotzinapa en el menor tiempo posible".
"La investigación no parte de cero, pero se corregirán los datos falsos e incorrectos", señaló la funcionaria, quien pidió "respetuosamente" a los integrantes de la Comisión, a desplegar "su más decidido esfuerzo y compromiso para coadyuvar a conocer la verdad en el más breve plazo que sea humana, legal y científicamente posible".
Sánchez afirmó que este ente "no es una oficina más para retardar la investigación" sino una institución que permitirá "conocer la verdad" por cuanto "ese es nuestro compromiso y la orden del presidente de México y la vamos a cumplir".
Encinas dio a conocer que Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Crminal (AIC) de la Procuraduría General, será investigado por "presuntas anomalías en la indagatoria del caso".
En la nueva instancia también trabajarán expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para apoyar la investigación, con la cual mantuvo roces el anterior gobierno de Peña Nieto.
regina
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