Editorial

Una tragedia anunciada

2019-01-19

No ocurría nada parecido desde hacía algo más de 8 años. En diciembre...

Pablo Ferri  |  El País

Las explosiones en ductos de Pemex son relativamente comunes en México, la mayoría por tomas clandestinas defectuosas. En noviembre, cuatro personas murieron en el Estado de Tabasco por una explosión. Y en diciembre, las autoridades de Guanajuato sacaron de sus casas a 2,000 personas por un derrame. 40 vecinos acabaron entonces en el hospital, intoxicados por los vapores de la gasolina. Hace apenas unos días trascendió un video de una fuga de un ducto a la altura de Acambay, en el Estado de México. En las imágenes se ve a decenas de vecinos alistando sus bidones, preparados para guardar todo el combustible posible antes de que llegue la policía.

No ocurría nada parecido desde hacía algo más de 8 años. En diciembre de 2010, una explosión por una toma clandestina en Puebla provocó la muerte de 29 personas. Fue en San Martín Texmelucan, uno de las puntos rojos del huachicol en el país. Según datos de la Secretaría de la Defensa, solo en 2018 ubicaron 228 conexiones ilegales al ducto en este municipio, una de las cifras más altas del país.

El Gobierno de López Obrador está en plena ofensiva contra el robo de combustible. Hace semana y media, el presidente anunció el cierre parcial de varios ductos, tratando de evitar así el robo. La decisión del Ejecutivo ha generado polémica por el desabasto que ha provocado en algunas ciudades, entre ellas la capital, Querétaro o Guadalajara. Con tal de evitar el robo, la gasolina, en vez de ductos, viaja en camiones cisterna. López Obrador ha anunciado la compra de 500 camiones para transportar combustible. Este anuncio podría indicar que los cierres parciales de los ductos van para largo.

El huachicol es un problema antiguo. El robo de combustible creció exponencialmente durante el sexenio de Felipe Calderón y se disparó en el de Enrique Peña Nieto. Ocurrió en estados de la costa del Golfo, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas y también en el centro del país, en estados como Guanajuato, Hidalgo y Puebla, entre la costa y los principales centros de consumo, caso de Querétaro y sobre todo Ciudad de México.

Solo en Hidalgo, las autoridades ubicaron 1.064 tomas clandestinas en 2017. Al año siguiente fueron 1.726, solo por detrás de Puebla. En total en el último año fueron 12.581 en todo el país, un máximo histórico. Hace apenas unos días, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, cifraba en 60,000 millones de pesos, 3,000 millones de dólares, las pérdidas anuales por culpa del huachicol.

López Obrador no ha dudado en señalar a Pemex como origen y causa del robo de combustible. Y a sus antecesores en la presidencia como muñecos de trapo, avalistas de un robo constante y multimillonario. La semana pasada, el mandatario apuntó a los últimos presidentes, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox, por hacer caso omiso del problema. "Era una especie de tolerancia, estaba pactado o se daba por hecho", dijo.

Se sabía y no se hacía nada para evitarlo. Y no era solo que Pemex supiera dónde se hacía una toma clandestina y cuándo. Es que la misma empresa amparaba el robo en sus instalaciones. Hace semana y media, el presidente informó del hallazgo de una toma clandestina dentro de una refinería de Pemex, una manguera de tres kilómetros de largo que salía de la refinería de Salamanca, en Guanajuato, y llegaba a un depósito escondido.

A nadie extraña que Pemex estuviera involucrado a todos los niveles en el robo de combustible. El Gobierno ha informado de que el jefe de seguridad de la paraestatal, un general del Ejército, está bajo investigación por colaborar con el robo.

En el último año y medio, EL PAÍS ha publicado entrevistas con empresarios de gasolinera, policías municipales y huachicoleros que confirmaban la implicación de trabajadores de Pemex en el saqueo. El dueño de una gasolinera decía hace unos días por ejemplo que los mismos choferes de la compañía le ofrecían gasolina robada. Se la vendían más barata que las terminales de Pemex, pero no le daban factura. El jefe de policía de uno de los pueblos del triángulo del huachicol de Puebla explicaba que los ladrones aprendieron a hacer tomas clandestinas de trabajadores de Pemex.



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